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«No podemos disminuir el gasto de capital», dice director de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, afirmó que ante la inminente reforma tributaria en la República Dominicana, el gobierno no puede reducir el gasto de capital y subrayó que este tipo de gasto es esencial para el desarrollo del país y que su reducción podría comprometer la inversión en áreas claves.
«República Dominicana es el cuarto país con menor gasto de capital«, destacó Rijo Presbot durante su participación en el Encuentro Ciudadano con Presupuesto. Señaló que, aunque es necesario optimizar los recursos, el gobierno debe mantener y, en algunos casos, aumentar las inversiones estratégicas. «No podemos disminuir el gasto», enfatizó.
Rijo Presbot expresó las dificultades que enfrenta el gobierno para equilibrar las expectativas de la ciudadanía con las limitaciones presupuestarias. «La gente demanda mejores servicios de salud, seguridad, educación y obras públicas, pero al mismo tiempo, no quiere que se aumente el gasto de corriente», comentó.
En ese orden recordó que en una localidad se requería la adquisición de una ambulancia, lo que implicó un gasto de capital adicional de 15 millones de pesos debido a que se necesita un equipo de 12 personas especializadas para poder ofrecer el servicio de emergencias.
En ese sentido, Rijo Presbot añadió: «Este año hemos añadido ochenta y cinco nuevas ambulancias al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, lo que ha supuesto un gasto corriente de 1,300 millones de pesos solo en el personal».
Una de las tareas principales es disminuir el endeudamiento
Con relación al endeudamiento público, Rijo Presbot indicó que el aumento de los intereses reduce los recursos disponibles para la inversión social. «Hay una necesidad de reducir la dependencia del endeudamiento«, advirtió.
Añadió que en el país ya se está implementando la política de responsabilidad fiscal, una estrategia de transparencia financiera que limita el aumento del gasto primario en más de un 3 %. «Esta medida es como una camisa de fuerza para el gobierno», explicó, refiriéndose a las restricciones impuestas por dicha política.
Entre las prioridades del Gobierno se encuentran la mejora de la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del sector salud y la educación inicial para niños de 0 a 5 años. En particular, Rijo Presbot mencionó que la Policía necesitaría 20,000 millones de pesos adicionales para la transformación de la seguridad en el país.
- En cuanto a los impuestos, el funcionario observó que el 82 % de los empleados no paga impuesto sobre la renta (ISR), ya que sus salarios están por debajo del umbral cotizable, el cual se ubica en 34,685 pesos mensuales .
Sobre los subsidios informó que este año el de los combustibles asciende a 15,000 millones de pesos. «Si no subsidiamos los combustibles, la inflación estaría cinco punto puntos encima de lo que está y eso agregaría aproximadamente cuatro pesos a los combustibles por galón», comentó.
Proceso de formulación del presupuesto del próximo año
Rijo Presbot informó que el Gobierno ya se encuentra en el proceso de formulación del presupuesto para el próximo año, aunque un ministerio aún no ha entregado su anteproyecto como indica la ley.
Durante el análisis de los reportes financieros de las entidades gubernamentales se estarán conociendo las propuestas ciudadanas sectoriales sobre lo que plantean y necesitan las comunidades.
El funcionario indicó que las necesidades ciudadanas fueron levantadas a través de recorridos y encuentros con lideres de sectores.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.