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Proceso de revisión en JCE mediante plazos para observaciones a borradores de reglamentos para afiliaciones y desafiliaciones de miembros.
Santo Domingo, R.D.-Un plazo de diez días otorgó este martes la Junta Central Electoral (JCE) para que los delegados o representantes de las organizaciones políticas puedan hacer fundamentaciones o argumentaciones sobre dos borradores: el que instituye el procedimiento para el registro de afiliaciones y desafiliaciones de miembros y del procedimiento para el reconocimiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
Así lo informó el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo tras finalizar una audiencia pública en la que fueron socializados sobre los dos borradores en cuestión.
“De igual forma, del 27 de octubre al 31 de octubre a las 4:00 de la tarde, se otorga un plazo común para que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a través de sus delegados/as puedan tomar conocimiento de lo depositado en el plazo anterior vía Secretaría General”, agregó el presidente de la JCE.
Además, durante la audiencia pública se conoció como punto 3 de la agenda una instancia relativa a la solicitud del Partido Socialista Cristiano (PSC), que solicita el cambio de nombre de la organización, de su logo y su emblema, petición notificada a la JCE mediante documentación suscrita por su presidenta, Soraya Aquino, acta de la asamblea extraordinaria realizada el 27 de abril de 2025.
Previo a las conclusiones de la audiencia pública, la directora de Partidos Políticos, Lenis García, ofreció los detalles de la petición del Partido Socialista Cristiano, cambios que fueron aprobados por el Pleno tras no haber objeción por parte de los representantes de las organizaciones políticas presentes en la audiencia pública.
Algunos de los representantes de las organizaciones políticas que agotaron un turno para hacer sus observaciones sobre los borradores de los reglamentos que se socializaban, aprovecharon el espacio para reiterar su confianza en el Pleno, recordando el éxito de las pasadas elecciones y de otros procesos que se implementaron en el registro civil, agregando que confían plenamente en los trabajos de cara a la renovación de la nueva cédula, destacando la fortaleza y las innovaciones tecnológicas que integrará el nuevo documento, proyecto que recordaron fue socializado con todos los sectores de la sociedad.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.