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Unicos lugares que no piden tarjetas de vacunación son las Iglesias y centros de salud.
Santo Domingo, RD.-No será necesario presentar una tarjeta de vacunación para entrar a los centros de salud, públicos o privados, y a las iglesias, según el Ministerio de Salud Pública.
“Informamos que los centros de salud públicos, privados y las iglesias, se encuentran exentos de exigir la tarjeta de vacunación o prueba PCR negativa”, leía la publicación colgada en la cuenta oficial de Twitter de Salud Pública.
Este aviso de las autoridades se produce un día después de que iniciaran una serie de restricciones para las personas que aún no han recibido al menos una dosis de la vacuna.
Entre estas destacan no poder acceder a lugares de trabajo con espacios cerrados y de uso colectivo; a los centros de estudios de todos los niveles, públicos o privados; para utilizar cualquier medio de transporte de uso público, y para ingresar a restaurantes, bares, colmados, discotecas, clubes, centros comerciales, tiendas, casinos, gimnasios, centros deportivos u otro centro de diversión.
Para realizar estas actividades se debe presentar la tarjeta de vacunación con al menos una dosis colocada, con menos de un mes de vigencia, de manera física o digital.
En caso de no estar vacunados, entonces tendrán que presentar de manera recurrente una prueba PCR, en original, con resultado negativo, realizada máximo siete días antes por el Ministerio de Salud Pública o un laboratorio autorizado.
Igualmente pueden presentar el permiso especial emitido por Salud Pública para las personas que no puedan vacunarse por razones médicas.
Advertencia
En otro tuit Salud Pública aclaró que nadie en la institución ha desarrollado una aplicación para teléfonos inteligentes, que le permita a la población portar de manera digital su tarjeta de vacunación.
“Nuestro Ministerio, ni el portal Vacúnate RD, han lanzado de forma oficial alguna APP o portal web para tarjeta digital de vacunación”, leía el mensaje.
Santo Domingo, R.D.-Unos 34 recursos directos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) han sido acogidos por el órgano facultado para garantizar el apego de las disposiciones y leyes a la carta magna y a la protección de los derechos fundamentales, el cual está obligado a poner por encima el derecho internacional y continental sobre el derecho interno en materia de derechos humanos.
Según la página web de consulta de este organismo extrapoder, desde enero de 2020 al 26 de diciembre de 2024, se han conocido aproximadamente 148 recursos de acción directa de inconstitucionalidad, que es un procedimiento que busca declarar contraria a la Constitución alguna disposición normativa.
En estos cuatro años, 34 acciones han sido acogidas por la alta corte, lo que significa que en el 22.9 % de los casos, el TC ha tenido que declarar no conforme con la Constitución uno o varios artículos de una ley.
El año en el que se fallaron más acciones directas de inconstitucionalidad fue el 2021, con 38 sentencias. Asimismo, el año con menos decisiones en esta categoría fue el 2024.
El presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, informó que, hasta el 6 de noviembre del 2024, esa alta corte falló 976 expedientes.
Del total de casos resueltos, 242 fueron dictados en materia de amparo, lo que quiere decir que cerca del 25 % de las sentencias emitidas por esta institución fue relativo a derechos fundamentales.
El magistrado aseguró que los togados del Tribunal Constitucional han asumido la responsabilidad de ser los más altos garantes de los derechos y libertades de la ciudadanía.
La ley de la DNI
Uno de los casos más recientes en los que se ha declarado la inconstitucional una ley data del 6 de diciembre, cuando el TC anuló la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En la Sentencia TC/0767/24, acogió la acción incoada por partidos de oposición alega que afectaba un derecho fundamental de forma indirecta o incidental.
De acuerdo con el último resumen del Tribunal Constitucional, desde el 2012 al 30 de septiembre de 2024 se han recibido 10,201 casos y los jueces han logrado la aprobación y publicación en el portal web institucional de 7,823 recursos fallados.
Desde su puesta en funcionamiento, han sido fusionados unos 242 expedientes y la «revisión constitucional de sentencia de amparo» ha sido el proceso más destacado.
SANTO DOMINGO. El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ratificó este viernes a los directores de Elecciones, de Informática, del Voto Dominicano en el Exterior, de Registro del Estado Civil, de la Cédula de Identidad y Electoral y de Registro Electoral.
La el órgano explicó que la ratificación fue acogida sin objeciones por los principales partidos políticos del país, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo.
Además, otros partidos como la Alianza por la Democracia, el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), la Unión Demócrata Cristiana y Dominicanos por el Cambio también respaldaron la decisión.
Este proceso de ratificación sigue la línea de la reciente reelección de cuatro de los cinco titulares de la JCE por parte del Senado en noviembre pasado, incluidos su presidente, Román Jáquez, y los miembros Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises, mientras que Hirayda Fernández Guzmán fue seleccionada por primera vez.
Con esta resolución, la JCE refuerza su estructura operativa y garantiza la estabilidad y transparencia en la administración de los procesos electorales y el registro civil del país.
Azua.-El Ejército detuvo a 70 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular quienes eran trasladados durante la madrugada de este viernes en un autobús en Azua.
El autobús marca Hyundai, color blanco era conducido por un hombre identificado como Edward Aquino.
Mientras que en otro hecho, efectivos del Ejército detuvieron un carro Nissan Note, negro, conducido por el ciudadano Yoan Figuereo Encarnación, acompañado por José David Gómez, donde se trasladaban otros siete indocumentados, en el puesto de chequeo 15 de Azua.
Los conductores y el acompañante, serán entregados al Ministerio Público, mientras que los extranjeros a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes.