Editorial
Haití y República Dominicana, dos hermanos gemelos, que aunque por su cuerpo social no corre la misma sangre, pero parecen tener un mismo deficiente cerebro.
Haití y República Dominicana, dos países de una misma isla, con Estados que uno y otro no están tan lejos en lo que respecta a su funcionabilidad y sus niveles de institucionalidad.
De entrada habría que establecer la diferencia entre el Estado haitiano y el dominicano, el primero de los cuales en realidad sólo existe en el papel, pero el segundo por sus resultados podría decirse que tiene algunas características comunes.
La principal diferencia entre el Estado haitiano y el dominicano tiene mucho que ver con la percepción vendida y naturalmente hay detalles del segundo que superan al primero, máxime en lo que respecta a algunas formalidades.
Pero en términos de la eficiencia de estos dos Estados se podría decir que ambos se diferencian sólo en lo relativo a algunas formalidades, como por ejemplo tener una Policía Nacional, la dominicana un poco más organizada que la del hermano país, un Congreso Nacional que sesiona y aprueba nuevas leyes y un Poder Ejecutivo con mayor legitimidad que el haitiano, el cual ni siquiera existe.
Probablemente se habla de unas diferencias de forma, no de fondo, por lo que ambas naciones están seriamente amenazadas por una serie de falencias.
En Haití la falta de institucionalidad se expresa con la falta de legitimidad de sus autoridades y con el surgimiento de cientos de bandas armadas que controlan su territorio y que no hay autoridad que las pueda poner en cintura.
En la República Dominicana, por su parte, también hay un serio problema de delincuencia y violencia que aunque con perfiles diferentes, pero que constituyen una expresión de la poca eficiencia de su sistema institucional, el cual se expresa a través del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Los tres en el marco de su competencia no representan un avance institucional que garantice que la sociedad dominicana pueda encaminarse hacia una mejor distribución de las riquezas nacionales y con menos fraudes en las actividades públicas y privadas.
De manera, que tanto los dominicanos como los haitianos deben aumentar sus esfuerzos para que ambas naciones puedan ubicarse en un estadio de progreso y bienestar relativos y que no haya una amenaza a las pobres democracias, si es que así se les pueden llamar, que prevalecen en las dos naciones.
En conclusión, con sus diferencias, son dos países con problemas muy comunes y ambos tienen tendencia a empeorar en vez de mejorar, aunque naturalmente la mayor atención debe ser sobre Haití, porque ya éste prácticamente colapsó y no es mucho lo que se pueda hacer, pero no es descartable que su hermano gemelo pase por la misma crisis en el curso de los años, sobre todo en la medida en que los grupos mafiosos se consolidan en la vida social, económica y política de la nación.
Lo que procede es que así como la República Dominicana muestra preocupación por el problema haitiano, que también ponga su barba en remojo para que no se vea en el curso del tiempo en medio del mismo escenario del país más pobres de todo el hemisferio.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana