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Garantía económica como medida de coerción a exjuez acusado de violencia contra su esposa
Santo Domingo, R.D.-Juan Francisco Rodríguez Consoró recibió de la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional medida de coerción por presunta violencia de género en perjuicio de su esposa, la magistrada Martha Erneris Jáquez Hilario.
La magistrada Ana Lee Florimón impuso al imputado, quien se desempeñó como juez en ese mismo tribunal, el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida del país y presentación periódica.
En el tribunal, el imputado optó por acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio y no prestó declaración ante el juez.
Al ser consultado por la prensa a su salida del tribunal, Consoró se limitó a decir una breve frase: «El tiempo dirá todo», dejando en manos de su defensa técnica la estrategia legal para las siguientes etapas del proceso.
El abogado José Chía se mostró conforme con la decisión del tribunal, señalando que la audiencia «estuvo bien» para los intereses de su cliente, al evitarse la prisión preventiva como medida de coerción.
El caso entra ahora en una fase de investigación profunda donde el Ministerio Público deberá presentar las pruebas que sustenten la acusación inicial de violencia intrafamiliar.
“El magistrado decidió que Consoró podrá llevar el proceso en libertad, sujeto al cumplimiento de las disposiciones que se le impuso”, acotó el abogado.
La querella fue interpuesta ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la avenida Rómulo Betancourt.
Según el expediente, Jáquez Hilario alega haber sido objeto de violencia verbal y amenazas por parte de Consoró, quien es el padre de sus hijos.
Rodríguez Consoró ha negado rotundamente las acusaciones, atribuyendo su detención a supuestas fricciones previas con el Ministerio Público.
«Jamás sería capaz de tocar a una dama ni con el pétalo de una rosa», afirmó el exmagistrado, aunque confirmó que se encuentra en proceso de divorcio con la denunciante.
El imputado lamentó que lo que define como una «conversación privada en el seno familiar» fuera sacada de contexto para justificar su arresto.
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el 2025 como “el año del retroceso judicial” de este país, con “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
MALES REITERADOS
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
RECLAMOS DEL GREMIO
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Militar condenado a 20 años de prisión por abuso sexual contra niña de siete años en Los Tres Brazos
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
Acción penal
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
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Defensa Pública llama a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte
Santo Domingo, R.D.-La coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, Elizabeth Rodríguez Díaz, hizo un llamado a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.