Nacionales
JCE dice 20% acciones de Indra son del gobierno español y advierte que no acepta directrices
SANTO DOMINGO. La defensa asumida por la Embajada de España en el país, de los intereses de la empresa Indra Sistema, que suplió los equipos informáticos a la Junta Central Electoral (JCE), se debe a que el 20% de la parte corporativa de dicha empresa pertenecen al Estado español.
La revelación la hizo el presidente del organismo de elecciones dominicano, Julio César Castaños Guzmán, quien la semana pasada sostuvo una reunión de más de dos horas con el embajador de España, Alejandro Abellán García de Diego y los ejecutivos de la empresa suplidora.
“El hecho de que es una inversión de una compañía española y habiendo un acuerdo firmado en el 1995 entre el Estado Español y la República Dominica es perfectamente viable, posible y natural que la diplomacia española, en función a la defensa a los intereses a una compañía que tiene esas particularidades, intervenga”, enfatizó.
Precisó que los españoles están reclamando una deuda de US$13.9 millones, para lo cual se están acogiendo a los términos del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Dominicana, firmado en marzo de 1995. Dicho acuerdo establece que las controversias que surjan entre un inversionista y la parte contratante y no pudieran ser resueltas en un plazo de seis meses irían a un Tribunal de Arbitraje ad-hoc.
Al respecto, Castaños Guzmán aseguró que, de llegar a la justicia, el caso deberá ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo de República Dominicana, porque así lo establece el contrato firmado con esa compañía en diciembre del 2015. En consecuencia, descartó un tribunal de arbitraje.
Afirmó que la JCE no está en disposición de hacer el pago correspondiente hasta tanto la Cámara de Cuentas establezca el estatus financiero con Indra.
Dijo que existe la posibilidad de recurrir a algún tipo de indemnización por el pobre desempeño de los equipos suplidos por Indra.
“Esta Junta es absolutamente soberana en las decisiones que va a tomar sobre el particular y, además, es incorruptible e ingobernable y nadie absolutamente nadie puede pretender ponerle directrices a esta institución que es absolutamente soberana”, aseveró.
Asimismo, Castaños Guzmán destacó que el último pago realizado por esa institución a Indra Sistema fue en junio del pasado año 2016, lo que pone en evidencia que la anterior administración de la JCE no pagó; “o sea, tenía algún grado de insatisfacción”.
La Junta notificará a la empresa Indra que en virtud al Código Civil recurrirá a la suspensión del plazo de prescripción de los dos años de la responsabilidad contractual a vencerse el próximo 5 de diciembre.
En un espacio de 1,700 metros, la JCE guarda los más de 42 mil equipos de registro de concurrentes, impresoras y de escrutinios de los votos utilizados en las pasadas elecciones. En el almacén, ubicado a escasos metros de la sede principal, se guardan en cajas y protegidos con lonas, los equipos de tecnología.
En el área sólo funcionan ventiladores, los cuales no dan abasto para refrescar el amplio salón que cuesta a la Junta mensualmente US$15 mil. Conforme al desglose en el lugar hay 16,244 equipos de registros de recurrentes; 16,187 impresoras y 16,134 unidades para el escrutinio de los votos.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.