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JCE: unificar las elecciones requiere de más tecnología
Santo Domingo, R.D.-Los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) manifestaron a la comisión bicameral que estudia la propuesta de reforma constitucional que para unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, como propone el Poder Ejecutivo, se necesitaría fortalecer los recursos tecnológicos utilizados en los procesos electorales.
El Pleno del organismo reveló que la celebración conjunta de los comicios requeriría un aumento en el número de colegios electorales, por lo que sería necesario implementar el sistema de voto automatizado o adquirir más equipos de escrutinio automatizado, (como el sistema de conteo de los votos utilizado en mayo), para completar con éxito el proceso.
Este jueves, la JCE presentó las implicaciones y necesidades de celebrar las elecciones en conjunto ante la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley que propone reformar la Constitución.
La unificación de las elecciones representaría que se desarrollen nueve procesos de escrutinio, por lo que eso demoraría el mecanismo de cómputo de los resultados. En esa línea, se planteó la necesidad de eliminar el sistema del voto preferencial para los niveles de regidurías y vocalías.
El primer boletín de un proceso comicial conjunto sería (en base a la proyección del departamento de informática de la JCE) a partir de la 1:00 de la mañana, con cerca del 25 % de los centros computados.
Entre las necesidades de la administración electoral se encuentra la reducción de electores por colegio de 600 a 300, la instalación de casi 30,000 colegios electorales y ampliar el horario de votación (de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde).
La unificación también requiere una serie de modificaciones al marco jurídico que rige el sistema electoral dominicano que incluyen, además de la Constitución, la Ley 20-23 de Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas.
Pleno hará informe
Senador Julito Fulcar.
Al finalizar la presentación de las implicaciones técnicas y logísticas para la unificación de las elecciones, Pedro Catrain, presidente de la comisión bicameral apoderada del proyecto, aseguró que en las próximas semanas tendrían una decisión. «A partir del lunes la comisión va a entrar en un proceso de discusiones internas y en una semana o un poco más vamos a tomar ya la decisión de redactar el informe final», dijo el senador.
La Comisión del Senado que evalúa a los aspirantes al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) fijó el cronograma de trabajo, a fin de recibir y estudiar los documentos de los candidatos. En la sesión del miércoles, el senador Julito Fulcar, coordinador de la comisión, detalló el calendario a seguir. En ese sentido, desde hoy hasta el sábado 28 de septiembre se recibirán los expedientes de los interesados. Estos podrán depositarlos en la web del Senado y de manera presencial a través del Departamento de Comisiones, en horarios de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. La comisión acordó, que, desde el lunes 30 de septiembre al miércoles 2 de octubre, se hará la depuración de los expedientes. El viernes 4 y el sábado 5 de octubre se publicará en dos periódicos el listado de los postulantes. A partir del 9 de octubre, se comenzarán las evaluaciones en grupos de 30 personas por día. Luego, se presentarán las ternas al Pleno.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.