Economía
Investigación de corrupción en Brasil enfrenta riesgo de sabotaje
Investigación de corrupción en Brasil enfrenta riesgo de sabotaje
La investigación anticorrupción sin precedentes de Brasil corre el riesgo de ser saboteada por intereses políticos arraigados, advirtió su principal investigador. La investigación de Lava Jato sobre los sobornos en la petrolera estatal Petrobras hasta ahora ha resultado en cerca de 110 condenas, incluyendo la de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente más popular en la historia reciente del país, y las condenas de personas previamente intocables como el ex presidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha y Marcelo Odebrecht, el exdirector de la compañía de construcción más grande de América Latina.
Pero a pesar de la popularidad de la investigación entre los ciudadanos brasileños, “estamos viendo la intensificación de una reacción en contra de la investigación”, aseveró Deltan Dallagnol, el fiscal federal que encabeza el movimiento anticorrupción, en una entrevista con el Financial Times.
“Nos estamos acercando a un punto crítico. A medida que la investigación se ha expandido y ha tocado al universo de los poderosos, ellos se han ido uniendo. Aunque son opositores en la esfera política, tienen un adversario común, que es Lava Jato”, agregó. “Existen diferentes actores que pueden poner en peligro a Lava Jato”.
A diferencia de las purgas anticorrupción en otros lugares, como en China, la investigación brasileña está encabezada por fiscales independientes en lugar de políticos o el partido gobernante. La mayoría de los brasileños apoyan este esfuerzo con la esperanza de que pueda poner fin a la impunidad que tradicionalmente han disfrutado las figuras ricas y poderosas en el país frente al enjuiciamiento.
Dos grandes acuerdos de culpabilidad, con Odebrecht y el gigante del sector cárnico, JBS, han implicado a más de 1,800 políticos de más de dos docenas de partidos políticos.
“La corrupción sostiene la permanencia de los corruptos en el poder, lo que a su vez genera más corrupción. Habíamos entrado en un círculo vicioso”, dijo el fiscal de 37 años de edad, educado en Harvard, desde sus hacinadas oficinas en la ciudad sureña de Curitiba, la sede de su equipo de 50 fiscales, abogados e investigadores.
“Lo han hecho durante décadas”, dijo el Sr. Dallagnol. “Si no eliminamos esa impunidad a través de Lava Jato, no podremos cambiar ese sistema”.
La supervivencia de este enorme esfuerzo depende de su popularidad entre los brasileños comunes, dijo. “El futuro depende de cuánto defenderá la sociedad esta operación. La sociedad es el gran escudo que actualmente protege a la operación”.
El Sr. Dallagnol alegó que se estaban uniendo poderosos intereses — abarcando desde la presidencia hasta el Congreso — para socavar, o hasta bloquear, la investigación. Han reducido radicalmente el personal de la policía federal a cargo de la investigación, mientras que los legisladores han votado dos veces en contra la admisibilidad de los cargos contra el presidente Michel Temer.
En octubre, los senadores se unieron para permitir que uno de sus homólogos, Aécio Neves, permaneciera en su puesto después de que salió a la luz una presunta grabación en la que el Sr. Neves estaba discutiendo sobornos con un empresario. La semana pasada, la legislatura de Río de Janeiro anuló un fallo judicial que había mandado al presidente de su Cámara de Representantes, Jorge Picciani, a la cárcel, y recientemente hubo un cambio controvertido del jefe de la policía federal.
“Cuando vemos el poder de estos grandes intereses y a los políticos uniéndose en contra de Lava Jato, lo primero que pensamos es que sólo es cuestión de tiempo antes de que puedan limitar a los investigadores, destruir las herramientas de las investigaciones y anular las condenas”, aseveró el Sr. Dallagnol, refiriéndose a la operación Lava Jato, que desde su inicio en 2014 ha detenido a más de 280 personas.
Los críticos han acusado al Sr. Dallagnol y al juez Sérgio Moro de la corte federal en Curitiba de investigar, arrestar y condenar a los acusados arbitrariamente a través de acuerdos de culpabilidad y de sacar sus propias conclusiones de sus pruebas.
El Sr. Lula da Silva, el expresidente de izquierda quien fue sentenciado a nueve años y medio de cárcel, ha criticado al Sr. Dallagnol y otros fiscales de Lava Jato como “mocosos”. Sin embargo, la última encuesta de Ipsos muestra que 94 por ciento de los brasileños creen que Lava Jato “debe continuar las investigaciones hasta el final, sin importar lo que cueste”. El Sr. Lula da Silva, quien niega los cargos, está apelando la condena
Al igual que en el caso las investigaciones de soborno en Italia, conocidas como “Mani Pulite” (manos limpias) en los años noventa — que fueron la inspiración para Lava Jato y allanaron el terreno para el auge del ex primer ministro, Silvio Berlusconi — las revelaciones de corrupción han impulsado el sentimiento antisistema de cara a las elecciones del próximo año. Esto podría ayudar a los candidatos populistas que están prometiendo un diferente sistema político.
“Esperamos que todo esto genere un movimiento en la sociedad civil, de modo que en 2018 el país pueda pasar la página”, dijo el Sr. Dallagnol, enfatizando la necesidad de implementar reformas sistémicas en un sistema político considerado por muchos como corrupto. “Si no hay renovación política, el mayor riesgo para Lava Jato vendrá después de las elecciones”.
diariolibre.com
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.