Santo Domingo, RD.- Cuatro de los cinco jueces que conforman la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia objetaron el apoderamiento del caso del senador Tommy Galán a ese tribunal, lo cual podría provocar que estos se inhiban del conocimiento del juicio de fondo.Nacionales
Mayoría de jueces de Sala Penal de SCJ podría inhibirse en juicio al senador Galán
Santo Domingo, RD.- Cuatro de los cinco jueces que conforman la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia objetaron el apoderamiento del caso del senador Tommy Galán a ese tribunal, lo cual podría provocar que estos se inhiban del conocimiento del juicio de fondo.En caso de que Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, Vanesa Acosta y María Garabito Ramírez, presidente y miembros de la Sala Penal, respectivamente, decidan abstenerse de participar en la audiencia, tendrían que subir cinco jueces de Cortes de Apelación para completar el tribunal.
Esto debido a que el juez Francisco Ortega Polanco, tampoco podrá participar en el conocimiento del juicio de fondo en contra del senador, ya que fue quien envió a juicio de fondo a los seis implicados en el caso Odebrecht y excluyó del expediente al exsenador Jesús Vásquez Martínez (Chu).
El pasado martes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia, con el voto disidente también del primer sustituto del presidente, Manuel Herrera Carbuccia apoderó el caso a la Segunda Sala para que conozca el juicio de fondo en contra del legislador por San Cristóbal y declinó a la jurisdicción ordinaria los expedientes de Ángel Rondón Rijo, Víctor Día Rúa, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga y Juan Roberto Rodríguez.
Los cinco jueces expresaron su discrepancia con el voto mayoritario alegando que el caso debió ser conocido por el pleno de la Suprema Corte, ya que la Segunda Sala solo es competente para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal atribuidos a la Suprema, siempre que no sea de la que conoce esta última como jurisdicción privilegiada.
Tommy Galán, senador desde 2006 por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El Ministerio Público asegura en su acusación que desde el cargo de presidente de la comisión de finanzas del Senado, influyó entre sus colegas para que se aprobaran contratos de obras millonarias a favor de Odebrecht a cambio de grandes sumas de dinero.
La sociedad esperaba que el pleno de la Suprema Corte de Justicia concluyera con el conocimiento del juicio de fondo seguido a los seis implicados en el caso Odebrecht, cuya primera audiencia se inició el 12 de septiembre y los incidentes concluyeron el 3 de diciembre pasado, mientras la lectura se realizó el 17 de este mes.
La empresa Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que en el país hubo sobornos por valor de $92 millones de dólares a funcionarios y políticos a cambio de obtener contratos por miles de millones de dólares.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó la solicitud de aplazamiento de la audiencia hecho por Rondón.
Con el voto mayoritario de los jueces, el pleno de la Suprema creó un nuevo precedente para el caso de jurisdicción privilegiada, tras desapoderarse para conocer el juicio de fondo en contra de los cinco imputados en el caso Odebrecht.
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
Nacionales
Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.