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Suspenden sin fecha decisión sobre acuerdo entre César el Abusador y la Fiscalía federal de PR.
Santo Domingo.- El conocimiento del acuerdo entre un juez Federal de Puerto Rico y César El Abusador fue suspendido sin fecha para conocer y decidir si acoge o no el acuerdo de culpabilidad firmado entre la Fiscalía Federal y el imputado de narcotráfico, quien admitió haber traficado grandes cargamentos de drogas desde República Dominicana hacia ese país.
El magistrado adoptó su decisión tras acoger un pedimento de la defensa de “César el Abusador” que pidió que se prepare y le entreguen la transcripción completa de la audiencia de 2022, cuando el acusado se declaró culpable, la cual, es necesario para demostrar su representado admitió los hechos de manera consciente y voluntaria.
En tanto que en el acuerdo suscrito entre César el Abusador y la Fiscalía Federal, se solicita una condena de diez años de prisión, luego de la admisión de culpabilidad por delitos de narcotráfico y por ofrecer información sobre la red de tráfico de drogas que operaba entre República Dominicana, Puerto Rico, México, Venezuela y Colombia.
La Fiscalía también ha pedido al juez ordenar el decomiso de bienes a favor de Puerto Rico, entre los que figuran los negocios Flow Gallery Lounge, Al Panino y Peralta Investment, S.A., utilizados para cometer los ilícitos, inmuebles ubicados en República Dominicana.
Actualmente, César Emilio Peralta, se encuentra recluido en la cárcel de Bayamón, a la espera del fallo del tribunal federal sobre el acuerdo con la Fiscalía, quien tiene más de tres años después de su ingreso a ese penal.
De acuerdo con el expediente, las autoridades federales señalan que Peralta lideraba una organización criminal transnacional que recibía cargamentos de cocaína desde Colombia y Venezuela, con destino a Puerto Rico y Estados Unidos.
Asimismo, coordinaba operaciones de lavado de dinero a gran escala, enviando ganancias ilícitas hacia República Dominicana y Colombia.
El documento judicial indica que Peralta estuvo vinculado al narcotráfico desde 1997, y que utilizaba parte de sus recursos para sobornar policías y funcionarios dominicanos, con el fin de evitar arrestos, procesos judiciales y decomisos.
Según la acusación de la Fiscalía Federal, que abarca hechos ocurridos entre 2007 y junio de 2017, Peralta conspiró con otras personas para importar más de cinco kilogramos de cocaína al territorio aduanero de Estados Unidos.
El acusado abandonó República Dominicana en un yate a finales de 2019, tras descubrir una investigación en su contra para ejecutar su arresto. Sin embargo, fue apresado en Colombia en diciembre de ese mismo año.
El narcotraficante César Emilio Peralta, alias “César El Abusador”, mantuvo alianzas con José David Figueroa Agosto para traficar drogas hacia Puerto Rico, con quien sostuvo negocios ilícitos hasta 2009. Ese mismo año, las autoridades dominicanas desmantelaron la red del capo boricua, iniciando una persecución que culminó con su arresto en Puerto Rico en 2010.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.