Nacionales
JCE dice 20% acciones de Indra son del gobierno español y advierte que no acepta directrices
SANTO DOMINGO. La defensa asumida por la Embajada de España en el país, de los intereses de la empresa Indra Sistema, que suplió los equipos informáticos a la Junta Central Electoral (JCE), se debe a que el 20% de la parte corporativa de dicha empresa pertenecen al Estado español.
La revelación la hizo el presidente del organismo de elecciones dominicano, Julio César Castaños Guzmán, quien la semana pasada sostuvo una reunión de más de dos horas con el embajador de España, Alejandro Abellán García de Diego y los ejecutivos de la empresa suplidora.
“El hecho de que es una inversión de una compañía española y habiendo un acuerdo firmado en el 1995 entre el Estado Español y la República Dominica es perfectamente viable, posible y natural que la diplomacia española, en función a la defensa a los intereses a una compañía que tiene esas particularidades, intervenga”, enfatizó.
Precisó que los españoles están reclamando una deuda de US$13.9 millones, para lo cual se están acogiendo a los términos del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Dominicana, firmado en marzo de 1995. Dicho acuerdo establece que las controversias que surjan entre un inversionista y la parte contratante y no pudieran ser resueltas en un plazo de seis meses irían a un Tribunal de Arbitraje ad-hoc.
Al respecto, Castaños Guzmán aseguró que, de llegar a la justicia, el caso deberá ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo de República Dominicana, porque así lo establece el contrato firmado con esa compañía en diciembre del 2015. En consecuencia, descartó un tribunal de arbitraje.
Afirmó que la JCE no está en disposición de hacer el pago correspondiente hasta tanto la Cámara de Cuentas establezca el estatus financiero con Indra.
Dijo que existe la posibilidad de recurrir a algún tipo de indemnización por el pobre desempeño de los equipos suplidos por Indra.
“Esta Junta es absolutamente soberana en las decisiones que va a tomar sobre el particular y, además, es incorruptible e ingobernable y nadie absolutamente nadie puede pretender ponerle directrices a esta institución que es absolutamente soberana”, aseveró.
Asimismo, Castaños Guzmán destacó que el último pago realizado por esa institución a Indra Sistema fue en junio del pasado año 2016, lo que pone en evidencia que la anterior administración de la JCE no pagó; “o sea, tenía algún grado de insatisfacción”.
La Junta notificará a la empresa Indra que en virtud al Código Civil recurrirá a la suspensión del plazo de prescripción de los dos años de la responsabilidad contractual a vencerse el próximo 5 de diciembre.
En un espacio de 1,700 metros, la JCE guarda los más de 42 mil equipos de registro de concurrentes, impresoras y de escrutinios de los votos utilizados en las pasadas elecciones. En el almacén, ubicado a escasos metros de la sede principal, se guardan en cajas y protegidos con lonas, los equipos de tecnología.
En el área sólo funcionan ventiladores, los cuales no dan abasto para refrescar el amplio salón que cuesta a la Junta mensualmente US$15 mil. Conforme al desglose en el lugar hay 16,244 equipos de registros de recurrentes; 16,187 impresoras y 16,134 unidades para el escrutinio de los votos.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Nacionales
MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.