SANTO DOMINGO.- Fue confirmada la prisión preventiva en contra de Alexis Medina y otros tres acusados más por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quienes son imputados de corrupción administrativa a través de la red denominada por el Ministerio Público como Operación Antipulpo.
El juez Deiby Timoteo Peguero también rechazó variar la medida de prisión preventiva contra Fernando Rosa, Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana los únicos, junto a Medina, en prisión por el caso.
Peguero fijó una nueva revisión obligatoria para el 16 de mayo venidero y recordó a los imputados que su decisión puede ser recurrida en apelación.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, resaltó la decisión del magistrado.
«El juez ha mantenido la prisión preventiva de los acusados y la decisión en derecho no podía ser de otra manera, toda vez que lo que se le presentó al juez (la defensa) en modo alguno era presupuesto suficiente como para que se variara la medida de coerción», dijo Camacho en un comunicado.
Resaltó que el caso tiene más de 2,000 medios de supuestas pruebas y 100,000 documentos depositados por el Ministerio Público de cara al conocimiento de la audiencia preliminar.
Además, que el Ministerio Público cumple con disponer de los medios tecnológicos en los recintos penitenciarios para que los imputados puedan tener acceso a esa documentación.
Reiteró su convencimiento de que las evidencias depositadas en el proceso llevarán al Ministerio Público a una ganancia de causa en este caso.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de formar parte de un presunto entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Contra Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas imputadas y 21 compañías, el Ministerio Público presentó acusación el 17 de diciembre de 2021, mediante un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.