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Advierte a partidos políticos sobre plazo para actos proselitistas.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE)Román Jáquez Liranzo, advirtió a los partidos políticos que tienen quince días para que se ajusten a la ley en lo referente a la campaña electoral. «Hablamos el 25 de agosto», fue la advertencia del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Jáquez Liranzo, a los representantes de las organizaciones partidarias, quienes señalaron que a ese organismo le «falta garras para hacer cumplir la ley«.
La JCE emitió un comunicado de advertencia en el que instó a estas organizaciones a abstenerse de mítines, marchas y publicidad externa durante la precampaña, ya que están prohibidos durante este período, y les dio un plazo de 15 días para retirar toda la publicidad.
«Reitero, el 25 de agosto el Pleno hablará», destacó Jáquez Liranzo.
Dionisio de los Santos, delegado suplente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó que la ley 33-18 de Partidos Políticos establece lo relacionado con la propaganda en la precampaña, pero que los partidos de oposición llevan más de seis meses haciendo proselitismo político a través de las afiliaciones en las filas de esas organizaciones y promoviendo distintas figuras.
«El PRM fue cuidadoso y respetuoso con las decisiones de la JCE, así como con la ley 33-18 al respecto, pero no nos ha quedado otra alternativa. Si todos los partidos están en la calle haciendo lo mismo, nosotros no podemos quedarnos atrás como organización política», dijo De los Santos.
Los partidos señalaron que han orientado a sus precandidatos a tener prudencia en el manejo de la publicidad.
Mientras tanto, Javier Ubiera, delegado suplente de la Fuerza del Pueblo ante la JCE, aseguró que la organización electoral «se durmió» un poco con el tema del proselitismo, ya que la advertencia debió realizarse desde el primer día del inicio de la precampaña en julio.
«Vemos cómo hay campañas presidenciales, senatoriales y de alcaldes que van en contra de la normativa, y creo que ya es un poco tarde, pero vamos a ver cómo se puede controlar el tema», dijo Ubiera.
Ubiera aseguró que la JCE está al tanto de qué aspirantes y precandidatos han infringido la ley y que ante esto, ese órgano hizo la advertencia de manera general. El reto será qué hará la institución encargada de las elecciones con la publicidad desplegada, y aseguró que debió haberse hecho antes.
Para la presidenta en funciones y delegada política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, es responsabilidad de la JCE hacer que se cumplan las leyes y que en el caso de esa organización, la publicidad que tienen es para que los ciudadanos se afilien.
«Vemos bien que la JCE cumpla su rol de hacer cumplir con la normativa vigente en materia electoral», dijo Camilo.
Manifestó que los altos liderazgos de los partidos deben ser convocados por la JCE para hacer cumplir con ese comunicado.
En tanto, el presidente del partido «Primero la Gente», Antonio Marte, cuestionó el hecho de que no se haya hecho antes esta advertencia, ya que antes de celebrarse las primarias internas, ya hay organizaciones con candidatos proclamados.
«La JCE debe tener un equipo para retirar esa propaganda, y si es necesario contar con los ayuntamientos, la JCE no logrará nada», dijo Marte.
Manifestó que ese organismo tiene suficiente presupuesto para llevar a cabo todo lo referente a la prevención del proselitismo a destiempo.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.