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Imputado en Arrecife 2.0 fue condenado a 30 años en 2019, dice MP
Santo Domingo, R.D.-Uno de los implicados en Operación Arrecife 2.0, es reconocido por el Ministerio Público como un narcotraficante que está prófugo de la justicia.
Se trata de Joel Antonio Estévez Batista, quien tiene varios antecedentes penales por tráfico de drogas, y conforme al Ministerio Público, fue condenado en el año 2019 a una pena de 30 años de prisión por patrocinio de tráfico internacional de drogas, junto al también reconocido narcotraficante Alejandro Vidal.
Esta sentencia fue dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de Santiago el 24 de julio de 2024, bajo el número 371-05-2019-SSEN-00145. La persona también condenada con Estévez Batista fue encontrado muerto mientras cumplía condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito en La Vega, el cual según autopsia fue envenenado en la cárcel.
Medida de coerción
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, presentaron la solicitud de imposición de medida de coerción contra seis personas a quienes les imputa ser miembros de una red responsable de tráfico internacional de drogas, tráfico de armas y lavado de activos desmantelada en la Operación Arrecife 2.0.
El Ministerio Público ha depositado la solicitud de medida de coerción en contra de Ángel María Polanco Tavarez, Luis Arístides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad de Alcequiez, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez y Wilmer Manuel Polanco Caridad, quienes fueron arrestados en allanamientos simultáneos, ejecutados el pasado 4 de octubre, en María Trinidad Sánchez, Samaná, Montecristi, la provincia Santo Domingo (en sus municipios Santo Domingo Este y Oeste) y el Distrito Nacional.
En los allanamientos, el Ministerio Público ocupó más de 2 millones de pesos en efectivo, 11 vehículos alta gama, entre los que destacan un Toyota de los modelos Hilux y 4Runner, Lexus, Mercedes Benz, entre otros, así como seis pistolas y escopetas y varias municiones de guerra, que se suman a las piezas probatorias en contra de la organización criminal.
Entre las armas de fuego ocupadas a la organización delictiva, se encuentra la pistola de marca Daewoo, modelo DP51, calibre 9MM, de color negra, y serie BA501921, en el cañón a manuscrito, tiene un número 2471-16, registrada a nombre de Cristian Antonio Dicent Polanco, quien aparece en el sistema con un proceso por homicidio, ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo y buscado activamente por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según reseñan diferentes medios de comunicación.
La Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez ha fijado para este lunes 7 de octubre de 2024, el conocimiento de la medida de coerción.
El Ministerio Público, estará solicitando la declaratoria del caso complejo, en virtud de la normativa procesal penal y la imposición de medidas de coerción como la prisión preventiva, para los principales líderes de la estructura, así como garantía económica y presentación periódica a otros.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.