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JCE dice 20% acciones de Indra son del gobierno español y advierte que no acepta directrices
SANTO DOMINGO. La defensa asumida por la Embajada de España en el país, de los intereses de la empresa Indra Sistema, que suplió los equipos informáticos a la Junta Central Electoral (JCE), se debe a que el 20% de la parte corporativa de dicha empresa pertenecen al Estado español.
La revelación la hizo el presidente del organismo de elecciones dominicano, Julio César Castaños Guzmán, quien la semana pasada sostuvo una reunión de más de dos horas con el embajador de España, Alejandro Abellán García de Diego y los ejecutivos de la empresa suplidora.
“El hecho de que es una inversión de una compañía española y habiendo un acuerdo firmado en el 1995 entre el Estado Español y la República Dominica es perfectamente viable, posible y natural que la diplomacia española, en función a la defensa a los intereses a una compañía que tiene esas particularidades, intervenga”, enfatizó.
Precisó que los españoles están reclamando una deuda de US$13.9 millones, para lo cual se están acogiendo a los términos del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Dominicana, firmado en marzo de 1995. Dicho acuerdo establece que las controversias que surjan entre un inversionista y la parte contratante y no pudieran ser resueltas en un plazo de seis meses irían a un Tribunal de Arbitraje ad-hoc.
Al respecto, Castaños Guzmán aseguró que, de llegar a la justicia, el caso deberá ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo de República Dominicana, porque así lo establece el contrato firmado con esa compañía en diciembre del 2015. En consecuencia, descartó un tribunal de arbitraje.
Afirmó que la JCE no está en disposición de hacer el pago correspondiente hasta tanto la Cámara de Cuentas establezca el estatus financiero con Indra.
Dijo que existe la posibilidad de recurrir a algún tipo de indemnización por el pobre desempeño de los equipos suplidos por Indra.
“Esta Junta es absolutamente soberana en las decisiones que va a tomar sobre el particular y, además, es incorruptible e ingobernable y nadie absolutamente nadie puede pretender ponerle directrices a esta institución que es absolutamente soberana”, aseveró.
Asimismo, Castaños Guzmán destacó que el último pago realizado por esa institución a Indra Sistema fue en junio del pasado año 2016, lo que pone en evidencia que la anterior administración de la JCE no pagó; “o sea, tenía algún grado de insatisfacción”.
La Junta notificará a la empresa Indra que en virtud al Código Civil recurrirá a la suspensión del plazo de prescripción de los dos años de la responsabilidad contractual a vencerse el próximo 5 de diciembre.
En un espacio de 1,700 metros, la JCE guarda los más de 42 mil equipos de registro de concurrentes, impresoras y de escrutinios de los votos utilizados en las pasadas elecciones. En el almacén, ubicado a escasos metros de la sede principal, se guardan en cajas y protegidos con lonas, los equipos de tecnología.
En el área sólo funcionan ventiladores, los cuales no dan abasto para refrescar el amplio salón que cuesta a la Junta mensualmente US$15 mil. Conforme al desglose en el lugar hay 16,244 equipos de registros de recurrentes; 16,187 impresoras y 16,134 unidades para el escrutinio de los votos.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.