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Imputado en Arrecife 2.0 fue condenado a 30 años en 2019, dice MP
Santo Domingo, R.D.-Uno de los implicados en Operación Arrecife 2.0, es reconocido por el Ministerio Público como un narcotraficante que está prófugo de la justicia.
Se trata de Joel Antonio Estévez Batista, quien tiene varios antecedentes penales por tráfico de drogas, y conforme al Ministerio Público, fue condenado en el año 2019 a una pena de 30 años de prisión por patrocinio de tráfico internacional de drogas, junto al también reconocido narcotraficante Alejandro Vidal.
Esta sentencia fue dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de Santiago el 24 de julio de 2024, bajo el número 371-05-2019-SSEN-00145. La persona también condenada con Estévez Batista fue encontrado muerto mientras cumplía condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito en La Vega, el cual según autopsia fue envenenado en la cárcel.
Medida de coerción
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, presentaron la solicitud de imposición de medida de coerción contra seis personas a quienes les imputa ser miembros de una red responsable de tráfico internacional de drogas, tráfico de armas y lavado de activos desmantelada en la Operación Arrecife 2.0.
El Ministerio Público ha depositado la solicitud de medida de coerción en contra de Ángel María Polanco Tavarez, Luis Arístides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad de Alcequiez, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez y Wilmer Manuel Polanco Caridad, quienes fueron arrestados en allanamientos simultáneos, ejecutados el pasado 4 de octubre, en María Trinidad Sánchez, Samaná, Montecristi, la provincia Santo Domingo (en sus municipios Santo Domingo Este y Oeste) y el Distrito Nacional.
En los allanamientos, el Ministerio Público ocupó más de 2 millones de pesos en efectivo, 11 vehículos alta gama, entre los que destacan un Toyota de los modelos Hilux y 4Runner, Lexus, Mercedes Benz, entre otros, así como seis pistolas y escopetas y varias municiones de guerra, que se suman a las piezas probatorias en contra de la organización criminal.
Entre las armas de fuego ocupadas a la organización delictiva, se encuentra la pistola de marca Daewoo, modelo DP51, calibre 9MM, de color negra, y serie BA501921, en el cañón a manuscrito, tiene un número 2471-16, registrada a nombre de Cristian Antonio Dicent Polanco, quien aparece en el sistema con un proceso por homicidio, ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo y buscado activamente por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según reseñan diferentes medios de comunicación.
La Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez ha fijado para este lunes 7 de octubre de 2024, el conocimiento de la medida de coerción.
El Ministerio Público, estará solicitando la declaratoria del caso complejo, en virtud de la normativa procesal penal y la imposición de medidas de coerción como la prisión preventiva, para los principales líderes de la estructura, así como garantía económica y presentación periódica a otros.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.