Santo Domingo, RD.-El director de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, Luis González, parece tener algo que ver con la filtración de información en favor de los narcotraficantes, lo cual ha motivado su suspensión del cargo por otras presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño de sus funciones.Nacionales
Hay pistas de que en el MP hay gente que trabaja al servicio del bajo mundo.
Santo Domingo, RD.-El director de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, Luis González, parece tener algo que ver con la filtración de información en favor de los narcotraficantes, lo cual ha motivado su suspensión del cargo por otras presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño de sus funciones.La investigación es conducida por el director de la Inspectoría del Ministerio Público, Juan Medina, quien ha solicitado al Consejo Superior del Ministerio Público, como medida cautelar, la suspensión de González hasta tanto concluya la pesquisa.
Medina indicó que el Departamento Antilavado continúa laborando con normalidad, aclarando que en ningún momento ha sido intervenido, como ha trascendido.
Su funsión es fortalecer de manera integral las investigaciones y acusaciones de los casos de Lavado de Activos y otras infracciones graves y procurar las sanciones que correspondan a la luz de la ley 155-17 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves, evitando así la impunidad y al mismo tiempo garantizar que este tipo de crimen no afecten la economía dominicana.
Por otra parte, Nelson Marmolejos Gil, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), prometió ayer responder las imputaciones del ministerio público de que su campaña para el cargo legislativo fue financiada por Erick Randhiel Mosquea Polanco, cabeza principal del recién desmantelado grupo de narcotráfico y lavado de activos, a través de la Operación Falcón.
De estas imputaciones, Marmolejos ya se defendió de inicio al sostener , vía redes sociales, que no tiene “nada que ver” en el caso.
Sin embargo, el legislador, en declaraciones a medios locales, dijo que después de una reunión con la dirección de su partido, el PRM, espera por decisiones para referirse al caso.
“Hasta ahora no puedo ofrecer declaraciones”, comentó, pero siguió defendiendo su inocencia en el caso.
El Ministerio Público lo acusa de recibir altas sumas de dinero de Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado en la investigación como cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos que tiene ramificaciones en Santiago.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público explicó que los presuntos involucrados en la red de narcotráfico desarticulada crearon una “poderosa estructura del crimen organizado, que ha operado de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de narcotráfico.
Es en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) donde se deberá ventilar el proceso penal a los diputados que el ministerio público implica en la operación Falcón, acusados de narcotráfico y lavado de activos. Entre los implicados en la red desmantelada por la Procuraduría, figuran los diputados Héctor Darío Feliz y Nelson Marmolejos.
Transformaron sus transacciones con el objetivo de colocar los fondos en la economía legal y en las instituciones financieras. Los inculpados, dice la acusación, trataban de darle apariencia legal a sus actividades a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de sus fortunas.
Otra de las actividades es que financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejo municipal, entre otras entidades, con el objetivo de tener incidencia y poder.
Y vadían la persecución penal de las autoridades, llamadas a evitar que ocurrieran los hechos y a investigarlos.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.