Santo Domingo, RD.-La procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, ha sido ingresada en el Hospital General de la Plaza de la Salud, tras requerir atenciones médicas debido a un malestar general que sintió la noche del sábado.Más Noticias
Ingresan a la procuradora Miriam Germán en la Plaza de la Salud
De acuerdo al parte médico, para este domingo la paciente se encuentra consciente
Santo Domingo, RD.-La procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, ha sido ingresada en el Hospital General de la Plaza de la Salud, tras requerir atenciones médicas debido a un malestar general que sintió la noche del sábado.«Germán Brito, de 71 años de edad, se encuentra en ´condiciones generales estables´, según el parte del médico internista Nepomuceno Mejía Severino, director médico del hospital», indica la Procuraduría en un comunicado.
De acuerdo al parte médico, para este domingo la paciente se encuentra consciente, orientada en sus tres esferas psíquicas, cooperadora, afebril e hidratada.
La funcionaria padece de hipertensión arterial, afección que se encuentra controlada, así como de diabetes mellitus tipo 2, informó la Procuraduría General de la República a través de un comunicado.
«La Procuraduría General agradece la preocupación de los ciudadanos que se interesan por la salud de la magistrada Germán Brito y espera su pronta recuperación e integración a su rutina cotidiana», ise indica en el comunicado.
Gestión de Germán Brito
Es procuradora General de la República desde el 16 de agosto de este año, tras la designación del presidente Luis Abinader.
Este domingo se anunció la normativa que emitió, en la que prohíbe a todos los fiscales del país levantar “actas de compromisos”, que dejen en libertad a agresores en los casos que reúnen una serie de características que alertan a las autoridades sobre un potencial feminicida.
“Queda totalmente prohibido levantar actas compromisos en materia de violencia feminicida”, planteó Germán Brito en una instrucción general impartida a todo el cuerpo del Ministerio Público en la que advierte, además, que se trata de una postura que “deberá permanecer invariable”.
Otra de sus grandes decisiones fue la inhibición del caso de soboronos de la empresa Odebrecht.
El documento formal lo presentó ante la Secretaría del Ministerio Público en septiembre, en el que se inhibió para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas por el caso Odebrecht.
Germán Brito definió su decisión como “coherente con la postura que mantuve en la etapa en que me desempeñé como jueza de la Suprema Corte de Justicia”.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.