Santo Domingo, RD.-El Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) es sólo un espejo de como se manejan los presupuestos de las instituciones públicas, donde tomar acciones en contra de la corrupción ocurre cuando la irregularidad se vuelve muy evidente y por eso fue ahora llevó al Poder Ejecutivo a la destitución de sus principales funcionarios y que llevó a su directora general a renunciar, cuya institución ejecutó un presupuesto de gastos y aplicaciones financieras de 4 mil 907 millones 055,459.00 en el año 2019.Nacionales
5 mil millones en 2019 ejecutó el Inaipi y manejaría cerca de 6 mil en 2020
Santo Domingo, RD.-El Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) es sólo un espejo de como se manejan los presupuestos de las instituciones públicas, donde tomar acciones en contra de la corrupción ocurre cuando la irregularidad se vuelve muy evidente y por eso fue ahora llevó al Poder Ejecutivo a la destitución de sus principales funcionarios y que llevó a su directora general a renunciar, cuya institución ejecutó un presupuesto de gastos y aplicaciones financieras de 4 mil 907 millones 055,459.00 en el año 2019.Dentro de ese presupuesto, la adquisición de materiales y suministros representaban 623 millones, renglón donde el mayor gasto lo representa la compra de alimentos y productos agroforestales.
Para el 2020, el presupuesto de esa institución fue elevado a 5 mil 960 millones 525,858.00, y asimismo se pretendía elevar el monto para la compra de materiales y suministros a 1,310 millones, donde se gastarían 788 millones en alimentos y productos agroforestales.
Siendo el Inaipi la institución responsable de gestionar la prestación de servicios de atención integral de calidad a niños y niñas durante la Primera Infancia, es decir de 0 a 5 años de edad, y a sus familias, uno de los renglones de compra donde mayores recursos se destinan es justamente a la compra de alimentos, con los cuales proveen servicios a entidades públicas y privadas vinculadas al manejo de niños de 0 a cinco años de edad.
En el año 2018 a Inaipi se le asignó un presupuesto total de 4 mil millones 155 mil pesos, donde los materiales y suministros absorbieron 639 millones y los alimentos y productos agroforestales 455 millones, de acuerdo a sus presupuestos y modificaciones oficiales.
El cescándalo de lo ocurrido en la entidad gubernamental se desató cuando Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado, así como los ejecutivos de otras empresas, denunciaron que participaron en una licitación de emergencia que realizó el Inaipi, y que la misma tuvo serias irregularidades. El empresario hizo su denuncia en el programa Esta Noche Mariasela.
Quedaron destituidos de sus funciones Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pieter, responsable de acceso a la información pública de esa entidad.
También fueron destituidos Ricardo José Guzmán Domínguez y Mayra Martínez de la Rosa, director de Operaciones, y encargada del Departamento de Compras, respectivamente.
En el lugar de Berlinesa Franco fue designada como directora Kenia Lora Abreu. Mientras que en el mismo decreto, el 146-20, Greybby María Cuello Coste de Torres, fue designada directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, (Conani), posición que ocupaba Lora.
Historia del Inaipi
Fue creado en enero de 2015 como la institución gubernamental responsable de la gestión de los servicios de Atención Integral para los niños y niñas de 0 a 5 años y sus familias y la implementación de este Modelo.
Nació mediante las disposiciones de los Decretos 102-13 art.7 y 461-14, complementados por el Decreto 498-14, que declara el año 2015 como “Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”, quedando establecido como un órgano descentralizado funcional y territorialmente, adscrito al Ministerio de Educación de la República Dominicana, según se detalla en su portal web.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.