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Juez ordena libertad de R. Báez Figueroa
SAN CRISTOBAL.- El juez Ejecutor de la Pena de San Cristóbal ordenó este jueves la libertad condicional del exbanquero Ramón Báez Figueroa, quien guarda prisión desde el 2007 por la quiebra del Banco Interamericano (Baninter).
El magistrado Willys de Jesús dijo que Báez Figueroa no representaba ningún peligro para la sociedad y explicó que el cumplimiento de la sentencia en su casa no la eliminaba.
El exbanquero no podrá salir del país ni visitar lugares de expendio de bebidas alcohólicas, tendrá que firmar el libro de visitas todos los meses hasta el 2017 y deberá dictar diez charlas en igual número de universidades de la República Dominicana, como condición para permanecer en libertad domiciliaria.
El Ministerio Público ni el Banco Central, partes acusadoras, objetaron decisión del juez.
Visiblemente emocionado, Báez Figueroa dijo sentirse satisfecho y aseguró que cumplirá cabalmente con las disposiciones que le impuso el juez para beneficiarlo con la libertad domiciliaria.»ahora me dedicaré a trabajar».
Indicó que está arrepentido de lo que pasó con la quiebra de Baninter, lo que según indicó, le enseñó que «lo espiritual está por encima de lo material».
De acuerdo con las leyes dominicanas, los presos pueden solicitar la libertad condicional luego de cumplir la mitad de la condena y de reunir ciertas condiciones, como buena conducta.
Báez Figueroa fue condenado en octubre de 2007 a 10 años de cárcel por el fraude de más de 74.000 millones de pesos (cerca de 3.000 millones de dólares) a través del Baninter entre 1989 y 2003.
El fraude, que fue revelado por el Banco Central en 2003, representaba en ese momento cerca del 20% del PIB del país y generó una profunda recesión, la mayor crisis económica que enfrentó República Dominicana en las últimas cinco décadas, y aumentó en 5 puntos porcentuales el nivel de pobreza extrema.
Báez y sus cómplices usaron el dinero ganado con el fraude en adquirir propiedades de lujo, hacer inversiones, financiar a políticos y adquirir medios de comunicación.
Además de la condena de prisión en lo que se conoció localmente como «el juicio del siglo», Báez Figueroa y otros tres ejecutivos fueron sentenciados a pagar multas millonarias e indemnizaciones por unos 64.200 millones de pesos (1.600 millones de dólares) a las autoridades monetarias y a las víctimas del desfalco.
Báez Figueroa solicitó su liberación tras llegar en junio pasado a un acuerdo, aún no detallado públicamente, con las autoridades monetarias para el pago de las indemnizaciones.
Para liquidar esas indemnizaciones es «imperativo el otorgamiento de la libertad condicional», había considerado Santiago Rodríguez, abogado de Báez Figueroa, en una audiencia el 2 de agosto.
Carlos Salcedo, representante del Banco Central, dijo durante las audiencias que las autoridades monetarias no se oponían a la liberación del ex banquero.
Como presidente y principal accionista del Baninter, Báez Figueroa llegó a ser propietario de seis periódicos, incluido el decano de la prensa local, Listín Diario, así como dos canales de televisión y más de 70 emisoras radiales. Algunos de esos activos fueron confiscados por el gobierno por haber sido adquiridos con recursos sustraídos fraudulentamente del banco.
almomento.net
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.