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Interponen recurso de revisión de sentencia que condena hospital.
Santo Domingo, R.D.-Un recurso de revisión constitucional fue interpuesto por el Hospital Docente Universitario Traumatológico Dr. Ney Arias Lora y el Colegio Médico Dominicano (CMD), en contra de la Sentencia SCJ-TS-24-0126, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que condena al centro al pago de 10 millones de pesos en indemnización por un caso ocurrido en el año 2016.
La sentencia fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y el recurso tiene como objetivo que sea revisada la sentencia emitida por esa alta corte, “en virtud de que no se le permitió presentar pruebas de peritaje, ni la revisión de protocolos de manejo, ni revisión de las guías internacionales de tratamiento de casos clínicos, para que el centro de salud pudiera sustentar sus derechos de defensa”.
“Confiamos en que los Honorables Jueces del Tribunal Constitucional serán garantistas de los derechos fundamentales y una aplicación de derecho de la norma jurídica justa y equitativa para todas las partes, para seguir garantizando el estado de derecho que vivimos en la República Dominicana”, señala la dirección del hospital en declaraciones escritas.
En los últimos días se han conocido los casos de fallos judiciales dictados contra el hospital de Traumatología Ney Arias Lora, la Clínica Corazones Unidos, el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP) y Cedimat, que involucran millones de pesos en el pago de indemnización a pacientes y familiares víctimas de mala práctica.
Como señal de repudio a lo que consideran un “festín de condena” en contra de los médicos, clínicas privadas y hospitales”, médicos dirigidos por el Colegio Médico Dominicano (CMD) realizaron la semana pasada una protesta frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia.
Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telecomunicaciones (Cedimat), por el pago de una indemnización de 15 millones de pesos a favor de Ramón Aquiles Vargas y Teresa de Jesus Vargas Rodriguez, esposo e hija de Paula Antonia Rodríguez Morales por mala práctica médica en su tratamiento.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenó al Hospital Ney Arias Lora al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor del paciente Félix Julián Encarnación, víctima de la infección de una bacteria que obligó a amputarle la pierna en el 2018.
El martes pasado se dio a conocer que la Clínica Corazones Unidas fue condenada al pago de más de 6 millones de pesos con dos sentencias emitidas por tribunales del Distrito Nacional, por mala práctica médica cometida en contra de las pacientes, Angelina María Hernández y Milagros del Socorro Alba F.
Medios de prensa recogen también la condena a un mes de prisión y pago de una indemnización de dos millones de pesos interpuesta por la jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte, al cirujano plástico Asmin Aquino Rodríguez y al Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP), tras encontrarlos culpables de mala práctica médica, acogiendo una demanda interpuesta por la señora Sulandy Altagracia Crucet,
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.