Nacionales
JCE: El haitiano que acusó al país ante la CIDH declaró tres hijos y votó cinco veces
SANTO DOMINGO. El inmigrante haitiano que demandó al país ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que la Junta Central Electoral (JCE) acusó el martes de apoyarse en documentos falsos para sustentar su nacionalidad dominicana, usó esa identidad fraudulenta para declarar el nacimiento de tres personas, y votar en cinco de los últimos torneos electorales.
La querella presentada ante la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, por el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, indica que el imputado William Medina Ferreras utilizó su cédula falsa para votar en los procesos electorales de los años 2002, 2006, 2008, 2010 y 2012.
«Que, además, utilizando esta cédula de identidad (019-0014832-9), el señor William Medina Ferreras, procedió a realizar las declaraciones de los inscritos Carolina Medina Pérez, Luis Ney Medina Pérez y Awilda Medina Pérez», indica la querella.
En octubre de 2013, Medina Ferreras, de 47 años, declaró ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que vivía en el fronterizo municipio Oviedo, en la provincia Pedernales, y que una madrugada, hace 14 años, llegaron a su casa militares y una supuesta funcionaria de Migración, y lo detuvieron, «acusado de haitiano».
Dijo que, pese a ser dominicano, fue repatriado a Haití, junto con su familia en el año 2000, teniendo que mendigar para sobrevivir en ese país.
Su caso pertenece al expediente conocido como «Tide Méndez y otros vs. República Dominicana» que se refiere a la expulsión de 27 personas, una acción tildada como muestra de discriminación racial en República Dominicana y alegadas violaciones a los derechos humanos durante redadas y repatriaciones masivas en la década de los 90.
El expediente presentado por la JCE señala la realización de indagatorias para verificar si se correspondían con la realidad los padres y hermanos citados por Medina Ferreras, resultando también una farsa.
La querella dice que el acta de nacimiento conseguida irregularmente por el imputado indica un registro en la Oficialía del Estado Civil de Cabral.
La JCE se constituyó en actor civil, y solicitó el martes a la Fiscalía del Distrito Nacional investigar al imputado y cualquier persona que resulte implicada, para ser sometidos a la justicia.
La institución exigió una reparación de daños y perjuicios, provisionalmente evaluada en un monto total de RD$1 millón, y la aplicación de las sanciones penales correspondientes.
Caso egipcios
El otro expediente depositado el martes por la JCE en la Fiscalía, referente a una denuncia de cuatro ciudadanos egipcios que se dedicaban a falsificar documentos de identidad, indica que Mohammad Shad, le entregó RD$7,500 a los nombrados Mohhamad Shamdu, Atif Khan y Sharooq Massad Syed, para la gestión de tres documentos de identidad.
Señala que dos de las actas falseadas indican un registro en Jánico y la restante en Santiago.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.