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Juez conocerá petición de más tiempo para el caso del expediente Odebrecht
Procurador espera documentos de otros países
SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, conocerá mañana el pedido de ampliación de plazo hecho por el Procurador General de la República para presentar acusación en el caso Odebrecht.
En la audiencia, prevista para las 10:00 de la mañana, los abogados de Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga, Víctor Díaz Rúa, Juan Temístocles Montás, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Máximo D’Oleo, César Sánchez, Bernardo Castellanos de Moya, Roberto Rodríguez Hernández, Julio César Valentín y Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria, debatirán junto a los fiscales los argumentos de Jean Alain Rodríguez en su requerimiento.
Ortega Polanco deberá definir si tiene o no mérito, el pedido de Alain Rodríguez, quien afirmó que se hace difícil reconstruir los hechos materiales de los sobornos pagados por Odebrecht en República Dominicana, así como el lavado de activos en que habrían incurrido los 14 imputados por el caso.
Dijo que el Ministerio Público requiere un plazo razonable y legal para poder completar la investigación de los hechos “que se han tornado por las circunstancias que los rodean de difícil reconstrucción material… en aras del descubrimiento de la verdad”.
Alain Rodríguez explicó, además, que espera la respuesta de las autoridades de Brasil, Estados Unidos de Norteamérica, Antigua y Barbuda, Panamá, Argentina, Bahamas, Barbados, España, Islas Vírgenes, entre otras, a las cuales se han solicitado información a través de la cooperación jurídica internacional.
En los documentos anexos a su solicitud hace constar que solicitó a Argentina, Panamá y España informes sobre productos financieros de los imputados así como de hijos, yerno, esposas, hermanos, parientes o allegados a ellos.
Las solicitudes incluyen a 34 personas y 51 empresas vinculadas a los procesados por los US$92 millones que admitió haber pagado la constructora en República Dominicana entre el 2001 y el 2014.
Otro de los elementos con los que el Procurador justifica su solicitud, tiene que ver con nueve propuestas de diligencias procesales solicitadas por el empresario Rondón Rijo, quien es señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
Procurador General pide independenciaDurante su participación la semana pasada en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, el procurador Jean Alain Rodríguez dijo estar confiado en que el juez Ortega le otorgue los cuatro meses que solicitan para concluir el expediente, afirmando que el éxito del mismo dependerá de la colaboración de los organismos internacionales y locales, dado lo difícil de perseguir el delito de corrupción. También expresó su preocupación por el accionar de los jueces en los casos de corrupción, por lo que los llamó a decidir con independencia y convicción, ya que la responsabilidad del Ministerio Público es someter a la justicia a los criminales pero son los jueces los responsables directos de administrar justicia y tomar la decisión final.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.