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SCJ se reserva fallo sobre extradición a España de dominicano acusado de narcotráfico
Santo Domingo, R.D.-.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reservó sin fecha la decisión de acoger o no la solicitud de extradición presentada por las autoridades del Reino de España contra el dominicano Thelmo Isaa Ortega Luna, acusado de ser cabecilla de una red internacional de narcotráfico.
Según las investigaciones, Ortega Luna que es señalado como líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en Valladolid, España, donde junto a varios lugartenientes distribuía sustancias ilícitas a vendedores locales. La organización, activa desde el año 2015, fue desarticulada por las autoridades españolas.
La solicitud de extradición fue presentada en audiencia por el titular de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos, Osvaldo Bonilla, y la procuradora fiscal Elvira Rodríguez, en representación del Ministerio Público dominicano. Por su parte, la jurista Analdis Alcántara representó al Estado requirente, en este caso, el Reino de España.
El tribunal, presidido por el magistrado Francisco Jerez, ordenó que Ortega Luna deberá ser trasladado a la cárcel pública de Nagua, acogiendo un pedimento de su abogado defensor, quien solicitó el cambio desde el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal. La defensa alegó razones humanitarias, ya que los hijos del imputado residen en esa jurisdicción.
En tanto, el jurista Valentin Medrano, abogado de Ortega Luna, pidio a los magistrados declarar la prescripción de la acción penal por haber transcurrido el plazo que establece la ley para conocer un proceso. Por lo que, los jueces se reservaron la decision para fallarlo con el dondo de la solicitud de extradición.
De acuerdo con la acusación contenida en la solicitud de extradición, Ortega Luna actuaba como proveedor de cocaína y otras drogas en España, liderando una red criminal que ya cuenta con varios de sus integrantes condenados en territorio español.
Tras huir de España, el dominicano fue arrestado en la República Dominicana en virtud de una orden de detención internacional europea emitida el 18 de enero de 2016 por el Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid. Desde entonces, las autoridades españolas mantienen activa la orden de captura, lo que motivó la formalización de la extradición.
Las autoridades de España lo acusan de violar la ley de salud pública y de dirigir una organización criminal que afectó gravemente a la sociedad de esa nación.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.