A sus 92 años, Henrique acaba de tramitar por primera vez en su vida un pasaporte que lo acredita como ciudadano haitiano, el cual no sólo le da identidad legal, sino que le sirve para alcanzar el sueño de obtener la pensión por más de medio siglo de trabajo como peón en cañaverales dominicanos y que había reclamado infructuosamente durante más de una década.

«Uno que viene de Haití (a República Dominicana) no tiene nada», se preguntaba Henrique poco antes de recibir, a finales de noviembre, su esperada pensión. «Uno viene a trabajar. Yo ya no puedo trabajar, no tengo fuerza, entonces, ¿cómo un viejo así como yo va a vivir?», pregunta el haitiano en el batey Consuelito.

Miles de haitianos se encuentran en situaciones parecidas en la República Dominicana, donde no tienen existencia legal y deben soportar la hostilidad de los oriundos. Muchos de ellos, no obstante, están regularizando su situación migratoria y accediendo a beneficios que les fueron negados por décadas.

Personal de la Asociación Scalabriniana, una orden católica que ayuda a migrantes y refugiados, han estado recoriendo los bateyes donde viven los trabajadores de la caña de azúcar y ayudando a los haitianos, a menudo analfabetos, a llenar los formularios para que sean procesados por el consulado de su país natal. Esa organización, que recibe asistencia financiera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, espera conseguir los papeles de al menos 5.000 haitianos este año, según Idalina Bordignon, directora de la filial dominicana de esa orden.

Grandes cantidades de haitianos cruzan cada año la frontera sin documentos ni permiso migratorio hacia la vecina República Dominicana en busca de trabajo y una mejor vida. Durante décadas, la poderosa industria cañera dominicana utilizó casi de forma exclusiva mano de obra haitiana.

Asistido por dirigentes comunitarios de Consuelito, con pasaporte haitiano en mano, Henrique acudió a finales de noviembre a recibir el primer cheque de 5.117 pesos (128 dólares) de su pensión mensual.

Pero además del cheque, Henrique confía en que finalmente podrá recibir tratamiento médico para el prurito que le afecta gran parte del torso desde hace más de seis meses y que por la falta de dinero y acceso a los servicios de salud no podía atenderse.

«Si voy a un médico, hay que pagar y no hay cuartos (dinero)», dice. Por esa razón, tampoco nunca se ha atendido la pierna izquierda que se fracturó en 1957 cuando trabajaba como velador en el desaparecido ingenio Consuelo.

Henrique consiguió su pasaporte como parte del programa auspiciado por el Alto Comisionado para proveer documentos de identidad a inmigrantes haitianos en República Dominicana.

El programa no es gratuito: los beneficiarios, que viven en condiciones de miseria, en casas de madera y techos de zinc en los bateyes (comunidades dentro de los cañaverales) tienen que reunir ahorros para pagar una parte de los 80 dólares que cuesta el pasaporte en el consulado haitiano.

La otra parte del dinero es proporcionada por la agencia de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.

Pese a haber cotizado durante décadas para recibir su pensión y de contar con un carné del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, los inmigrantes haitianos no habían recibido sus jubilaciones, por lo que han realizado diversas protestas a lo largo de los últimos diez años.

Además del carné del IDSS, las autoridades dominicanas exigen a los braceros haitianos que para solicitar el pago de la pensión «tengan acta de nacimiento» de su país y «ahora, para entregarles el cheque (de la pensión), les están exigiendo el pasaporte», dijo a The Associated Press la religiosa calabriniana Bordignon.

La Asociación Scalabriniana ha realizado los trámites para que cerca de 2.000 inmigrantes haitianos de la zona cañera de San Pedro de Macorís, 75 kilómetros al este de la capital, adquieran el pasaporte.

Gonzalo Vargas Llosa, representante de la agencia internacional, dijo a The Associated Press que con ayuda de las hermanas calabrinianas y otras organizaciones no gubernamentales, más de 4.000 inmigrantes haitianos han recibido sus pasaportes. Los últimos grupos fueron entregados a unos 300 inmigrantes en San Pedro de Macorís, en octubre, y 150 en la provincia de Monte Plata a principios de diciembre.

«Esto evidentemente es muy pequeño comparado con el número enorme que hay de inmigrantes indocumentados, pero es un comienzo», dijo Vargas Llosa.

Pero no todos han logrado ver el dinero de su pensión. Pese a contar con el pasaporte, acta de nacimiento y credencial que lo acredita como pensionado, Esilien Lucien, de 71 años, aún espera su primer cheque.

«No sé, yo fui como cinco veces a Santo Domingo, cada vez que fui me cogen el número de celular mío, pero nunca me llaman», dice Lucien, quien trabajó como cortador de caña en el ingenio Santa Fe, de San Pedro de Macorís, desde 1962 hasta su cierre en 1999.

Tras el cierre de los ingenios que pertenecían al estado, Lucien ha permanecido en el batey Santa Fe, subsistiendo con ayuda económica de los mayores de sus seis hijos.

Ante las constantes protestas de los ex cañeros, el ministerio de Finanzas comenzó a pagar las pensiones a algunos de los ex trabajadores de los ingenios azucareros a finales de noviembre. Según la institución, en ese mes giró los primeros cheques para 2.482 jubilados.

El presidente Danilo Medina autorizó mediante decreto a finales de diciembre entregar las pensiones a otros 1.028 trabajadores cañeros.

«Nuestra prioridad eran los ancianos para que pudieran acceder a su pensiones como cañeros, y luego las mujeres para que puedan declarar (registrar) a sus niños», detalló Bordignon.

La constitución dominicana que entró en vigencia en 2010 considera que los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia no son dominicanos y al nacer deben ser registrados en el libro de extranjería y luego en el consulado de su país. Pero al carecer de documentos de identidad, las inmigrantes haitianas no pueden registrar en el consulado de su país a sus hijos nacidos en República Dominicana, por lo que quedan como apátridas.

Valérie Julian, representante de Naciones Unidas en República Dominicana, explicó a The Associated Press que «la apatridia es un tema para nosotros de suman importancia. Cuántos son (los apátridas de origen haitiano en República Dominicana), honestamente no los sabemos».

«Con el pasaporte, yo podré registrar a los niños en el libro de extranjería», dijo sonriente y con su escaso español Louselene Bien-Aimé, cuyos dos hijos menores, de 7 y 3 años nacidos en República Dominicana, no tienen acta de nacimiento ni dominicana ni haitiana.

Bien-Aimé, quien comparte con varias familias una casa alquilada en el batey Santa Fe, considera que con su pasaporte también le será menos difícil conseguir un trabajo o al menos continuar sus ventas callejeras sin miedo a ser detenida y deportada.

El tercer grupo que ACNUR ha priorizado para ayudarles a conseguir pasaporte es el de jóvenes inmigrantes que, aunque carezcan de residencia legal en República Dominicana, requieren de un documento oficial de identidad para trabajar.

«Hay muchos hoteles que no les exigen residencia (para darles trabajo), pero sí el pasaporte», explicó Bordignon. Además, contar con un pasaporte les reduce las posibilidades de ser repatriados.

El pasaporte haitiano no les otorga a los inmigrantes el permiso para residir en República Dominicana, pero en las extensas zonas cañeras del este del país pueden moverse sin peligro a ser deportados.

«Me siento más que contenta, agradecida del señor, primeramente y luego a la autoridad que me han dado este preciosos regalo», comentó en un claro español Julienne Prophete, de 62, mientras mostraba su pasaporte nuevo.

Prophete, quien llegó por primera vez a República Dominicana en 1971 y cuyos hijos nacieron todos en territorio dominicano, no sólo podrá cobrar la pensión por el trabajo que realizó en un ingenio cañero con su fenecido marido, sino que también espera viajar a su natal Ounaminthe para visitar por primera vez desde 1978 a su madre enferma en Haití.

«Ahora necesito la visa, me dicen que son 200 dólares» para reingresar a República Dominicana, detalla la mujer, que sobrevive mediante la venta de pan y otros productos básicos en su casa de cartón, madera y zinc en un batey de San Pedro de Macorís

Aunque tener el pasaporte haitiano no regulariza el estatus legal de los migrantes, «hay una enorme diferencia entre tener un documento que dice quién eres y no tener nada», consideró Vargas Llosa, representante de ACNUR.

«Es una diferencia importante, porque les permite hacer una serie de trámites que no podrían hacer sin ese documento: no se podrían casar, abrir una cuenta de banco, tener un trabajo», insistió el diplomático.

De acuerdo con estimaciones de la cancillería local, cerca de un millón de inmigrantes haitianos viven y trabajan en República Dominicana, sin contar con sus descendientes nacidos en el país.