Latinoamericanas
Investigan asesinato de cuatro miembros de una misma familia en Puerto Rico
Agencia Efe
San Juan.- La criminalidad volvió a golpear a Puerto Rico, que comenzó el año con el asesinato de cuatro personas de una misma familia, poco después de la muerte en un incidente violento de un destacado líder sindical de la isla.
La Policía investiga este jueves el origen del asesinato de una familia a las pocas horas de comenzar el nuevo año en la isla, que inicia el 2020 con la misma sensación de los últimos 12 meses de vivir bajo una criminalidad en alza que hace cada vez más inseguras las calles del territorio caribeño.
El inicio de 2020 hace recordar al de 2019, cuando un tiroteo -que terminó en un asesinato- el 6 de enero entre delincuentes en Isla Verde, una de las principales áreas turísticas de San Juan, fue grabado por vecinos y divulgado en las redes sociales, causa de que el Gobierno convocara una cumbre sobre seguridad y la promesa de un refuerzo de la vigilancia en las calles.
Los datos provistos por la Policía indican que 2019 concluyó con 605 asesinatos, 54 menos que en 2018, una reducción que no sirve para disimular la sensación de que las calles de la isla continúan siendo un lugar inseguro a pesar de la caída del número de muertes.
Doce meses después, el año volvió a arrancar de una manera violenta con la muerte de cuatro personas de una misma familia en lo que parece ser un ajuste de cuentas con uno de los hijos, supuestamente un delincuente habitual en los robos violentos de vehículos que no se encontraba en la vivienda de sus padres en lo momento del incidente.
El matrimonio asesinado fue identificado por la pareja formada por Edwin Ramos y Dorty Wickline, padres de dos gemelos de cerca de 10 años, que perdieron la vida en el incidente, y de Luis Ramos, quien permanece en una cárcel federal de la isla por el robo de vehículos.
El comisionado de la Policía, Henry Escalera, se limitó a señalar en una conferencia de prensa que se investigan todos los ángulos posibles del asesinato.
Además el pasado 27 de diciembre el presidente del sindicato Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Francisco Javier Reyes, murió en un tiroteo en Carolina, municipio vecino a la capital puertorriqueña.
La Policía no ha aclarado todavía cuál pudo ser el origen de este incidente en el que, según parece, se vio involucrado de forma accidental el líder sindical.
El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán, exigió a la gobernadora, Wanda Vázquez, que declare un estado de emergencia ante la criminalidad que afecta a la sociedad.
Otros líderes sindicales se unieron a Guzmán para exigir el freno a una criminalidad que hace cada vez más inseguras las calles de la isla caribeña.
En el primer día de 2020 otros dos hombres murieron de forma violenta y dos resultaron heridos de bala en un incidente registrado en la Avenida Hostos de Ponce, municipio del sur de Puerto Rico.
El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer, y el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, convocaron el 31 de diciembre una conferencia de prensa en la que se informó de la reducción en distintos renglones delictivos contra la propiedad y la persona.
Los funcionarios recalcaron que, a 30 de diciembre, se reportaron 6.456 delitos contra la persona, lo que representa una baja de 22 delitos en comparación con los 6.478 de 2018, además de una reducción de cerca de 50 en los asesinatos dura este último año.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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