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Más casos de corrupción que comprometen a Jean Alain.

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Santo Domingo, RD.-Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República,  construyó con dinero de la institución una verja perimetral en un terreno de su propiedad, que fue adquirido en su última operación con dinero de la Procuraduría, el cual se encuentra ubicado en la avenida Circunvalación de Santo Domingo, próximo al cruce de Villa Mella–Yamasá.

Así se hace constar en la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en contra del ex procurador y los demás encartados en el entramado de corrupción en el caso Medusa, cuyo expediente se encuentra en mano del juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado en la Instrucción del Distrito Nacional para conocer el juicio preliminar.

Conforme con la pieza acusatoria, dicho terreno, de unos 30 mil metros cuadrados, fue también adquirido de manera fraudulenta por Alain Rodríguez, en una de las últimas operaciones ilícitas cometida por el imputado, recluido en la cárcel de Najayo.

Destaca la acusación que el costo de la construcción de dicha verja fue pagado por el Alain Rodríguez a través de una factura ficticia a favor de Marizan Ingeniería, Construcción y Bienes Raíces S.R.L, que establecía que se trataba de la reparación de baños de la Procuraduría General de la República. Señala el expediente que consta de más de 12 mil páginas que se trató de la  última de las operaciones ilícitas en las que el alegado entramado de corrupción dirigido por Alain Rodríguez utilizó a la empresa Marizan Ingeniería, Construcción y Bienes Raíces S.R.L.

El ingeniero Grandersio Rafael Marizan Ubiña estableció al Ministerio Público que Antón Casasnovas Nolasco le solicitó que realizara un presupuesto y una factura, estableciendo partidas correspondientes a la reparación de baños en la Procuraduría, pero la realidad es que dicho dinero se utilizaría para la construcción de la verja perimetral, próximo al cruce de Villa Mella–Yamasá.

Enviar a juicio de fondo

En la acusación que consta de más de 3 mil pruebas y 400 testigos el ministerio público pide al juez apoderado fijar audiencia, a fines de conocer acto conclusivo consistente en acusación y solicitud de auto de apertura a juicio contra de los acusados.

Igualmente, que se admita de manera total la acusación presentada por el Ministerio Público, con todos sus elementos de prueba, en contra de las personas físicas y morales, objeto de la presente acusación y en consecuencia, dictar auto de apertura a juicio en contra de los acusados.

También que se mantengan las medidas de coerción impuestas a los acusados, a través de la resolución No. 0670-2021-SMDC-00952, por ser éstas las que garantizan que los imputados no se sustraigan al proceso penal que se le sigue por hechos graves.

Decomiso

Sostiene que una vez retenida la responsabilidad de los acusados en juicio de fondo, ordenar el decomiso en favor y provecho del Estado dominicano, de los elementos de pruebas materiales aportados en la presente acusación, a decir de los bienes muebles e inmuebles incautados y dinero ocupado.

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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