Nacionales
Toma ribetes de preocupación conflicto con haitianos en la frontera.
Grupos de haitianos iniciaron la instalación de alcantarillas en el espacio dragado que servirá de cauce para el desvío de aguas del rio Masacre, mientras el gobierno dominicano se mantiene a la expectativa de una situación que se sale de su control.
El pasado sábado fue vista una grúa en la margen occidental del afluente mientras bajaba las secciones que serán acopladas para formar el conducto de agua.
También, se ha destacado el hecho de que un grupo numeroso de haitianos permanece día y noche en los alrededores del canal, armados de palos, machetes y piedras, para evitar que los trabajos sean interrumpidos por compatriotas que han sido afectados por el cierre de la frontera.
ESTÁN MONITOREANDO
Tripotay Lakay, un medio de Juana Méndez, en Haití, informó que residentes de la zona de Maribawo, donde se construye el canal, iniciaron operativos de monitoreo nocturno para evitar que sus compatriotas destruyan los trabajos que, hasta el momento, se han realizado para construir el canal.
Mientras, agentes de la Brigada de Vigilancia de Áreas protegidas de Haití han estado reuniéndose en la frontera con soldados del Ejército dominicano, sin que hasta el momento salgan a relucir los temas tratados.
El cónsul dominicano en Juana Méndez, Margarito de León, quién ha estado muy activo en la zona, ha llamado al gobierno haitiano a tomar medidas y detener la obra, para poner fin al conflicto que esto ha generado.
Por su parte, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, pidió a los dominicanos que apoyen la decisión del presidente Luis Abinader de cerrar la frontera en la parte de la provincia, ante la actitud de rebeldía que mantienen los haitianos de continuar con la edificación ilegal del canal.
NOTA ENVIADA A HAITI
Por su parte, el cónsul Margarito de León envío una carta a las autoridades haitianas, en la que les comunica lo siguiente:
“El motivo de la presente es para reiterarles nuestra intención e invitarlos a que continuemos los esfuerzos procurando una solución armoniosa, al amparo de las leyes y tratados vigentes. Al impasse creado entre las dos naciones por la acción unilateral iniciada por un grupo de ciudadanos haitianos en la ribera del río Masacre.
El viernes pasado contemplamos la desolación en el puente que da acceso al mercado fronterizo binacional, lo que ocasionó cuantiosas pérdidas para los empresarios y comerciantes de los dos pueblos.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.