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Juez ordena libertad de R. Báez Figueroa
SAN CRISTOBAL.- El juez Ejecutor de la Pena de San Cristóbal ordenó este jueves la libertad condicional del exbanquero Ramón Báez Figueroa, quien guarda prisión desde el 2007 por la quiebra del Banco Interamericano (Baninter).
El magistrado Willys de Jesús dijo que Báez Figueroa no representaba ningún peligro para la sociedad y explicó que el cumplimiento de la sentencia en su casa no la eliminaba.
El exbanquero no podrá salir del país ni visitar lugares de expendio de bebidas alcohólicas, tendrá que firmar el libro de visitas todos los meses hasta el 2017 y deberá dictar diez charlas en igual número de universidades de la República Dominicana, como condición para permanecer en libertad domiciliaria.
El Ministerio Público ni el Banco Central, partes acusadoras, objetaron decisión del juez.
Visiblemente emocionado, Báez Figueroa dijo sentirse satisfecho y aseguró que cumplirá cabalmente con las disposiciones que le impuso el juez para beneficiarlo con la libertad domiciliaria.»ahora me dedicaré a trabajar».
Indicó que está arrepentido de lo que pasó con la quiebra de Baninter, lo que según indicó, le enseñó que «lo espiritual está por encima de lo material».
De acuerdo con las leyes dominicanas, los presos pueden solicitar la libertad condicional luego de cumplir la mitad de la condena y de reunir ciertas condiciones, como buena conducta.
Báez Figueroa fue condenado en octubre de 2007 a 10 años de cárcel por el fraude de más de 74.000 millones de pesos (cerca de 3.000 millones de dólares) a través del Baninter entre 1989 y 2003.
El fraude, que fue revelado por el Banco Central en 2003, representaba en ese momento cerca del 20% del PIB del país y generó una profunda recesión, la mayor crisis económica que enfrentó República Dominicana en las últimas cinco décadas, y aumentó en 5 puntos porcentuales el nivel de pobreza extrema.
Báez y sus cómplices usaron el dinero ganado con el fraude en adquirir propiedades de lujo, hacer inversiones, financiar a políticos y adquirir medios de comunicación.
Además de la condena de prisión en lo que se conoció localmente como «el juicio del siglo», Báez Figueroa y otros tres ejecutivos fueron sentenciados a pagar multas millonarias e indemnizaciones por unos 64.200 millones de pesos (1.600 millones de dólares) a las autoridades monetarias y a las víctimas del desfalco.
Báez Figueroa solicitó su liberación tras llegar en junio pasado a un acuerdo, aún no detallado públicamente, con las autoridades monetarias para el pago de las indemnizaciones.
Para liquidar esas indemnizaciones es «imperativo el otorgamiento de la libertad condicional», había considerado Santiago Rodríguez, abogado de Báez Figueroa, en una audiencia el 2 de agosto.
Carlos Salcedo, representante del Banco Central, dijo durante las audiencias que las autoridades monetarias no se oponían a la liberación del ex banquero.
Como presidente y principal accionista del Baninter, Báez Figueroa llegó a ser propietario de seis periódicos, incluido el decano de la prensa local, Listín Diario, así como dos canales de televisión y más de 70 emisoras radiales. Algunos de esos activos fueron confiscados por el gobierno por haber sido adquiridos con recursos sustraídos fraudulentamente del banco.
almomento.net
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.