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Intrant reitera que no habrá carros de concho en nueve corredores

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SANTO DOMINGO. La directora del Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Informó que más de un millón de motocicletas circulan en el país sin su respectivo marbete porque entraron como piezas, y así lo registró la Dirección de Aduanas, y fueron armadas aquí y vendidas como tales.

Claudia Franchesca de los Santos reveló también que apenas 300 mil motociclistas poseen licencia de conducir, debido a que una gran cantidad de ellos son extranjeros que se encuentran viviendo en el país sin ningún tipo de documento que avale su estatus migratorio.

Explicó que trabaja con la Dirección General de Impuestos Internos para buscar fórmulas posibles y lograr que ese millón de motocicletas que circulan sin placas sean regularizadas.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, la directora del Intrant dijo que el caso más difícil de resolver es el de motoconchistas que no tienen licencias porque su condición de extranjeros irregulares no les permite obtener dicho documento.

Reiteró que el caso de las motocicletas es uno de los principales problemas que tiene el tránsito y el transporte de pasajeros en el país, debido a que más del 60 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito, se producen en ese medio de transporte.

“Pero hay algo muy importante que hemos estado viendo con la Dirección de Impuestos Internos, y es que de dos millones de motores registrados, cerca de un millón no tiene placas, por qué no tienen placas, porque en algún momento entraron motores desarmados al país, Aduanas lo registraba como pieza y se armaban aquí en el país“, explicó la funcionaria.

Agregó que como consecuencia de eso, ninguna institución le podía dar placa, porque ese vehículo no entró siendo un motor, pero aseguró que se trabaja con la DIGII para dotarlos de sus respectivas chapas, porque además de un tema de seguridad ciudadana, todo el que está en las calles tiene que estar identificado y saberse quien es.

Aclaró que no necesariamente todo el que tiene una motocicleta sin placa es un delincuentes, a la vez que reveló que en el Plan Piloto hay una gran cantidad que han sido retenidas por los agentes de la AMET, a lo que insistió hay que buscarle una solución, siempre y cuando el propietario demuestra que la adquirió en buena lid.

Otra de las irregularidades que dijo la funcionaria se producen en ese sentido es la gran cantidad de personas que anda en motocicletas desprovisto de la licencia de conducir.

“Hay registrados cerca de dos millones de motores, y licencia de motores registradas tenemos solo 300 mil, de las cosas que el Intrant comenzó hacer fue coordinar con los diferentes sindicatos de motoristas y llevarle las unidades móviles de licencias para dotarlos de ese documento“, explicó.

Sostuvo que desde agosto se han montado esos operativos con tres unidades de licencias que se está moviendo a nivel nacional para lograr reducir el número de motociclistas sin el documento.

Ratifica en nueve corredores en la capital no se permitirá carros del concho y choferes solo trabajarán seis horas al día

La directora del Intrant Claudia Franchesca de los Santos explicó que como parte del ordenamiento del tránsito vehicular y el transporte de pasajeros en la ciudad de Santo Domingo, en nueve corredores no se aceptará la circulación de los carros del concho.

La funcionaria dijo que también se contempla que los choferes de los minibuses de pasajeros solo trabajarán seis horas al día, para los cual en una jornada de 18 horas que circule una unidad contará con tres conductores en ese periodo de tiempo.

“Se han identificado nueve corredores en la ciudad de Santo Domingo, que los principales son los tradicionales que conocemos, Kennedy, 27 de Febrero, Máximo Gómez, Sabana Larga, Isabel Aguiar, es decir los corredores de siempre, estos corredores ameritan una colectivización de su transporte“, detalló Claudia Franchesca.

Recordó que la ley le indica al Intrant que eso hay que hacerlo ,es decir eficientizar el sistema de pasajeros por lo cual se ha diseñado un plan que ya hace un año se hizo partícipe a todos los transportistas.

Aseguró que el propio presidente Danilo Medina le explicó a los líderes del sector transporte de pasajeros cómo sería ese plan que pretende enfrentar el caos que en ese sentido vive la ciudad de Santo Domingo.

“Dependiendo de la demanda de pasajeros, se establecen los vehículos, sus capacidades, sus frecuencias que deben circular en esa vía, si es un autobús de 45 pasajeros, si tiene que ser de 80, de 90, si tiene que ser de 30, entonces se establece una frecuencia de cada qué tiempo tiene que pasar un autobús por la parada a recoger pasajeros, y se le garantiza la ocupación“, precisó.

Insistió en que la ley ordena un proceso de deschatarrización, es decir sacar las chatarras, y se establecerá la cantidad de carros del concho que deberán salir del sistema.

“Los vehículos que queden deberán estar en condiciones de dar el servicio, y el Intrant lo llevará a vías periféricas de la ciudad, no a las vías centrales, porque en ellas se quedarán solamente los autobuses“, especificó la funcionaria.

Dijo que la institución que dirige creará un fideicomiso mediante el cual serán comprados los vehículos a ser chatarrizados, a cuyo propietario se le otorgará un bono con el cual al operador de ruta le servirá para cubrir parte del costo de la nueva unidad que va adquirir.

Advirtió que las nuevas unidades que comprarán los operadores, para los cuales tendrán algún incentivo fiscal, no será carros, sino autobuses y minibuses.

Sobre el horario de las seis horas que deberán trabajar los choferes en el transporte urbano, será supervisado por inspectores del Intrant, ya que se busca que los conductores no trabajen en horarios tan extendidos que puedan provocar situaciones que pongan en riesgo su seguridad, la de los pasajeros, peatones y otros vehículos que circulen por donde él se desplaza.

En otro orden, la funcionaria informó que se instalarán radares con cámaras de vigilancia en los puntos negros de las principales carreteras del país, y que los conductores que violen la velocidad máxima permitida, con la imagen que tome la cámara se le aplicará una multa a nombre de la persona que esté registrado el vehículo.

diariolibre.com

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¿Cuánto costará la nueva cédula para cada dominicano?

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Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.

La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.

Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita, 

El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.

Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.

La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.

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Urgen formalizar trabajadoras domésticas tras denuncias contra Julio Iglesias

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Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.

Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.

Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.

Aunque aseguran que por temor los casos no llegan ante el Ministerio de Trabajo ni a la Policía.

«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.

«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.

Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.

En ese sentido, las sindicalistas consideraron oportuno la habilitación de mecanismos para prevenir ese tipo de violencia contra la mujer.

¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?

Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.

  • Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.

Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.

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Legislando contra el reloj: los costos ocultos de la perención legislativa

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Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.

Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.

Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.

Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.

Peor aún, se congestiona la agenda legislativa con proyectos repetidos. Las comisiones se llenan de iniciativas reintroducidas. Los equipos legislativos trabajan más en recuperar lo que ya se hizo que en construir propuestas nuevas. Se pierde visión estratégica. El Congreso entra en un círculo vicioso de tramitología, donde el proceso se impone al propósito.

Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.

El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.

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