Un reglamento será lanzado próximamente por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que definirá las acciones para la gestión integral de los desechos electrónicos, a fin de reducir la contaminación generada por de este tipo de residuos, y así ayudar con el cambio climático.
La información la ofreció la directora ejecutiva de Indotel,Julissa Cruz, quien dijo que trabajan junto al Ministerio de Medioambiente en la elaboración de la regulación que establecerá cómo será su tratamiento, el sistema de recogida y cómo reutilizar este tipo de desechos.
“Muchos de estos equipos tienen materiales contaminantes y es importante que los estados desarrollen protocolos y qué de manera institucional se puedan atender estos temas”, dijo Cruz.
La directora destacó la importancia que tiene para el país que tenga estas normas regulatorias, por ser un mecanismo que permitirá el desarrollo de la innovación y del emprendimiento en la industria de las telecomunicaciones “con unas características que les permite a los innovadores no tener la carga regulatoria inicial que pueda tener una gran empresa porque son operadores de nichos que tienen necesidades específicas de algunos usuarios”.
En otro orden, Cruz recordó que el Indotel está dando los pasos correspondientes para llegar a la máxima categoría y ser un país de quinta generación.
“El Indotel en esta administración está haciendo todos los aprestos para ser declarado próximamente regulador de quinta generación por la UIT. Eso ha conllevado a tomar acciones como la creación de sambos regulatorios que promueve la inversión e innovación de la industria tan importante para el desarrollo económico y social de la República Dominicana”.
Clausura reunión CCP.I
Cruz se refirió al tema, al hablar con la prensa previo a la clausura de los trabajos de la 42° Reunión del Comité Consultivo Permanente (CCP.I) de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) de Organización de Estados Americanos (OEA), donde durante cinco días se debatieron temas relacionados a la conectividad, inclusión digital y la seguridad en línea para la región de las Américas.
Durante este encuentro la República Dominicana presentó la propuesta de un proyecto de decisión para la creación del sitio público sobre género y juventud en la web de la Citel. Es la primera vez que se crea esta ventana de oportunidades en la región.
También, se presentaron informes y se tomaron decisiones relacionadas la implementación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la promoción de la innovación en el sector de las telecomunicaciones.
Cruz, expresó su satisfacción y agradeció a todos los países participantes en el evento “Citel es una gran familia y los momentos que hemos vivido en estos días han hecho que la colaboración entre países crezca, y esto se traduce en éxito”.
También enfatizó que el centro de estas reuniones es generar propuestas de valor y que cada uno de los países miembros de la Citel siga abrazando el compromiso de trabajar por una región más conecta y equitativa en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
En este evento se reunieron los Estados miembros de la Citel de la OEA, para promover el debate, la cooperación y la coordinación regional en cuestiones relacionadas con políticas, desarrollo y normalización de telecomunicaciones/tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con miras a mejorar el desarrollo social, económico, cultural y ambiental en las Américas, y contribuir con la implementación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.
Además los organismos reunidos dieron seguimiento a los avances de iniciativas para la expansión de las telecomunicaciones en áreas rurales y en áreas desatendidas o insuficientemente atendidas con la implementación de soluciones de inclusión digital
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.