Editorial
Haití es una herida lacerante en el corazón de América.
Nadie puede negar que el drama del pueblo haitiano causa mucho estupor, no sólo en su vecino, sino en todo los lugares donde todavía queda un poco de sensibilidad humana.
El problema haitiano tiene razones internas, externas e históricas, por lo que es una responsabilidad compartida entre los propios ciudadanos de la nación más pobre del hemisferio y algunas potencias que han sabido sacarle provecho a sus riquezas naturales.
El drama que vive el pueblo haitiano no luce de tan fácil solución, dado que esta nación tiene un Estado sólo de derecho, no de hecho, porque está consignado en su constitución y en sus leyes adjetivas, pero no tiene capacidad operativa.
Es un desorden mayúsculo el que prevalece en el pueblo haitiano, donde las bandas armadas tienen más poder que las autoridades, cuyas legalidad y legítimidad no están muy claras.
Pero el problema tiene un alcance que parece que es la principal razón del caos prevaleciente y por consiguiente de la profundización de la pobreza y el sufrimiento del vecino país.
La continuación de las teorías sobre el pueblo haitiano ya cansan, saturan, porque cuando hay muchas soluciones de palabras y de discursos, pero nada en función de los hechos, lleva a cualquier posición al respecto a perder su total credibilidad.
Además, como puede un Estado como el dominicano, lleno de deficiencias y de carencias institucionales, trazar pautas en un país amigo cuando no ha sido capaz de resolver sus propios problemas.
Este periódico siempre ha sostenido que la República Dominicana tiene en el orden institucional sólo algunas diferencias con el pueblo haitiano y es que allí el Estado sólo existe de derecho, es decir, está plasmado en su Carta Magna y las leyes que la complementan, pero no de hecho y en el país existe de ambas maneras, sólo que su contaminación le quita la fuerza necesaria para organizar la sociedad.
De manera, que las diferencias no son tan grandes, porque mientras en Haití no hay Estado, el dominicano está profundamente contaminado y esas causas impiden que pueda disciplinar, fiscalizar y mejorar los niveles de regulación y de institucionalidad que se necesitan para sacar a buen camino al país.
Entonces, ni una ni la otra nación que ocupan la isla ha pedido superar los niveles de atrasos que las condenan al subdesarrollo y a unos niveles de vida desgraciados y dolorosos.
Por el momento, el Gobierno está obligado a diseñar políticas públicas en el orden de la migración, que aunque se apoyen en razones humanitarias, debe evitar que la llegada de haitianos al territorio nacional cree una crisis humanitaria, que de alguna manera, impacte peligrosamente a la República Dominicana.
Primero hay que pensar en el país y entonces y sólo después implementar políticas de solidaridad sin que las mismas se conviertan en una camisa de fuerza para la nación y que deje consecuencias que después se vuelvan irresolubles.
Basta ya de discursos sin resultados saludables para un problema que cada día toma dimensiones preocupantes para los haitianos y también para los dominicanos y aunque debe existir un plan en las dos direcciones, es decir, en trabajar lo suficiente para presionar a la comunidad internacional para que cambie la realidad haitiana de igual modo también se debe procurar garantizar un Estado funcional, regulador, fiscalizador y con mejores niveles institucionales para erradicar flagelos como la corrupción administrativa, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otras vertientes de las razones que causan la desgracia nacional.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana