Decenas de miles de musulmanes han tenido que desplazarse por la violencia (Foto: Archivo)
El Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano, Hezbolá, “repudia con vehemencia” la masacre feroz de musulmanes en Myanmar (Birmania), cometida por el sistema gobernante de ese país, bajo el amparo unilateral de las autoridades estadounidenses.
A través de un comunicado, Hezbolá manifestó su completo respaldo a la comunidad musulmana de Myanmar, y responsabiliza al Gobierno por el genocidio contra la minoría musulmana en diferentes estados, especialmente, el estado occidental de Rajine.
“Preocupa que estas barbaries se ejecutan con el apoyo y supervisión de los gobernadores de ese país, haciendo que los musulmanes se enfrenten al dilema de abandonar el país o protegerse en campos de refugiados”, reseñó el documento.
Hezbolá denuncia también que el genocidio contra los musulmanes coincide con el mejoramiento de los vínculos entre Naipydó (capital birmana) y Washington.
“La situación levanta muchas preguntas, porque no se entiende por qué las autoridades estadounidenses apoyan y brindan protección a la administración, en sus crímenes contra la población musulmana”, expone el texto.
Asimismo, exhortan a las organizaciones internacionales que presumen de “defender los derechos humanos”, a cumplir con sus obligaciones, apoyar a la población musulmana y ayudar a poner fin a la opresión y la matanza que tiene lugar en Myanmar.
Las Naciones Unidas dicen que los musulmanes se ven privados de derechos básicos, como educación, empleo, derechos sobre la tierra y servicios públicos; y están sujetos a trabajos forzosos, a extorsiones y otras medidas coercitivas.
El movimiento islámico reveló que, desde junio, más de 650 musulmanes del grupo de Rohingya han muerto por ataques perpetrados por grupos extremistas budistas. Otros mil 200 musulmanes se encuentran desaparecidos y más de 90 mil se han tenido que desplazar, tras recibir amenazas.
El Gobierno birmano no reconoce a los musulmanes como sus ciudadanos, a pesar de que representan alrededor del cinco por ciento de la población del país, pues los considera nativos e “inmigrantes ilegales”.