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Juez venezolano preso lleva 28 días en huelga de hambre e incomunicado
Ángel Zerpa fue uno de los 33 magistrados paralelos designados por el Parlamento de mayoría opositora el 21 de julio para sustituir a otros tantos jueces en ejercicio del Supremo, cuyos nombramientos fueron hechos -según la Cámara y la fiscal de entonces- con numerosas irregularidades por el anterior Congreso, de mayoría chavista
Caracas, Venezuela (EFE).- El juez venezolano Ángel Zerpa, detenido por la Inteligencia tras ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo por un Parlamento opositor que no reconoce la legitimidad de los magistrados en ejercicio de esta corte, permanece detenido en un baño de la sede del servicio secreto y lleva 28 días en huelga de hambre e incomunicado.
“Tiene un compañero que se llama Roberto Picón, al cual pudo ver su familia, que nos ha constatado que mi padre ha perdido 10 kilos y está vomitando líquido”, dijo a EFE la hija del juez, Carmina Zerpa, que como el resto de su familia y sus abogados no ha podido comunicarse con su padre desde que fue apresado el 21 de julio.
Roberto Picón era asesor de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y fue detenido en una reunión política en su casa.
“Están en un baño, ellos dos. El baño es de dos por ocho, no reciben luz natural, ni siquiera tienen ventilación, y ni ellos mismos tienen privacidad entre ellos”, cuenta Carmina Zerpa, cuya primera exigencia es ahora mismo que se traslade al magistrado a un centro de salud.
Ángel Zerpa fue uno de los 33 magistrados paralelos designados por el Parlamento de mayoría opositora el 21 de julio para sustituir a otros tantos jueces en ejercicio del Supremo, cuyos nombramientos fueron hechos -según la Cámara y la fiscal de entonces- con numerosas irregularidades por el anterior Congreso, de mayoría chavista.
El Supremo reaccionó a las designaciones culpando de delitos de usurpación y traición a la patria a los 33 magistrados paralelos, y Zerpa fue detenido un día después de su designación por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Zerpa -un juez con dilatada experiencia y notable historial académico- es, según informaciones de su entorno, el único de los 33 magistrados “legítimos” investidos por el Parlamento que sigue preso.
Dos de sus colegas fueron también detenidos después de él pero renunciaron a sus cargos durante su arresto, y los demás se han refugiado en embajadas o han huido del país.
En protesta por su detención “arbitraria” y carente según sus representantes legales de cualquier garantía, Zerpa se declaró en huelga de hambre y lleva ya más de “380 horas sin consumir ningún tipo de comida sólida”, ingiriendo “únicamente agua, Gatorade y agua de coco”.
Los atropellos que denuncia su familia empezaron en el momento mismo de su nombramiento, desde cuando empezaron a vigilarle vehículos sin matrícula ni identificación que al día siguiente perseguirían y forzarían a detenerse disparándole con armas de fuego al vehículo en el que viajaba Zerpa con su hermana.
“Se lo llevaron sin orden de aprehensión y con un vehículo no identificado”, detalla Carmina, que dice también que quienes le capturaron llevaban chaquetas con símbolos del Sebin y dijeron actuar bajo órdenes del presidente de la República, Nicolás Maduro.
Zerpa -a cuya audiencia de presentación no tuvieron acceso sus abogados y que ha sido llevado ante la jurisdicción militar por acusaciones de traición a la patria- sufre de úlcera e hipertensión, y ninguna autoridad ha verificado hasta ahora su estado de salud pese a las repetidas solicitudes de su familia.
“Ni siquiera nos han permitido verlo para por lo menos convencerlo de que cese la huelga de hambre, que es lo que más le está deteriorando porque a pesar de todo no es un hombre tan joven, tiene 56 años”, declaró su hija Carmina.
Según organizaciones de derechos humanos hay en Venezuela más de 600 presos políticos, buena parte de los cuales están recluidos en condiciones de hacinamiento en la sede caraqueña del Sebin, conocida como El Helicoide, donde también se encuentra Zerpa. EFE
Agencia Efe
Ginebra.– Cuba se presentó este lunes en el Consejo de Derechos Humanos, desde donde le transmitió a Estados Unidos el mensaje de que «defenderá con vigor y coraje su derecho a la libre determinación», pero a la vez le tendió una oferta para mantener un diálogo en base al respeto mutuo.
En una alocución en ese foro, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, prometió que se impedirá una crisis humanitaria en Cuba como consecuencia de lo que su gobierno denomina «el cerco energético«, resultado de la decisión de Washington de amenazar con aranceles a los países que exporten petróleo a la isla.
«¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación, provocar una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional (…) Todo ello con el burdo pretexto de la seguridad nacional?» se preguntó el canciller.
En ese punto, reconoció que la situación en la que ha puesto Estados Unidos a Cuba provocará «privaciones y sufrimientos«, aunque confió en que se encontrarán «soluciones creativas» para mitigar el daño humanitario.
No obstante, en la misma intervención, el canciller aseguró que «también hay disposición para un diálogo con Estados Unidos», pero enfatizó que éste tendría que estar basado en «el derecho internacional, el respeto mutuo, el beneficio recíproco, sin precondiciones ni injerencia en los asuntos internos».
Rodríguez señaló que el objetivo de ello debería ser «alcanzar una relación civilizada dentro de nuestras diferencias, e incluso promover la cooperación».
Una resistencia comunitaria
En un pasaje de su discurso, el ministro cubano saludó la «resistencia comunitaria del pueblo de Minnesota«, en referencia a las manifestaciones con la política de inmigración del gobierno federal estadounidense y las acciones de la policía de la inmigración, conocida como ICE.
Agencia Efe
Washington.– El sospechoso que fue abatido por el Servicio Secreto la madrugada del domingo tras entrar de manera «ilegal» y armado con una escopeta a la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago (Florida) fue identificado como un joven de 21 años, según confirmó la cadena Fox News.
Detalles confirmados
Austin Tucker Martin, originario de Carolina del Norte, había sido reportado como perdido por su familia hace unos días, de acuerdo con la cadena de televisión.
El Servicio Secreto de EE.UU. y las autoridades locales informaron este mañana del suceso en una rueda de prensa. De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugada hora local (6:30 GMT).
El joven falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-a-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.
¿Cómo ocurrió el incidente?
Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre «levantó el arma» y los agentes decidieron disparar.
Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.
El director de la agencia, Kash Patel, aseguró que se están dedicando «todos los recursos necesarios» y trabajarán junto con las autoridades locales.
Por su parte, la fiscal general Pam Bondi indicó que habló con el presidente Trump esta mañana y que el Departamento de Justicia también está «coordinando con las agencias federales» sobre la «intrusión y el tiroteo» en Mar-a-Lago.
Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.
Agencia EFE
LOS ÁNGELES.– El exjuez haitiano que firmó la orden de arresto contra el presidente Jovenel Moïse, que derivó en su asesinato en 2021, dijo en un tribunal federal de EE.UU. que el documento no era legal y que él no tenía autoridad para destituir al jefe de Estado, según informó el Miami Herald.
Jean Roger Noelcius declaró este viernes por video en un tribunal federal de Miami sobre su participación en el magnicidio ocurrido el 7 de julio de 2021.
«No tengo nada que ver con esta situación (el asesinato)», declaró Noelcius, según información citada este sábado por el rotativo miamense.
Contexto y consecuencias del asesinato de Jovenel Moïse
Sin embargo, el hombre afirmó que no tenía autoridad para «firmar una orden judicial contra un presidente en funciones«.
El documento fue usado como pretexto para ejecutar un intento de arresto contra el mandatario haitiano el 7 de febrero de 2021 y en su posterior asesinato cinco meses después.
Moïse fue torturado y asesinado en su residencia privada por un grupo de mercenarios entre los que había colombianos y antiguos efectivos de los servicios secretos estadounidenses.
Los acusados de asesinar al presidente Moïse han citado la orden firmada por Noelcius como parte de las razones de su intervención en Haití para arrestar al mandatario, acción que terminó en su asesinato.
El cargo de Noelcius como magistrado investigador en Haití le permitía emitir acusaciones formales y ordenes de arresto, basadas en los hallazgos de sus indagaciones.
El exjuez dijo en la indagatoria realizada por video que firmó y selló el documento de acusación contra el presidente en enero de 2021, pero le puso la fecha de 18 de febrero de 2019. Nunca explicó cuáles fueron sus motivos para emitir el documento.
Si bien Noelcius admitió haber firmado la orden, rechazó cualquier sugerencia de que fuera responsable del asesinato de Moïse y dijo que es una «víctima de la situación«, según el Miami Herald.
Aseguró que fue «engañado» por el exfiscal haitiano Mario Beauvoir, quien, según Noelcius, estaba en contacto con la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe.
La declaración bajo juramento de Noelcius se da como parte del caso contra cinco hombres del sur de Florida y Haití, acusados de conspiración para asesinar a Moïse, que enfrentarán un juicio programado para el próximo 9 de marzo.