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Interponen recurso de revisión de sentencia que condena hospital.
Santo Domingo, R.D.-Un recurso de revisión constitucional fue interpuesto por el Hospital Docente Universitario Traumatológico Dr. Ney Arias Lora y el Colegio Médico Dominicano (CMD), en contra de la Sentencia SCJ-TS-24-0126, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que condena al centro al pago de 10 millones de pesos en indemnización por un caso ocurrido en el año 2016.
La sentencia fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y el recurso tiene como objetivo que sea revisada la sentencia emitida por esa alta corte, “en virtud de que no se le permitió presentar pruebas de peritaje, ni la revisión de protocolos de manejo, ni revisión de las guías internacionales de tratamiento de casos clínicos, para que el centro de salud pudiera sustentar sus derechos de defensa”.
“Confiamos en que los Honorables Jueces del Tribunal Constitucional serán garantistas de los derechos fundamentales y una aplicación de derecho de la norma jurídica justa y equitativa para todas las partes, para seguir garantizando el estado de derecho que vivimos en la República Dominicana”, señala la dirección del hospital en declaraciones escritas.
En los últimos días se han conocido los casos de fallos judiciales dictados contra el hospital de Traumatología Ney Arias Lora, la Clínica Corazones Unidos, el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP) y Cedimat, que involucran millones de pesos en el pago de indemnización a pacientes y familiares víctimas de mala práctica.
Como señal de repudio a lo que consideran un “festín de condena” en contra de los médicos, clínicas privadas y hospitales”, médicos dirigidos por el Colegio Médico Dominicano (CMD) realizaron la semana pasada una protesta frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia.
Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telecomunicaciones (Cedimat), por el pago de una indemnización de 15 millones de pesos a favor de Ramón Aquiles Vargas y Teresa de Jesus Vargas Rodriguez, esposo e hija de Paula Antonia Rodríguez Morales por mala práctica médica en su tratamiento.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenó al Hospital Ney Arias Lora al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor del paciente Félix Julián Encarnación, víctima de la infección de una bacteria que obligó a amputarle la pierna en el 2018.
El martes pasado se dio a conocer que la Clínica Corazones Unidas fue condenada al pago de más de 6 millones de pesos con dos sentencias emitidas por tribunales del Distrito Nacional, por mala práctica médica cometida en contra de las pacientes, Angelina María Hernández y Milagros del Socorro Alba F.
Medios de prensa recogen también la condena a un mes de prisión y pago de una indemnización de dos millones de pesos interpuesta por la jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte, al cirujano plástico Asmin Aquino Rodríguez y al Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP), tras encontrarlos culpables de mala práctica médica, acogiendo una demanda interpuesta por la señora Sulandy Altagracia Crucet,
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.