Comunidad en el exterior
Joseph Stiglitz aboga por leyes tributarias que no estén sujetas a la evasión fiscal
EFE
New York.-El Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, dijo este martes a EFE que las cuestiones que tienen que ver con pagar impuestos «son complejas» y que «es fundamental contar con leyes tributarias que se puedan hacer cumplir y que no estén sujetas a la evasión fiscal».
Stiglitz considera que es necesario «una forma particular de cooperación» entre los países en desarrollo, como la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe, «para trabajar juntos y tener una mejor comprensión de cómo se pueden modificar las leyes tributarias en el siglo XXI».
Multinacionales con un ejército de abogados para evadir impuestos
De esa forma se puede garantizar que todas las partes, incluidas las multinacionales, paguen lo que corresponde en impuestos, agregó Stiglitz en una entrevista vía Zoom desde Nueva York.
Indicó además que «las multinacionales tienen un ejército de abogados tributaristas que trabajan mucho para diseñar las maneras de evitar pagar los impuestos«, por lo que «tiene que haber un ejército equivalente de abogados de los países en desarrollo y de los mercados emergentes que les pongan un freno cuando traten de evitar los impuestos«.
En su opinión, la voz de los países en desarrollo y mercados emergentes «tiene que ser más fuerte, hay que escucharlos, la voz de un solo país no la va a escuchar nadie, esa es la realidad».
Stiglitz, quien preside la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT), es uno los 85 economistas de todo el mundo que el 31 de julio respaldaron la Ley de Justicia Tributaria propuesta por el Gobierno de Honduras, que pretende mejorar la equidad en el desarrollo del país.
Los 85 economistas consideran que los cambios planteados por el Gobierno de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, «son fundamentales para reducir la desigualdad en Honduras, apoyar el desarrollo social y económico y cerrar las lagunas fiscales que socavan los ingresos tributarios».
Según Castro, en Honduras hay diez grandes empresarios, que no ha identificado, que no pagan impuestos, y una ley tributaria que impulsa su Gobierno, que sigue en el debate en el Parlamento, está orientada a que los que más ganan, paguen más.
En la Cumbre de Río del G20 que se celebrará los próximos 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro se espera, entre otros acuerdos, que se renueve el compromiso para impulsar por primera vez en la historia una agenda global de tributación de los individuos ricos, que ya fue firmada por todos los ministros de Finanzas del grupo.
Los acuerdos que se puedan lograr en la Cumbre en materia tributaria pueden favorecer a Honduras, según Stiglitz, quien dijo que si este país no impone los impuestos de un 15 %, como mínimo, estaría favoreciendo a cualquier corporación multinacional, pero se perdería de ese ingreso.
Stiglitz considera que «es fundamental» que Honduras adopte e incorpore la agenda ahora que todos los ministros del G20 coinciden en que «hay que ir más allá de este impuesto mínimo sobre las grandes empresas para asegurarnos de que las personas muy ricas pagarán un impuesto mínimo, como mínimo».
De Honduras también expresó que desde 2010 «la cantidad de ingresos perdidos en incentivos fiscales, que fueron ineficaces, es mayor que la deuda total del país», que supera los 20.000 millones de dólares según autoridades de Tegucigalpa.
«Yo estoy muy complacido de que ahora Honduras se sume a esta legislación, a este movimiento mundial de reforma tributaria», acotó.
Para este martes está previsto que en Honduras se presente el documental Tax Wars, que recoge el trabajo que Stiglitz y otros economistas han estado realizando para conseguir que el sistema fiscal internacional cambie.
Con el documental se trata de convencer a las personas de que «necesitamos las reformas tanto del sistema multinacional, como a nivel nacional en los países, y que existan reformas que puedan ayudar a construir un sistema tributario mejor que va a contribuir a un mundo mejor», dijo Stiglitz.
NEW HAMPSHIRE.- Una dominicana fue sentenciada a 24 meses de cárcel y tres años en libertad condicional por tráfico de drogas.
María Camacho, de 44 años, se declaró culpable en mayo pasado de un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas.
“La acusada era una agente de una importante organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts que suministraba drogas aquí en New Hampshire, lo que alimentaba la crisis de los opioides”, dijo la fiscal Jane E. Young en un comunicado.
De su lado, la agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, Jodi Cohen, explicó que “a pesar de tener una fuente de ingresos alternativa, María Camacho no tenía vergüenza de traficar con veneno letal en New Hampshire en nombre de una gran organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts”.
“La sentencia de hoy responsabiliza a esta narcotraficante por el daño que ha infligido tanto a sus clientes como a la comunidad. El FBI quisiera agradecer a nuestros socios en la aplicación de la ley por trabajar con nosotros para desmantelar organizaciones de tráfico de drogas en expansión como esta con el fin de hacer que nuestras calles sean más seguras”, añadió.
jt/am
CONNECTICUT.- Un oficial de policía de origen dominicano fue acusado de varios cargos criminales tras un incidente de violencia doméstica.
A Julio Gil Martínez, del departamento de policía en el distrito de Waterford, se le imputan amenazas, asalto, estrangulamiento, restricción ilegal e interferencia con una llamada de emergencia.
El incidente supuestamente ocurrió en una casa donde vivía la pareja en New London.
A Gil Martínez le fue fijada una de 75,000 dólares y fue puesto bajo licencia.
jt/am
Nueva York enfrenta un escándalo que involucra a un director escolar y su esposa, acusados de liderar una red de explotación de maestros dominicanos.
Durante los últimos dos años, Emmanuel Polanco, exdirector de la escuela JHS 80 en el Bronx, y su esposa, Sterling Báez, han recibido más de $500,000 en salarios combinados mientras se encuentran bajo investigación federal por tráfico humano, según reportó The New York Post.
El caso gira en torno a 20 docentes de la República Dominicana que fueron reclutados para enseñar en escuelas bilingües en Nueva York. Estos maestros han quedado atrapados en una compleja situación legal, donde no pueden abandonar Estados Unidos sin arriesgarse a perder sus trabajos y un programa de maestría financiado por el Departamento de Educación de Nueva York (DOE).
Según la investigación, los docentes fueron obligados a alquilar habitaciones a precios exorbitantes en propiedades vinculadas a Polanco y otros administradores escolares de origen dominicano.
ESQUEMA DE EXPLOTACION
La investigación, que comenzó en noviembre de 2022, apunta a que Polanco y Baez lideraban un esquema en el que los maestros debían alquilar apartamentos propiedad de la familia Polanco o de ADASA, una organización de administradores dominicanos.
En uno de los casos más graves, 11 maestros fueron alojados en una casa dúplex del Bronx, pagando hasta $1,450 por habitaciones individuales con cocina y baño compartidos. Estas prácticas generaban ganancias netas de hasta $8,900 al mes.
Sterling Baez, quien fue removida de su puesto como maestra, cobraba personalmente $3,000 mensuales por un apartamento propiedad de su difunta suegra. Además, otros administradores escolares, como Daniel Calcaño, exasistente de dirección y tesorero de ADASA, también recolectaban rentas de manera agresiva, llegando a tocar puertas a altas horas de la noche para exigir pagos.
IMPACTO EN DOCENTES DOMINICANOS
Atrapados en un limbo migratorio, los maestros afectados tienen un estatus especial otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido como «Presencia Continuada», el cual se reserva para víctimas de tráfico humano. Este estatus les prohíbe salir de los Estados Unidos mientras avanza la investigación. Varios maestros han relatado que no han podido visitar a sus familias en la República Dominicana, incluso en situaciones urgentes como enfermedades graves de sus seres queridos.
De los 25 maestros originalmente involucrados, cinco han renunciado a sus empleos y regresado a su país. Los 20 restantes han conseguido viviendas por su cuenta, pero continúan sintiéndose abandonados. “Estamos en limbo”, expresó uno de los maestros, quien pidió anonimato por temor a represalias.
SALARIOS ELEVADOS
Mientras los maestros enfrentan incertidumbre, Polanco y Baez permanecen en la nómina del DOE con salarios que sumaron $311,303 en el año fiscal 2024. Ambos fueron reasignados a roles administrativos, donde cumplen pocas o ninguna función mientras se desarrolla la investigación. Daniel Calcaño, otro de los acusados, también sigue en la nómina con un salario anual de $151,409.
La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, permanece activa, aunque no se han presentado cargos formales contra Polanco, Baez ni los otros implicados. Una portavoz del DHS se negó a comentar sobre el caso debido a «sensibilidades relacionadas con la aplicación de la ley».
Mientras tanto, los maestros afectados, que ganan entre $66,000 y $75,000 anuales más horas extras, continúan asistiendo a la Universidad City College para completar sus maestrías en educación, un programa financiado por el DOE que podría llevar a la certificación y estatus migratorio permanente.
Este caso destaca las vulnerabilidades de los trabajadores extranjeros en programas educativos y cómo la burocracia puede convertir sus sueños en una pesadilla.