Latinoamericanas
Haitianos se quedan con la mitad de los empleos en Jimaní
DIRIGENTE COMUNITARIA ASEGURA QUE LA MANO DE OBRA HAITIANA HA DESPLAZADO A LA DOMINICANA EN JIMANÍ DEBIDO A QUE COBRAN SALARIOS MÁS BAJOS
Jimaní.- La débil vigilancia de este lado de la frontera y la densidad poblacional del lado haitiano son identificados como los dos grandes problemas que tiene que enfrentar el gobierno para frenar la presencia extranjera en territorio dominicano.
El economista y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Wagner Gomera Aquino, quien ha estudiado el fenómeno desde el punto de vista del comercio transfronterizo, identificó la densidad poblacional como un gran problema, porque mientras de este lado del lindero fronterizo el número de habitantes por kilómetro cuadrado es de 40, del otro lado, en Haití, es de 250.
Asegura que eso es lo que provoca una gran movilidad hacia este lado, imposible de controlar, porque las carencias del otro extremo se perciben en todos los servicios y en la producción de alimentos para su sustento.
“Sin escuelas, sin hospitales, sin comida, se ven forzados a venir a este lado a buscar todo eso”, afirma el educador.
El académico Gomera Aquino indica que es preocupante la porosidad que existe en la frontera y el propio gobierno haitiano ha identificado 62 puntos o pasos fronterizos, de los cuales solo son visibles tres o cuatro, mientras que en estudios realizados, en los que él ha participado como investigador, han sido cuantificados 31.
Una voz comunitaria
La presidenta del Consejo Provincial de Juntas de Vecinos de Jimaní, Anin Venecia Vólquez Trinidad, asegura que la masiva presencia de extranjeros del vecino país en Jimaní se ha convertido en una amenaza, al punto de que 90% de los trabajadores agrícolas y domésticas son de origen haitiano, desplazando la mano de obra dominicana, debido a los bajos salarios que les pagan.
Considera que todo eso pasa porque, además de la débil vigilancia, existe una abierta complicidad entre las autoridades haitianas, las dominicanas y los que se dedican a trasladar a los haitianos por diferentes vías a suelo dominicano.
Otro incentivo a la inmigración haitiana, según la dirigente comunitaria, es que esa parte de Haití está “absolutamente desconectada” de Puerto Príncipe y de las principales ciudades de ese país, lo que resulta un tanto inmanejable y menos controlable.
Lo que para ella es contradictorio es que, mientras existen los llamados “puestos de control o chequeo” para contrarrestar la entrada ilegal de haitianos y de otras nacionalidades, “por la misma puerta principal se observa el trasiego de extranjeros sin que se les requiera ningún documento”.
Indica que es por eso que la masiva presencia haitiana en este municipio fronterizo, común cabecera de la provincia Independencia, preocupa a sus habitantes, quienes ven a las autoridades hacer poco para evitar la entrada de tantos extranjeros sin documentación.
“Es preocupante que no exista un verdadero control migratorio, que frene de una vez y por todas la presencia haitiana no regulada en este municipio, donde el movimiento de haitianos y dominicanos es casi similar”, aseguró.
Un drama
Como en otras comunidades fronterizas, también en Jimaní, familias completas de haitianos han establecido sus residencias y adquieren propiedades, pero a nadie llama la atención esta situación que para la líder de las juntas de vecinos es “muy grave”.
La dirigente comunitaria asegura que para protegerse los haitianos se hacen miembros y hasta “pastores” de iglesias, las cuales –dice- los acogen y dan protección, evitando que, en caso de que se quiera tomar alguna acción de repatriación, no se materialice porque se amparan en la religión y nada se puede contra ellos.
Cura no ve peligro
Mientras para muchos, la presencia masiva de haitianos es un peligro para los dominicanos, para el sacerdote de nacionalidad haitiana Daniel Samuel, perteneciente a la iglesia episcopal San Juan Apóstol, esto no constituye ninguna amenaza.
Samuel admite, sin embargo, que “es bastante alta” la presencia activa de sus compatriotas en esta demarcación, pero la minimiza y considera que esta no constituye una amenaza para los dominicanos.
El religioso indica que “se habla de invasión haitiana a ciudades de República Dominicana, pero eso es solo una estrategia de los enemigos internos en los dos países para mantener el conflicto entre los dos pueblos, para ellos obtener pingu¨es beneficios”.
Aumenta el delito
La gobernadora de la provincia Independencia, profesora Altagracia González, manifestó que la presencia haitiana en la localidad es del conocimiento de todos.
La funcionaria se resigna indicando que “casi todos los países del mundo que tienen frontera terrestre, confrontan esa misma situación”.
“El presidente (Danilo Medina) ha querido resolver el problema y lo está resolviendo, pero ustedes conocen de la situación más que cualquiera, pero, además, también saben ustedes que son demasiados los haitianos”, dijo la representante del Poder Ejecutivo, quien rehusó ser entrevistada por LISTÍN DIARIO personalmente y envió su opinión vía whatsapp.
A pesar de la postura de la funcionaria, los pobladores de la fronteriza ciudad de Jimaní, entienden que no se hace lo suficiente para contrarrestar la que califican “invasión haitiana”, a la que atribuyen el aumento de los delitos y violaciones sexuales en esta localidad.
Militares
Periodistas de este diario recorrieron las oficinas del Departamento Operativo de Inteligencia Fronteriza (DOIF), organismo del Ministerio de Defensa, adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront), donde comprobaron la existencia de algunos ordenadores y otros equipos tecnológicos que son usados para el trabajo de chequeo de los extranjeros que buscan ingresar a República Dominicana.
Un militar dijo, a cambio de proteger su identidad, que ese organismo cuenta con las herramientas tecnológicas suficientes para detectar cualquier acción ilegal producida en este punto fronterizo.
Su responsabilidad es evitar la entrada al país de indocumentados extranjeros, por el tráfico de armas, drogas, traer productos sin permiso como el ajo y otras acciones delictivas, pero los habitantes de aquí creen que el trabajo desarrollado por los militares es insuficiente y no detiene la invasión haitiana en Jimaní, ni controla la entrada de productos ilegales.
listindiario.com
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
El coordinador del Comité de Iniciativa para la Paz en Artibonite, André Saint-Louis, aseguró a EFE que en el ataque en Petite Riviere fallecieron una veintena de personas, sin poder concretar el total de víctimas.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
En las redes sociales circulan videos sobre esta última masacre cometida por la banda Gran Griff, con base en Savien, en Artibonite, y que se produce pocos días después de que la PNH y la misión multinacional anunciaran que habían recuperado el control de la comisaría local.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
La banda Gran Griff también realizo la matanza a principio de octubre pasado de unas 115 personas en el poblado de Pont Sondé, a unos 100 kilómetros de la capital.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
El Gobierno de Guatemala indicó, en dos comunicados que el contenedor con los bananos no tenía sustancias ilícitas al salir de ese país.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
Este miércoles Francisco Jiménez, ministro de Gobernación para Guatemala, luego de reunión con los diputados del Congreso de ese país, y en conversaciones con la prensa, volvió a negar que la droga haya sido introducida en ese país.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.
Latinoamericanas
Intervienen una cárcel de Venezuela donde la directora era pareja del reo «Dinamita»
Agencia EFE
Caracas.-El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una «relación sentimental» con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
«Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias ‘Dinamita’, que se autodenominaba ‘pran’ del recinto carcelario», sostuvo el MP en una publicación en Instagram.
Asimismo, explicó que tras investigaciones por parte de un grupo de fiscales se pudo determinar que «la complicidad» de la exdirectora del Centro Penitenciario de San Juan de los Morros con el recluso, perteneciente a la banda criminal ‘Tren del Llano’, «servía para introducir teléfonos celulares, armas de fuego y drogas».
La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 «teléfonos inteligentes», 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 «armas punzo cortantes».
Igualmente, dijo que fueron decomisados 1.885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de «pasta base» y 320 gramos de presunta cocaína.
El MP señaló que no se descartan «nuevas aprehensiones».
El pasado 30 de noviembre, el Gobierno venezolano informó de operativos de intervención en dos cárceles del estado Lara (oeste), con el fin de «consolidar un sistema penitenciario» con mejores condiciones de «orden, seguridad y estabilidad«.
Los operativos forman parte de la ‘Operación Gran Cacique Guaicaipuro’, comenzada el año pasado para el desmantelamiento de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos «reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena», según una nota oficial.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que «generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información».
La organización no gubernamental, que aclara que no se opone a «requisas y revisiones minuciosas», calificó de «inhumano» que en estos operativos «no exista un protocolo claro para brindar información y atención oportuna a los familiares», por lo que -agregó- es «alarmante» la «opacidad informativa por parte del Estado».
En 2023, las autoridades desmantelaron ocho «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.