Medidas de coerción a imputados sirvió de escenario para exonerar de culpa a Danilo Medina.

Por Elba García

Este martes se ha iniciado un nuevo capítulo en la lucha anticorrupción de diversas instancias de la sociedad dominicana con la imposición de medidas de coerción a los diez primeros imputados por formar una asociación de malhechores para depredar el Estado.

En el curso del pronunciamiento de las medidas impuestas el juez que conoció el caso, Alejandro Vargas, convirtió el tribunal en una tribuna para analizar los expedientes presentados por el Ministerio Público, pero también expresar una serie de juicios de valor que de alguna manera se adelanta a dar una opinión sobre un proceso que apenas se inicia.

El juez Vargas aparte de someter al escrutinio de su facultad a los acusados incurrió en el error de excluir de los ilícitos penales al expresidente Danilo Medina, lo cual hizo muy sutilmente, pero que no parece atinado ni prudente en virtud de que hay nexos que serían muy difícil de concebir sin la participación de las altas instancias del Palacio Nacional.

Nadie, absolutamente, pudiera creer que esta trama para robarse miles de millones de pesos del patrimonio nacional era desconocida por Danilo Medina, quien se supone que mantenía una relación muy estrecha con sus hermanos y de seguro había notado el cambio económico que se había operado en ellos y en sus condiciones de vida.

La pregunta que cualquier ingenuo se haría y cómo entonces el presidente Medina no iba a darse cuenta que su hermano más pequeño había pasado de una precariedad económica de no poder pagar una factura del servicio del cable a mudarse en la torre de apartamentos del Malecón Center.

Pero además cómo se entendería que su hermano recibiera a través de sus diferentes compañías de carpeta cheques por miles o cuando menos cientos de millones de pesos de una institución que dirige directamente el mandatario como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Son innumerables las preguntas que surgen a propósito de este entramado societario para depredar al Estado y que el presidente del momento Danilo Medina no encontrara a nadie que le hablara sobre el particular si era que él estaba ciego y sordo.

El juez Vargas ante  todo el entramado de corrupción, cuyos primeros diez imputados fueron enviados a la cárcel preventivamente por el magistrado Vargas, no midió con la misma vara a todos los involucrados cuando la ley se supone que es igual para todos y que el sexo no disminuye la gravedad del delito o crimen cometido.

Todas son cosas que no tienen una explicación lógica, sobre todo porque el magistrado aprovecha la audiencia en la que se anunció las medidas de coerción para antes que nada pronunciar un discurso sobre valores, lo cual no estuvo mal, pero se dañó cuando entró en proyectar la idea de que Danilo Medina había sido engañado por sus hermanos, lo cual es todavía una hipótesis que necesita ser demostrada.

La realidad es que la audiencia para anunciar las medidas de coerción en contra de los acusados en lo fundamental cumplió su cometido, pero creó muchas dudas en lo que respecta al propósito del magistrado con el pronunciamiento de un discurso mediante el cual, de alguna manera, se vendió la idea  ante los dominicanos que el expresidente Medina estaba al margen de lo ocurrido cuando todavía faltan muchas otras investigaciones que indican que en el pasado gobierno no  son muchos los que están libres de culpas.

Lo ocurrido hasta ahora, que no significa que se ha ganado la batalla en contra de la corrupción en la República Dominicana, porque todavía falta un largo camino por recorrer, ha sido un gran avance y cuyos resultados parece que podrían ser muy satisfactorios.

Sin embargo, es muy importante que todo el mundo tenga muy claro que la lucha en contra de la corrupción no es un logro de las actuales autoridades, encabezadas por Luis Abinader, sino de los movimientos sociales como Marcha verde, las redes sociales y la protesta de los jóvenes en la Plaza de la Bandera.

Podría decirse que el actual gobierno, que se ha visto presionado a escoger un Ministerio Público independiente, también tiene que estar en la observación permanente de toda la sociedad para evitar que se cometan los desaciertos que estuvieron a punto de ocurrir con el paquete impositivo y que se produjeron con la designación de una serie de personas de una misma familia en la administración pública y otras tantas cuestiones del mismo que se enmarcan en el mismo contexto de los que son enjuiciados ahora.

De cualquier modo, lo que se impone es reclamar a la justicia que los jueces no usen como escenario los procesos judiciales para limpiar o entollar la imagen de nadie, sino que el resultado y lo planteado sea sobre la base de las pruebas aportadas por el órgano acusador y por las garantías de la tutela judicial, el derecho a la defensa y el debido proceso.