Santo Domingo, RD.-La Procuraduría General de la República ha retomado Las indagatorias sobre el origen de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas por funcionarios actuales y pasados, y otros delitos vinculados a actos de corrupción administrativa.Nacionales
Otra vez en la palestra pública Investigaciones sobre declaraciones juradas.
Santo Domingo, RD.-La Procuraduría General de la República ha retomado Las indagatorias sobre el origen de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas por funcionarios actuales y pasados, y otros delitos vinculados a actos de corrupción administrativa.Esta semana arranca activa, con la continuación del interrogatorio al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien comenzó a ser investigado el pasado viernes sobre su patrimonio y su desempeño en esa institución durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
El ex funcionario tiene que volver este lunes, a las 3:00 de la tarde, según informó él mismo a la salida de la PGR el viernes pasado, cuando acudió por primera vez, en respuesta a una citación del ministerio público.
Sobre el motivo de su interrogatorio, solo adelantó que empezaron a ver los temas sobre su declaración jurada de su patrimonio, que según reportó a la Cámara de Cuentas, asciende a RD$768,321,216. Empero ha trascendido que forma parte de una investigación más amplia que desarrolla la PGR que conciernen a irregularidades en el ejercicio de sus funciones en el Ministerio de Hacienda.
Se espera que esta semana, las autoridades del ministerio público den más detalles sobre los interrogatorios al ex funcionario y de otras investigaciones en curso.
Los interrogatorios son realizados por la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, que dirige la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
El ex ministro de Hacienda no ha sido el único exfuncionario que ha tenido que acudir a la Procuraduría para aclarar sobre su patrimonio y sobre su desempeño en un ente de la administración pública.
Los interrogatorios tampoco se limitan al ámbito de la declaración jurada de bienes, sino también a otros delitos relacionados con la corrupción en la administración pública.
En la lista de interrogados por las declaraciones juradas figuran la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina; el senador Félix Bautista; el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho; el asistente del exmandatario Medina, Robert de la Cruz; la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, y el exalcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua.
De la actual administración, se incluye la entonces ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien primero fue suspendida por el presidente Luis Abinader, a solicitud de ella, y luego renunció del puesto para enfrentar cualquier acusación en su contra que presente el ministerio público.
Mientras, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, tuvo que acudir varias veces a la PGR para explicar sobre irregularidades en la licitación para la adquisición de kits de alimentos en la cuarentena por el Covid-19 en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), en la gestión de Berlinesa Franco.
Los propios miembros de la Cámara de Cuentas fueron llamados por la PRG, inicialmente por obstrucción a la justicia, y luego por actos líticos en la institución.
Desde septiembre del 2020, un mes después de asumir el cargo, la procuradora Mirian Germán Brito, dejó claro que el ministerio público investigará a actuales y anteriores funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes, que exhiban un patrimonio injustificado o que falseen datos.
Luego, la procuradora dijo que se llamará a interrogatorio a todo el que sea necesario.
La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, advirtió en septiembre, en una entrevista, que “no quedará sin investigar ninguna denuncia que tenga que ver con la desaparición o sustracción de un peso del Estado”.
Y el procurador anticorrupción, Wilson Camacho, dijo que será a su “debido tiempo” que el ministerio público procesará penalmente a quienes no puedan justificar el patrimonio que reportaron ante la Cámara de Cuentas.
A final de noviembre del 2020, la exdirectora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que el presidente Luis Abinader suspendió, de forma provisional, a 36 funcionarios, por no presentar sus declaraciones juradas de bienes en el plazo que le impone la ley.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.