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Juez recesa para el próximo martes a las 10:00 de la mañana coerción Odebrecht
SANTO DOMINGO. El juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco recesó hasta el martes 6 de junio a las 10:00 a.m. el conocimiento de la medida de coerción contra 13 de los 14 imputados por el Ministerio Público en el caso de sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht.
El magistrado Ortega Polanco tomó la decisión acogiendo un recurso interpuesto por la barra de la defensa del ministro Juan Temístocles Montás, que solicitó al juez comprobar que el Ministerio Público había depositado las pruebas que estaba mencionando en el expediente acusatorio contra los implicados.
Ayer, el Ministerio Público inició la lectura del expediente de solicitud de medida de coerción contra Montás, los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco.
Asimismo, contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Ruddy González, Radhamés Segura, César Sánchez, Máximo D´Oleo y Conrado Pittaluga.
El juez consideró en la argumentación de su decisión que constituye un derecho constitucional de los imputados ser informados del hecho que se les atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la medida de coerción conocida.
Entre los considerandos que sustentaron el receso de la medida, el juez observó que habiendo sido presentados los imputados que guardan prisión, dentro del plazo de las 48 horas que manda la Constitución y habiendo recesado la audiencia a solicitud de las partes, no viola la Carta Magna recesar hasta la fecha antes indicada.
Tal como el juez había ordenado en la primera audiencia, la madrugada de ayer, el Ministerio Público segregó el expediente en relación al imputado Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país.
La audiencia inició alrededor de las 5:15 p.m., y fue incidentada desde el comienzo, cuando el abogado Tony Delgado, representante del empresario Ángel Rondón, pidió al juez que comprobara que se había cumplido su sentencia anterior que ordenaba entregar el expediente acusatorio a todas las partes. Lo que el tribunal comprobó.
Además, cuando la abogada Luz Díaz Rodríguez, quien presentó el incidente en representación de Montás, estaba postulando, los demás abogados se pararon, por lo que el juez les llamó la atención, y dijo que no iba a tolerarlo por considerar la acción una actitud antiprocesal.
En la sesión de ayer, el Senado apoderó a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, con un plazo de dos meses, la solicitud de la Procuraduría General de la República, del retiro de la inmunidad parlamentaria de los legisladores Tommy Alberto Galán y Julio César Valentín.
Reinaldo Pared Pérez informó que el Senado recibió dos notificaciones del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, en la que solicita al Senado ponderar los artículos 86, 87 y 89 de la Constitución acerca del retiro de la protección de la función legislativa con respecto a los legisladores antes mencionados.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.