Abinader hace loable esfuerzo en favor de institucionalidad, pero se impone modificación constitucional.

Por Elba García

El presidente Luis Abinader pronunció un discurso a todo el país con la presencia del cuerpo diplomático y los directores de los medios de comunicación social, en el cual anunció una serie de reformas que repercute positivamente en un país que ha sido depredado por los que han tenido el control del Estado durante toda la vida republicana.

Entre las reformas que persigue el mandatario están establecer institucionalmente la separación del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, a fin de que tenga la independencia que ya ha sido iniciada con la designación de la magistrada Mirian German, quien ha articulado un admirado proceso de persecución en contra de los que se han apropiado de los recursos públicos.

Otra medida de Abinader se refiere a la creación de un gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, el cual estará presidido por la doctora Milagros Ortiz Bosch y como parte del mismo el director de Compras y Contrataciones del Gobierno, Carlos Pimentel, asimismo dispuso contratar un equipo de abogados para recuperar el dinero robado y centralizar el manejo de la publicicad que paga el Gobierno.

La propuesta incluye un paquete de proyectos de leyes para cambiar una serie de procedimientos que prevalecen en la sociedad dominicana, incluida aquella que permite que una serie de funcionarios ganen un sueldo por encima del que devenga el presidente de la República.

Todo ello dice que el presidente Abinader está lleno de muchas buenas intenciones, lo cual crea muy buenas expectativas en el seno de la sociedad dominicana, sobre todo después de la ocurrencia de tantos desfalcos en contra del patrimonio público.

Sin embargo, hay un tema, que aunque muy polémico,  y es que el se refiere a que  diferentes sectores de la vida nacional deben avocarse a desarrollar un debate nacional para modificar la Constitución de la República, a fin de eliminar la reelección presidencial, porque está más que demostrado que la sociedad dominicana no está preparada para tener dos periodos presidenciales de un mismo partido y de la misma persona.

Las leyes de cualquier país, principalmente la Carta Magna, tiene que ser un reflejo de la historia y la cultura de los pueblos y lo acontecido durante toda la vida republicana deja claro que el país no está en capacidad para tener dos periodos consecutivos de un mismo partido y de un mismo presidente.

Lo que ocurre es que cuando una persona dura varios años en una posición pública se llega a creer que esa dependencia oficial es de su propiedad y entonces viene el problema de la depredación del patrimonio nacional, lo cual se empeora con la cultura que prevalece en la sociedad dominicana de que incluso los propios familiares de los funcionarios se convierten en la primera presión para éste que coja lo que no es él.

La reforma constitucional ojalá se haga a través de una constituyente con elección y votación popular y que se pueda incorporar las figura jurídica del referendo revocatorio para que la misma sólo sea modificada mediante un mecanismo complejo para evitar lo que ocurre regularmente.

Desde hace muchos años amplios sectores de la vida nacional anhelan esos cambios para que la República Dominicana ocupe el lugar que le corresponde en el concierto de naciones del hemisferio occidental y principalmente del Caribe, donde el país tiene un sitial privilegiado.