Latinoamericanas
Indígenas demandan a gobierno de Paraguay por venta de tierras
Comunidades aborígenes de la comunidad Cuyabia del pueblo Ayoreo presentaron denunciaron al gobierno de Federico Franco por vender unas tierras que les fueron asignadas para trabajarlas. Otras comunidades indígenas han denunciado este procedimiento por parte del gobierno.
La comunidad ayorea denunció al presidente nombrado por el Congreso paraguayo, Federico Franco, por la venta de tierras (Foto:Servindi)
Una comunidad indígena paraguaya de la etnia Guaraní Ñandéva hizo oficial este jueves una demanda judicial contra el gobierno de Federico Franco ante la venta a intereses privados de las tierras en las cuales están asentados estos pobladores autóctonos.
El Instituto Nacional del Indígena (INDI), con autorización de su presidente, Rubén Quesnel, decidieron la comercialización de 25 mil hectáreas de los terrenos pertenecientes a la Comunidad Cuyabia del pueblo Ayoreo, según la demanda introducida.
Las tierras en cuestión se ubican en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, en la planicie del Chaco paraguayo, y el titular del Instituto ordenó su venta a una persona llamada Julia Beatriz Vargas.
La organización no gubernamental After Vida denunció el hecho y lo calificó de grave violación de los derechos humanos de los indígenas integrantes de la comunidad mencionada, además de considerarlo un irrespeto a las leyes vigentes.
Esta misma organización informó que lo sucedido es resultado de un desconocimiento sistemático de los derechos fundamentales del pueblo Ayoreo, consagrados constitucionalmente y reconocidos en acuerdos y convenios internacionales ratificados por Paraguay.
En esa misma línea se expresó el presidente de la Unión Nativos Ayoreos del Paraguay (UNAP), Domingo Gaakay, quien sostuvo que la actuación del Estado es muy grave. “Nos sorprende totalmente, nunca imaginamos que el presidente del INDI, estuviese haciendo esto”.
“Nosotros los ayoreos y otros hermanos, como los Guaraní, no vamos a permitir que el Estado juegue por nosotros, en ningún momento el Estado puede vender propiedad indígena, ellos ponen la Ley, es inembargable y ahora que ellos están haciendo, ellos mismos están pisando la Ley”, resaltó Gaakay.
El dirigente de UNAP añadió que “a mí me preocupa esta actitud de este presidente (Federico Franco), pero de todos modos ya estamos llevando el caso con nuestro abogado, se violan nuestros derechos”.
De acuerdo con un documento revelado el 25 de mayo de 2011 al director ejecutivo de After Vida, Víctor Benítez Insfrán y la presidenta del INDI de aquel entonces, Lida Acuña, el Estado paraguayo había adquirido las mencionadas tierras que fueron de Eugenio Sanabria Cantero para la comunidad indígena San Lázaro de la etnia Guaraní Ñandéva.
Sin embargo, por ser territorio ancestral de los ayoreos, la comunidad San Lázaro les cedió las 25 mil herctáreas a la comunidad ayoréa para que la trabajaran.
Diversas organizaciones sociales han presentado denuncias en las que se asignan a grupos y personas privadas terrenos pertenecientes a grupos indígenas y campesinos, algo que según estas comunidades aborígenes se ha repetido en los últimos meses.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.