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Por ser sospechosos de trata de personas imponen coerción a cinco colombianos.
SANTO DOMINGO.-Cinco colombianos recibieron medidas de coerción por ser sospechoso de trata de personas, según lo informó el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La fiscalía especializada en este tipo de delito informó que les fueron impuestas medidas de coerción a cuatro colombianos y un colombiano estadounidense, que fueron arrestados bajo sospechas de estar vinculados a la trata de personas con fines de trabajo forzoso.
Según el Ministerio Público, la trata de personas se llevaba a cabo encubierta a través de la empresa de venta de enciclopedias Ediciones Sistesam S.R.L, que fue clausurada provisionalmente por las autoridades.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso las medidas de coerción en contra de los ciudadanos colombianos Alejandro Gacham Ilal, Rosemary Pion Taylor, Milagros de Jesús Torrenegra, Mary Cecilia Miguel y Camilo Miguel, quienes se presume integraban una red criminal que según han establecido las investigaciones operaba desde 1998 en el país y que fue desmantelada gracias a los esfuerzos que realiza actualmente el Ministerio Público dominicano para la efectiva persecución y combate del crimen organizado.
En el caso de Alejandro Gacham Ilal de 60 años de edad, el tribunal le impuso la colocación de grilletes electrónicos, el pago de una garantía económica de RD$100 mil en efectivo, presentación periódica ante el Ministerio Público, impedimento de salida del país con retención de su pasaporte y colocación de un brazalete electrónico, en tanto que contra Rosemary Pion Taylor de 65 años de edad y Milagros de Jesús Torrenegra de 50 años, una garantía económica en efectivo de RD$200 mil, impedimento de salida del país con retención de su pasaporte y presentación periódica ante el MP.
Igualmente, les fueron impuestas medidas de coerción a Mary Cecilia Miguel de 70 años de edad, consistente en una garantía económica de RD$200 mil en efectivo, arresto domiciliario e igualmente impedimento de salida del país con retención de su pasaporte, así como al colombiano estadounidense Camilo Miguel de 81 años, al cual tomando en cuenta su edad, el tribunal le impuso una garantía económica de RD$20 mil en efectivo y presentación periódica.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó que le atribuye al grupo dedicarse a la trata de personas agravada con fines de trabajo forzado, delito tipificado y sancionado por las disposiciones establecidas en los artículos 3 y 7 literales c y d de la Ley No. 137-03 que sanciona el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
Detalló que por este caso también es perseguido Juan Carlos Adán, quien se presume que también forma parte de la red que fue desmantelada luego de una labor de inteligencia, durante una operación ejecutada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas conjuntamente con la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y con la colaboración del Departamento Contra el Tráfico y Trata de Personas de la Policía Nacional.
Sobre la operación, el MP explicó que fue ejecutada en el transcurso de cuatro allanamientos mediante orden judicial, tres de ellos en el Distrito Nacional y uno en la provincia Valverde, durante los cuales fueron rescatadas seis víctimas y ocupados cientos de evidencias, entre ellas, varios vehículos, documentos, lista con anotaciones, lista de jóvenes y descripción de ventas de enciclopedias y lugares (provincias) donde eran desplazadas las víctimas, además de dinero (bolívares) y otros.
El órgano de justicia establece en la solicitud de medidas de coerción que producto de las investigaciones realizadas en contra de esa red criminal se pudo determinar que su metodología abarca la captación y el traslado a la República Dominicana de ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes, luego de que llegaban al país eran llevados a las oficinas de la Empresa Ediciones Sistesam S.R.L, localizada en el sector Renacimiento del Distrito Nacional, la cual se dedica a la venta de enciclopedias en todo el territorio nacional.
De acuerdo a la investigación, una vez en dicha empresa les retenían sus pasaportes bajo el argumento de que serían enviados a la Dirección General de Migración para regularizar sus estatus, mientras que a otras les informaban que por seguridad iban a ser retenidos sus pasaportes y les entregaban copias de los mismos.
Luego les hacían firmar una hoja en blanco a cada víctima captada, al tiempo de entregarles insumos de trabajo (las enciclopedias, talonarios de facturas, carpetas y brochures), así como carnets de identificación, además de que les daban una charla que tenían que aprenderse con el fin de convencer a los potenciales clientes sobre la importancia de la compra de las enciclopedias.
La instancia destaca que posteriormente las víctimas eran trasladadas a provincias del interior del país, donde realizaban las ventas de los libros, casa por casa, labor por las que les prometían pagarles, sin embargo, no les hacían ningún pago por el trabajo realizado, argumentando que se lo pagarían al culminar su tiempo de trabajo, recibiendo luego presión psicológica y las obligaban a firmar un documento de descargo para posteriormente proceder a entregarles sus pasaportes originales.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.