Santo Domingo, RD.-El Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) es sólo un espejo de como se manejan los presupuestos de las instituciones públicas, donde tomar acciones en contra de la corrupción ocurre cuando la irregularidad se vuelve muy evidente y por eso fue ahora llevó al Poder Ejecutivo a la destitución de sus principales funcionarios y que llevó a su directora general a renunciar, cuya institución ejecutó un presupuesto de gastos y aplicaciones financieras de 4 mil 907 millones 055,459.00 en el año 2019.Nacionales
5 mil millones en 2019 ejecutó el Inaipi y manejaría cerca de 6 mil en 2020
Santo Domingo, RD.-El Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) es sólo un espejo de como se manejan los presupuestos de las instituciones públicas, donde tomar acciones en contra de la corrupción ocurre cuando la irregularidad se vuelve muy evidente y por eso fue ahora llevó al Poder Ejecutivo a la destitución de sus principales funcionarios y que llevó a su directora general a renunciar, cuya institución ejecutó un presupuesto de gastos y aplicaciones financieras de 4 mil 907 millones 055,459.00 en el año 2019.Dentro de ese presupuesto, la adquisición de materiales y suministros representaban 623 millones, renglón donde el mayor gasto lo representa la compra de alimentos y productos agroforestales.
Para el 2020, el presupuesto de esa institución fue elevado a 5 mil 960 millones 525,858.00, y asimismo se pretendía elevar el monto para la compra de materiales y suministros a 1,310 millones, donde se gastarían 788 millones en alimentos y productos agroforestales.
Siendo el Inaipi la institución responsable de gestionar la prestación de servicios de atención integral de calidad a niños y niñas durante la Primera Infancia, es decir de 0 a 5 años de edad, y a sus familias, uno de los renglones de compra donde mayores recursos se destinan es justamente a la compra de alimentos, con los cuales proveen servicios a entidades públicas y privadas vinculadas al manejo de niños de 0 a cinco años de edad.
En el año 2018 a Inaipi se le asignó un presupuesto total de 4 mil millones 155 mil pesos, donde los materiales y suministros absorbieron 639 millones y los alimentos y productos agroforestales 455 millones, de acuerdo a sus presupuestos y modificaciones oficiales.
El cescándalo de lo ocurrido en la entidad gubernamental se desató cuando Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado, así como los ejecutivos de otras empresas, denunciaron que participaron en una licitación de emergencia que realizó el Inaipi, y que la misma tuvo serias irregularidades. El empresario hizo su denuncia en el programa Esta Noche Mariasela.
Quedaron destituidos de sus funciones Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pieter, responsable de acceso a la información pública de esa entidad.
También fueron destituidos Ricardo José Guzmán Domínguez y Mayra Martínez de la Rosa, director de Operaciones, y encargada del Departamento de Compras, respectivamente.
En el lugar de Berlinesa Franco fue designada como directora Kenia Lora Abreu. Mientras que en el mismo decreto, el 146-20, Greybby María Cuello Coste de Torres, fue designada directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, (Conani), posición que ocupaba Lora.
Historia del Inaipi
Fue creado en enero de 2015 como la institución gubernamental responsable de la gestión de los servicios de Atención Integral para los niños y niñas de 0 a 5 años y sus familias y la implementación de este Modelo.
Nació mediante las disposiciones de los Decretos 102-13 art.7 y 461-14, complementados por el Decreto 498-14, que declara el año 2015 como “Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”, quedando establecido como un órgano descentralizado funcional y territorialmente, adscrito al Ministerio de Educación de la República Dominicana, según se detalla en su portal web.
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
Nacionales
Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.