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Camisa de fuerza para JCE ante partidos que buscan su reconocimiento legal.
El sistema electoral dominicano podría ser saturado por partidos políticos nuevos que no llenan las condiciones para operar como tales, lo cual es el resultado de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.
De 26 partidos políticos que tenía el sistema en las elecciones de 2016 y 2020, para la cita electoral de 2024 ya van 31 organizaciones y 5 movimientos locales. El número podría seguir aumentando si la Junta Central Electoral (JCE) se ve obligada por los precedentes legales a dar el sí a alguna de las 50 solicitudes de reconocimiento de partidos políticos.
¿Por qué la JCE ha sido obligada por los tribunales a otorgar personería jurídica a partidos a los que se la había negado por no cumplir los requisitos de ley?
El origen del problema lo detalla la sentencia 0366/2021 sobre un recurso de amparo que interpuso el Partido Generación de Servidores (PGS) del pastor evangélico Carlos Peña.
Resulta que mediante la resolución 22/2019 la JCE rechazó la solicitud de reconocimiento de los partidos PGS, Patria Para Todos y País Posible, pero luego todas esas organizaciones políticas presentaron, por separado, un recurso de revisión y el órgano volvió a denegar el reconocimiento, pero hizo una excepción, con País Posible, de Milton Morrison.
Basado en esa violación y el precedente establecido por Peña y su partido, otras organizaciones como Patria para Todos y Partido Socialista Cristiano, lograron sentencias favorables en los tribunales que la JCE tuvo que acatar y otorgarles la personería jurídica.
Fue durante la última gestión de Julio César Castaños Guzmán cuando la JCE se quemó en el test de igualdad, según la sentencia del Tribunal Constitucional, al privilegiar al partido País Posible y otorgarle el reconocimiento sin que haya cumplido con los requisitos establecidos, pero les negó la personería jurídica a otras organizaciones.
“Este órgano constitucional ha comprobado, que ciertamente, la Junta Central Electoral, pese a los mismos resultados generales, sin sustento objetivo alguno, para admitir una agrupación política y rechazar otras”. Esta distinción fue la que condujo a la Junta Central Electoral a dictar resoluciones en favor de una organización en perjuicio de otras, pese a que todas se encontraban en las mismas condiciones respecto a los requisitos porcentuales indicados”, argumenta el órgano constitucional en el fallo.
El fallo del Tribunal Constitucional explica que la resolución de la JCE violó el derecho a la igualdad, pues pese a que ninguna de las organizaciones solicitantes alcanzó un 50% del 2% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones, dio un trato distinto a País Posible.
La sentencia puntualiza que la JCE privilegió al partido de Morrison, que en las pasadas elecciones fue aliado al Partido Revolucionario Moderno (PRM), a pesar de que otra organización había alcanzado un porcentaje mayor que el partido de Morrison.
“Todo ello revela de manera clara que hubo un trato desigual por parte de la JCE en perjuicio de tres organizaciones políticas excluidas, lo que constituye una franca y palmaria vulneración al artículo 39 de la Constitución”, establece.
La sentencia apunta que la JCE también violó el artículo 216 de la Carta Magna sobre los partidos políticos.
Y para las 50 solicitudes actuales, ¿el fallo también impactará?
Actualmente, el departamento de partidos políticos de la JCE realiza la labor de campo para verificar el cumplimiento de los requisitos de 50 organizaciones, entre partidos y movimientos accidentales, que han solicitado al órgano que les otorgue personería jurídica.
El abogado Manuel Fermín, consultado sobre el efecto que tiene el fallo sobre los casos que trabaja ahora la JCE, sostuvo que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes para todas las instituciones.
“El criterio que emite el tribunal constitucional sobre un partido político debe dar el mismo tratamiento a otros partidos políticos, no obstante esos partidos no hayan sido parte de ese proceso, si se da la misma condición para los que recibieron el beneplácito del Tribunal Constitucional, debe recibir el mismo tratamiento por los precedentes constitucionales emitido por la máxima autoridad jurisdiccional, ese es el efecto vinculante que le han dado a sus fallos”, explicó.
Un ejemplo es el caso del Partido Socialista Cristiano, de Soraya Aquino, que no fue parte de ese proceso, pero basada en la sentencia del TC sometió un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo y logró que ordenara a la JCE su reconocimiento.
Partidos han crecido 150%
En más de 25 años, desde 1996 a la fecha, el número de partidos ha crecido más de un 150%. Para 1996, el número de partidos políticos era 12 y ahora 31 organizaciones tienen personería jurídica. De 1996 a 2012, el número pasó a 14, solo dos nuevos partidos.
Sin embargo, en un periodo de cuatro años, para 2004 la cantidad se disparó a 23. Para los comicios de 2008, cuatro años más tarde, la cantidad de partidos políticos no subió, bajó a 22.
Para 2012, la el número de partidos volvió a subir a 25, tres más que en las elecciones anteriores. Entre 2010 y 2016, en la gestión de Roberto Rosario, solo Alianza País, de Guillermo Moreno, logró reconocimiento por parte del órgano electoral.
JCE ha sido favorable a los partidos políticos
Constitución
Artículo El artículo 2016 de la Constitución elevó la categoría del sistema de partidos políticos.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.