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Proyecto de nueva cédula reafirma la JCE control absoluto de datos personales.
Santo Domingo.- Tras la difusión de informaciones que, según la Junta Central Electoral (JCE), podrían afectar la confianza pública en el proceso, la institución reiteró este lunes que mantiene el control total y exclusivo de los datos personales, biométricos y demográficos de los ciudadanos dominicanos en el marco del proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral.
Durante una rueda de prensa, Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la institución explicó que la licitación pública internacional para la nueva cédula se realizó conforme a los plazos y normas establecidas en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, garantizando la libre participación de empresas nacionales e internacionales.
Preciso que las convocatorias fueron publicadas en los periódicos dominicanos Listín Diario, Diario Libre, El Día y El Nacional, así como en los internacionales The New York Post (Estados Unidos) y El País (España), los días 25, 26, 28 y 29 de abril de 2024.
Contó que los tres consorcios participaron en el proceso, resultando adjudicado el consorcio EMDOC, con el cual se firmó contrato el 3 de octubre de 2025. La institución precisó que dicho consorcio “únicamente suplirá los equipos, materiales y servicios” necesarios para la renovación de la cédula, sin tener acceso a los sistemas ni a la base de datos de los ciudadanos.
“La Junta Central Electoral tiene la propiedad, control, administración y custodia exclusiva de todos los datos generados, tratados o almacenados en virtud del presente contrato”, señaló Jáquez Liranza, enfatizando que ni el consorcio contratado ni ninguna otra entidad pública o privada tendrá acceso a los sistemas internos.
El organismo también aclaró que ninguna de las cinco empresas que integran el consorcio EMDOC es de origen o capital haitiano. Una de las firmas es dominicana, dos panameñas y dos alemanas, entre ellas VERIDOS GmbH, cuyo 40% pertenece a la imprenta federal alemana Bundesdruckerei Gruppe GmbH, propiedad del Gobierno Federal de Alemania.
La JCE recordó que la institución cuenta con certificaciones internacionales en materia de seguridad de la información y continuidad del negocio, entre ellas las normas ISO 27001 e ISO 22301, ambas recertificadas en 2024 y 2025, lo que garantiza procedimientos auditables y controles tecnológicos rigurosos.
Finalmente, el Pleno informó que el proceso de la nueva cédula ha contado con el acompañamiento de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, y que se instruyó a la comisión técnica del proyecto a sostener reuniones con sus delegados para ofrecerles información directa y transparente sobre los avances del proceso.
“La identidad y seguridad de las informaciones de los dominicanos y dominicanas se encuentran plenamente resguardadas. El pueblo dominicano puede estar seguro de que sus datos personales no están en riesgo”, concluyó el Presidente.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.