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JCE cree desaprovecharon oportunidad de reforma integral de ley Electoral
Santo Domingo.-Aunque saluda la aprobación de la nueva ley de Régimen Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, consideró que “el poder político desaprovechó una oportunidad importante para hacer una reforma integral donde se impactaran aspectos de más relevancia”.
Jáquez Liranzo aseguró que ese organismo hizo su tarea con tiempo, presentando al Congreso Nacional una propuesta integral de reforma a las leyes electorales.
No obstante, reconoció que el nuevo ordenamiento, pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo, dará a la JCE las garras para actuar en el período de precampaña y campaña. Además, permitirá sancionar la violación a los topes de gastos permitidos en el período de la campaña, entre otros aspectos.
Precisó que como consecuencia de la nueva legislación más de 25 aspectos electorales deberán ser regulados a través de resoluciones y reglamentos, para lo que la JCE dispone de un plazo de 180 días.
Reforma ideal
“Hay que señalar que la Junta Central Electoral hizo una propuesta de reforma ideal y que saluda al Congreso Nacional por la iniciativa de hacer la reforma, sin embargo, entiende que el poder político ha desaprovechado una oportunidad importante para hacer una reforma integral donde se impactaran aspectos de más relevancia”, enfatizó al ser entrevistado a su llegada a la JCE.
Recalcó que la JCE ha cerrado la fase de discusión y de opinión respecto al tema, pues lo único pendiente es el procedimiento constitucional para la promulgación y publicación de la ley.
Del trabajo de la JCE
Jáquez Liranzo dijo que la Junta creó una comisión para trabajar en una reforma, así como celebró un sinnúmero de talleres y reuniones para presentar a la comunidad política, en agosto de 2021, un proyecto de modificación electoral impactando las dos leyes en más de 130 artículos.
Sostuvo que la propuesta de la JCE tenía una modalidad de valor agregado, con motivaciones desde el punto de vista jurisprudencial, doctrinal, técnico y en base a informes de misiones de observación de organismos internacionales.
“La Junta entró a la mesa electoral, la número 3 como coordinadora en el CES (Consejo Económico y Social), donde se discutieron disensos y consensos, todo sobre la base de nuestra propuesta de reforma, y para principios del año pasado, la Junta depositó en base a su facultad constitucional de iniciativa legislativa, en el Senado de la República, ambos proyectos”, agregó.
Manifestó que, a final de cuentas, este lunes se aprobó una reforma a la Ley de Régimen Electoral, por lo que, como organismo, saludan y reconocen la labor de los legisladores.
De la nueva legislación
La Cámara de Diputados convirtió en ley este lunes, el proyecto de Régimen Electoral, tras declararlo de urgencia y aprobarlo en dos sesiones consecutivas. La pieza tiene como objetivo regular el ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegibles, el procedimiento y desarrollo del proceso electoral en todos los niveles de elección y el funcionamiento y competencias de la JCE, como órgano responsable de los comicios.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.