Arrancó en la Suprema Corte de Justicia Juicio  Contra  Supuestos Sobornados por  Odebrecht.

Por Elba García

Ahí precisamente  entra el papel del Ministerio Público con la aportación de las pruebas necesarias o podría decirse imprescindibles para lograr una sanción por una violación de las leyes penales de la República Dominicana.

En el caso Odebrecht, la Procuraduría General de la República tiene alrededor de dos años con el desarrollo de supuestas investigaciones que pueda llevar a los imputados a responder por los ilícitos cometidos.

Sin embargo, desde el inicio de este caso, que es el más importante en términos de corrupción de todos los ocurridos en el país, se ha argumentado que las investigaciones al respecto llevadas a cabo por el Ministerio Público son muy pobres y que en consecuencia ese mal manejo del expediente podría dejar como resultado la libertad de los imputados por falta de pruebas.

Pero tal y como lo ha planteado este periódico, el juicio que se inicia hoy tal vez no tenga los resultados esperados, porque desde su inicio arrancó mal, ya que se ha planteado que no están todos los que son, ni son todos los que están,  lo cual le quita legitimidad al proceso.

El propio Ministro Público no ha querido manejar con sinceridad el encausamiento de los imputados, dado que mucha gente sabe que sacó a los que más tienen responsabilidad en un caso  con  aspectos como  son el soborno y la sobrevaluación, cuya última estafa  no ha querido investigar el órgano del Estado responsable de perseguir el crimen y el delito.

Ese detalle por si solo hace poco creíble la acusación formulada por la Procuraduría General de la República, pero las dudas son mayores cuando no ha habido el interés de la Fiscalía de incluir en ese expediente una serie de personajes del Gobierno que están involucrados hasta los tuétanos en el caso.

Por esta razón, entre otras, el juicio de fondo que comienza hoy en la Suprema Corte de Justicia, sobre todo porque se ha demostrado hasta la saciedad que la Procuraduría General de la República no ha cumplido con su misión y no se ha ajustado al  enunciado consignado  en el ordenamiento jurídico de que  la ley es igual para todos.

No son pocos los que consideran este juicio como una comedia más de las tantas a que tiene acostumbro el sistema de justicia  al pueblo dominicano, principalmente porque la corrupción, máxime el robo en contra del Estado es realmente generalizado y siempre queda arropado por el manto de la impunidad que se ha convertido en una cultura en el país.

Aún surja una condena en contra de los imputados en el juicio que se inicia hoy, difícilmente el sistema de justicia del país  recobre su credibilidad, porque se ha buscado aplicar la ley solo a una parte de los responsables de los sobornos, en los que hay involucrados otros legisladores y funcionarios del Gobierno.

La pregunta que se impone es por qué el Ministerio Público conjuntamente con la Cámara de Cuentas se han resistido  a desarrollar  una investigación sobre las sobrevaluaciones y cuál es la razón de que  no se hayan  formulado  acusaciones sobre los evidentes responsables de estos crímenes en contra del Estado, cuyas cantidades envueltas son respetables y podrían servir para mejorar los sistemas de salud, de educación y de justicia en la República Dominicana.

La conclusión de este periódico, a la luz de las deficiencias y de los errores cometidos por el Ministerio Público, es preguntarse nuevamente como lo ha planteado muchas veces: ¿A caso se trata de ineptitud, negligencia o complicidad lo que ha primado en la investigación y formulación de cargos en contra de todos los que debieron estar?

De usted, amigo lector, la respuesta de un drama que nos atañe a todos, absolutamente a todos y cada uno de los dominicanos.