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Menores de 12 años tendrán cédula de identidad a partir del último trimestre de 2025
Santo Domingo, R.D.-Los menores de edad desde los doce años a partir del último trimestre de 2025 podrán obtener su cédula de identidad, anunció La Junta Central Electoral (JCE), cuya medida responde a los cambios incorporados por la nueva Ley del Registro Civil y forma parte de un ambicioso proyecto para emitir una nueva cédula con tecnología avanzada, pese a que la misma en su versión inicial no habilitará para votar, aunque sí funcionará como un documento oficial de identificación, lo que integrará a más de un millón de adolescentes al sistema nacional de identidad.
Anibelca Rosario, miembro suplente de la JCE, detalló estos avances durante una entrevista, explicando que el proyecto busca modernizar el sistema de identificación del país. Esta iniciativa prepara el terreno para los futuros procesos electorales de 2028, asegurando una identidad ciudadana más accesible e inclusiva para toda la población.
La futura cédula contará con un formato físico obligatorio y una versión digital opcional. Los usuarios tendrán la flexibilidad de decidir qué información mostrar en la versión digital. Esta permitiendo ocultar datos como la dirección o el tipo de sangre si así lo desean.
Para facilitar el acceso, la JCE habilitará centros de entrega con horario de 24 horas y operativos móviles, pensados para personas con condiciones de salud especiales o residentes en zonas remotas, tanto dentro como fuera del país. Además, el nuevo documento será obligatorio para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y extranjeros con residencia permanente en el país.
El proceso de entrega de las cédulas se organizará según el mes de nacimiento del solicitante. La JCE prevé completar este proceso en un año, con la posibilidad de una extensión hasta principios de 2027 ante eventuales retrasos.
Aunque la empresa o consorcio encargado de la producción de las nuevas cédulas aún no ha sido seleccionado, Rosario aseguró que el proyecto avanza a buen ritmo y con una sólida planificación. La población objetivo supera los nueve millones de dominicanos, y la entrega se realizará de manera escalonada, organizada y apoyada por una campaña informativa. Esta transformación, según Rosario, representa no solo un salto tecnológico, sino también un paso decisivo hacia una identidad ciudadana más moderna.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.