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INDOTEL garantiza servicios de telecomunicaciones
SANTO DOMINGO.-El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), informó hoy que las prestadoras de telecomunicaciones garantizarán el servicio a la ciudadanía, así como el envío de mensajes de alertas preventivas, ante eventuales daños que pueda causar la tormenta tropical Chantal en el país.
El presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, doctor Carlos Amarante Baret, dijo que incluso, en caso de que sea necesario, se “habilitarían frecuencias” para mantener comunicada a la ciudadanía.
Tras destacar que las telecomunicaciones constituyen un aspecto importante ante situaciones de emergencia, el funcionario señaló que en caso de una caída del sistema de telecomunicaciones debido a los efectos de Chantal, la población puede acudir a la radio para mantenerse informada.
Exhortó a los ciudadanos a evitar el uso excesivo de las redes de telecomunicaciones, a fin de evitar que se congestionen las líneas y se dificulte la comunicación a las autoridades de socorro. Favoreció, en cambio, que la población use los mensajes de textos para mantener la comunicación con sus familiares y personas cercanas.
Refirió que en una pasada situación de tormenta las prestadoras despacharon más de tres millones de mini-mensajes a través de la red de Internet para prevenir a la ciudadanía, en un trabajo que realiza de manera coordinada el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el INDOTEL y las prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
Servicio 911
Por otra parte, Amarante Baret manifestó que equipos técnicos del INDOTEL) y de las prestadoras trabajan en la conexión de estas empresas a la plataforma del sistema 9-1-1 donada por el Gobierno de Estados Unidos.
Explicó que están avanzados los trabajos de conexión de la plataforma tecnológica del 911, a fin de que este servicio de emergencia comience a operar a finales de este año, primero en el Gran Santo Domingo y luego en el resto del país.
Dijo que recientemente se realizó en el Palacio Nacional una importante reunión con las prestadoras de servicio de telecomunicaciones, donde se definieron aspectos de la interconexión de estas empresas con la plataforma del 9-1-1.
En una entrevista en el programa El Bulevar de Pablo Mckinney que se produce por NCDN Canal 37, el doctor Amarante Baret confirmó que existe un “problema serio de brecha digital en la República Dominicana”, pero que el INDOTEL y otras instituciones del Estado trabajan para superar esa situación.
Indicó que actualmente existen dos tipos de alfabetización en el país, uno el que realiza el Gobierno del Presidente Danilo Medina a través del programa “Quisqueya Aprende Contigo” para sacar del oscurantismo a un millón de dominicanos, y la campaña que realiza el INDOTEL para alfabetizar tecnológicamente a dominicanos que no tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Resaltó que el INDOTEL acaba de licitar equipos para 175 nuevas salas digitales que se instalarán en 13 municipios que por estar muy apartados todavía no tienen acceso a las nuevas tecnologías.
Precisó que el órgano regulador ha instalado casi mil salas digitales en toda la geografía nacional, a las cuales se sumarán estas otras 175 que fueron adjudicadas a una empresa de esta capital.
Amarante Baret manifestó que el INDOTEL realiza un levantamiento de las necesidades de las comunidades para llevar salas digitales; en tanto, invitó a las gentes de los barrios y pueblos donde existen las salas de informática, a que lleven sus hijos a estos centros para que los pobres tengan acceso igual que los ricos a las nuevas tecnologías.
El Nacional
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.