Nacionales
Hechos violentos empañan campaña electoral dominicana a dos meses de comicios
SANTO DOMINGO, EFE.- La violencia que ha irrumpido en la campaña electoral dominicana de cara a los comicios generales del 15 de mayo pone de relieve, según analistas y políticos, la necesidad de depurar “con pinzas” las candidaturas para evitar la elección de candidatos que “representan los peores intereses”.
El más reciente episodio de violencia se vivió el pasado 11 de marzo cuando tras una acalorada discusión en un restaurante de la capital, fue asesinado el candidato a senador por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) y exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet.
Febrillet fue tiroteado después de intentar mediar en una discusión política entre los candidatos a diputados por el PRM Edward Montás y Blas Peralta, uno de los principales sindicalistas del cuestionado sector transporte del país, quien en el pasado se ha visto envuelto en hechos delictivos.
De su muerte, precisamente, el Ministerio Público (MP) acusa a Peralta y a otros tres colaboradores, quienes desde este miércoles cumplen un año de prisión preventiva por este hecho, que la Procuraduría confía en que se castigue con la pena máxima de 30 años.
A ello se une una querella de la familia del alcalde de La Romana (este), Tony Adames, contra el diputado Pedro Botello, del minoritario Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), por supuestamente haber disparado esta semana a su residencia tras salir disgustado de una reunión política.
De acuerdo con la denuncia, Botello se molestó porque no se le complació con sus propuestas para la figura de vicealcalde y regidores en la boleta del próximo 15 de mayo.
Estos no son los únicos casos de violencia registrados en el proceso electoral del país, en diciembre pasado dos hombres fueron asesinados durante las elecciones primarias del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que llevará nuevamente como candidato presidencial, al actual gobernante Danilo Medina.
Ante este panorama, la presidente del Senado, Cristina Lizardo, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha llamado a las organizaciones políticas a ser cuidadosas a la hora de elegir a las personas que llevan como aspirantes.
“En los procesos electorales tu siempre vas a encontrar personas que no coinciden contigo, pero en estos tiempos las organizaciones políticas deben tomar en cuenta que las personas que lleven a cargaos electivos deben inspirar respeto y que sea de paz”, dijo.
En ese sentido, llamó a los candidatos a ser ecuánimes, conciliadores y a no dejarse arrastrar por las pasiones.
En esa misma línea se pronunció el analista político César Pérez, quien, en declaraciones a Efe subrayó que la política dominicana “ha llegado a un nivel de degeneración que parece irreversible”.
De acuerdo con el sociólogo, la violencia en la política dominicana “está relacionada con lo rentable” que, al parecer, resulta ser esta actividad y en el “descontrol” de los partidos.
Fruto de esta situación, argumentó, saldrán elegidas en los próximos comicios, a nivel municipal y congresual, autoridades de dudosa reputación.
“En la política dominicana hay candidatos que representan los peores intereses”, dijo, y agregó que “sin dudas” la situación afecta la campaña electoral de cara al 15 de mayo, cuando se elegirá al presidente y vicepresidente del país, senadores, diputados, alcaldes y ediles.
En esta línea se manifestó el exrector de la UASD Franklin García Fermín, quien al solidarizarse con la familia de Febrillet, lamentó que a la política hayan ingresado personas “indeseables” que no reúnen los méritos ni los requisitos para participar en política.
Por su lado, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) deploró la violencia en la campaña electoral y pidió a la Junta Central Electoral (JCE), encargada de organizar los comicios, depurar “con pinzas” las candidaturas a cargos electivos.
Al mismo tiempo, dijo que el asesinato de Febrillet, que ha conmocionado el país, “debe servir de reflexión a la clase política”.
Para detener esta situación, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, reclamó la urgente aprobación de la Ley de Partidos Políticos, que permita determinar quienes financian las organizaciones políticas.
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.