Salen a la superficie problemas que comprometen la ética y la moral de jueces del sistema de justicia nacional.

Por Elba García

La investigación que se desarrolla en contra de un juez del Distrito Nacional debe ser extensiva a otras instancias del sistema de justicia nacional en virtud de que el asunto no parece que  se trate de un hecho aislado, sino general.

La suspensión del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró se produjo  tras el desarrollo de una investigación del Consejo del Poder Judicial, en virtud de denuncias muy graves en su contra, que incluían sospechas por haberse inhibido en casos muy conocidos como el de la muerte del comunicador Manuel Duncan, cuyo responsable fue el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés y por  la paliza que junto a varios hombres le dio la ucraniana Natalya Kasianova a un joven dominicano, quien era su novio.

Pero tal vez el más escandaloso de los fallos de este magistrado fue liberar de responsabilidad a todos los acusados de la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, cuyo caso llevaba casi cinco años en la justicia sin enviarlo a juicio de fondo.

Posteriormente el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), Wilson Camacho, reveló que hay indicios de que la estructura de que es parte este magistrado incluiría a otras personas, sin dar mayores detalles.

El magistrado como se  indicó más arriba se había inhibido en casos sonoros, como el de la muerte del comunicador Manuel Duncan y en la que se señala como responsable de la misma al expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés.

También el de la paliza que, junto a varios hombres, dio la ucraniana Natalya Kasianova a un joven dominicano, quien era su novio.

Hace casi cinco meses que este juez de instrucción descargó de responsabilidad a todos los acusados en la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos,  el cual  llevaba casi cinco años en la justicia sin enviarlo a juicio de fondo.

Por el momento la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial ha dispuesto una suspensión provisional con disfrute de sueldo de Rodríguez Consoró, juez del Noveno Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional por las supuestas faltas cometidas.

Este caso, que de acuerdo al Consejo del Poder Judicial y del Ministerio Público se trata de un asunto muy grave que empaña la imagen de la justicia, demuestra la gravedad de la corrupción en el sistema de justicia, ya que es importante que se tome en cuenta que el problema de este instrumento del Estado es mucho más grave de lo que cualquiera se pueda imaginar.

No es verdad que se trata de una casualidad o sólo de la negligencia de muchos jueces, sobre todo de primera y segunda instancia, que emiten regularmente sentencias que no tienen una explicación lógica, ya que violentan las leyes sobre la materia, sin que nadie se interese en desarrollar una investigación al respecto.

Este periódico siempre ha dicho que si el Consejo del Poder Judicial se dedicara a fiscalizar las sentencias emitidas por los jueces de los tribunales inferiores, pudiera darse cuenta de la gravedad y complejidad del problema.

Esta descomposición no sólo afecta a una jurisdicción, sino a todas, como la civil ordinaria, la laboral, la inmobiliaria y todas las demás y en muchos casos queda lo suficientemente claro de que se trata de un problema que tiene que ver no sólo con negligencia, sino con ignorancia y complicidad.

Sin lugar a dudas, que la justicia es una de las principales amenazas que se cierne sobre el estado de derecho y la democracia dominicana, porque la violación de derechos y principios constitucionales, así como la vulneración y suplantación del legislador cuando de la aplicación de las normas jurídicas se trata, ocurre como el pan nuestro de cada día.

Todo ello indica que el caso del magistrado Consoró es propio de todo el sistema de justicia nacional y de que se trata de un problema integral que se constituye en una grave amenaza de la democracia, el estado de derecho y de la armonía social.

La cuestión descansa en que la descomposición del sistema de justicia nacional es parte del problema integral que impacta a la sociedad dominicana, donde el mal es encontrado en los principales, por decir todos, los órganos y entes que conforman el Estado.

Sin embargo, lo que espera la sociedad es que a partir de este caso se puedan investigar otros que necesariamente no están en el contexto del Distrito Nacional, sino de otros lugares del territorio nacional, como por ejemplo Santiago, donde el Estado prácticamente ha  desaparecido.

Las sentencias emitidas por este magistrado eran una causa de generación de sospechas, pero otros casos iguales o parecidos también deben ser investigados si de verdad hay un interés de sanear una parte tan vital del aparato estatal dominicano.

En ocasiones anteriores igual se llegó a descubrir, suspender y tramitar a la justicia ordinaria a jueces que eran parte de una mafia que se dedicaba a vender sentencias y a negociar incluso con narcotraficantes, pero las cosas no pasaron de una simple investigación que no tuvo un final satisfactorio.

Ojalá que ahora no pase lo mismo con una investigación que reviste una gran importancia para la preservación del Estado de derecho en la sociedad dominicana y por lo menos iniciar un proceso de saneamiento que arroje resultados beneficiosos para un país que tanto lo necesita.