Nacionales
«No podemos disminuir el gasto de capital», dice director de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, afirmó que ante la inminente reforma tributaria en la República Dominicana, el gobierno no puede reducir el gasto de capital y subrayó que este tipo de gasto es esencial para el desarrollo del país y que su reducción podría comprometer la inversión en áreas claves.
«República Dominicana es el cuarto país con menor gasto de capital«, destacó Rijo Presbot durante su participación en el Encuentro Ciudadano con Presupuesto. Señaló que, aunque es necesario optimizar los recursos, el gobierno debe mantener y, en algunos casos, aumentar las inversiones estratégicas. «No podemos disminuir el gasto», enfatizó.
Rijo Presbot expresó las dificultades que enfrenta el gobierno para equilibrar las expectativas de la ciudadanía con las limitaciones presupuestarias. «La gente demanda mejores servicios de salud, seguridad, educación y obras públicas, pero al mismo tiempo, no quiere que se aumente el gasto de corriente», comentó.
En ese orden recordó que en una localidad se requería la adquisición de una ambulancia, lo que implicó un gasto de capital adicional de 15 millones de pesos debido a que se necesita un equipo de 12 personas especializadas para poder ofrecer el servicio de emergencias.
En ese sentido, Rijo Presbot añadió: «Este año hemos añadido ochenta y cinco nuevas ambulancias al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, lo que ha supuesto un gasto corriente de 1,300 millones de pesos solo en el personal».
Una de las tareas principales es disminuir el endeudamiento
Con relación al endeudamiento público, Rijo Presbot indicó que el aumento de los intereses reduce los recursos disponibles para la inversión social. «Hay una necesidad de reducir la dependencia del endeudamiento«, advirtió.
Añadió que en el país ya se está implementando la política de responsabilidad fiscal, una estrategia de transparencia financiera que limita el aumento del gasto primario en más de un 3 %. «Esta medida es como una camisa de fuerza para el gobierno», explicó, refiriéndose a las restricciones impuestas por dicha política.
Entre las prioridades del Gobierno se encuentran la mejora de la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del sector salud y la educación inicial para niños de 0 a 5 años. En particular, Rijo Presbot mencionó que la Policía necesitaría 20,000 millones de pesos adicionales para la transformación de la seguridad en el país.
- En cuanto a los impuestos, el funcionario observó que el 82 % de los empleados no paga impuesto sobre la renta (ISR), ya que sus salarios están por debajo del umbral cotizable, el cual se ubica en 34,685 pesos mensuales .
Sobre los subsidios informó que este año el de los combustibles asciende a 15,000 millones de pesos. «Si no subsidiamos los combustibles, la inflación estaría cinco punto puntos encima de lo que está y eso agregaría aproximadamente cuatro pesos a los combustibles por galón», comentó.
Proceso de formulación del presupuesto del próximo año
Rijo Presbot informó que el Gobierno ya se encuentra en el proceso de formulación del presupuesto para el próximo año, aunque un ministerio aún no ha entregado su anteproyecto como indica la ley.
Durante el análisis de los reportes financieros de las entidades gubernamentales se estarán conociendo las propuestas ciudadanas sectoriales sobre lo que plantean y necesitan las comunidades.
El funcionario indicó que las necesidades ciudadanas fueron levantadas a través de recorridos y encuentros con lideres de sectores.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.