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Plazo de ocho dias otorgan haitianos a Aduanas para protesta en Dajabon.
DAJABÓN.—Comerciantes haitianos bloquearon el puente fronterizo de Dajabón en rechazo al cobro de ciertos impuestos implementados por la Dirección General de Aduanas.
El cierre afectó temporalmente el comercio en la zona, pero las autoridades locales lograron restablecer la actividad luego de una reunión con los manifestantes en el paso fronterizo. Los haitianos dieron un plazo de ocho días para que se detenga el cobro de los impuestos cuestionados.
Acuerdos y reuniones con autoridades
El alcalde de Dajabón, Santiago Riveron, informó que sostuvo una conversación con el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, y que acordaron una reunión el miércoles próximo para abordar la problemática.
Presencia de seguridad en el puente
Durante la manifestación, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) se mantuvieron apostados en el puente, reforzando la seguridad y vigilando cualquier eventualidad que pudiera comprometer la soberanía nacional.
Antecedentes
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Protestas recurrentes en la frontera: Comerciantes haitianos en la zona de Dajabón han cerrado el puente fronterizo en varias ocasiones para expresar rechazo a medidas que consideran perjudiciales para sus actividades comerciales, especialmente relacionadas con cobros impositivos y regulaciones aduanales.
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Importancia del comercio fronterizo: El puente de Dajabón es un punto clave para el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití. Cualquier cierre afecta significativamente el comercio local, la economía de ambas comunidades y la logística de transporte de mercancías.
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Intervención de autoridades: En situaciones anteriores, las autoridades locales y nacionales, como alcaldes, la Dirección General de Aduanas y el Cesfront, han mediado para restablecer el tránsito y garantizar la seguridad, evitando conflictos mayores y protegiendo la soberanía nacional.
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Plazos y acuerdos temporales: Es común que los manifestantes otorguen plazos para que las autoridades reconsideren o suspendan medidas impopulares. Estas acciones suelen culminar en reuniones de diálogo que buscan soluciones temporales o definitivas.
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Marco legal: Las manifestaciones pacíficas en la frontera están protegidas por la legislación dominicana siempre que no afecten la seguridad nacional o las operaciones legales de comercio y aduanas, lo que obliga a las autoridades a equilibrar derechos de protesta y orden público.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.