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Imponen18 meses de prisión preventiva a siete acusados en Operación Panthera 7
Santo Domingo.-Dieciocho meses de prisión preventiva como medida de coerción impuso la magistrada Keren Casado Minyety a siete acusados en la Operación Panthera 7.
La imposición de medida cautelar de este caso, que persigue a los supuestos responsables en el decomiso de 9.8 toneladas de cocaína suscitado en Puerto Caucedo, le tomó tres días a la Oficina Judicial de Santo Domingo Este desde que inició el conocimiento con las lecturas y réplicas.
Lo mismo fue decidido con relación a José Nicolás Castillo Hart «Nikito», Winston Armando Tejera «Barbikin», Cristian Rayner Canela Aybar, Dulvi Jesús de los Santos y Nelson Neftalí Mercedes.
“Hay gente que ejercen participaciones que según ellos son muy pequeñas, pero que el delito no se puede lograr si ellos no llevan a cabo esa participación y en el día de hoy los objetivos del Ministerio Público en la primera etapa del proceso están completamente cumplidos».
“Hay un imputado que de antemano admitió su participación, él inició diciendo que sí, que vio la sustancia en uno de los contenedores y que inobservó sus funciones”, dijo Milcíades Guzmán, fiscalizador a cargo del caso.
De esa forma, acoge íntegramente el dispositivo depositado por el órgano persecutor y las medidas contempladas para cada imputado.
Acusación de los fiscales
Por la calificación jurídica el Ministerio Público sugiere que, de acuerdo a la teoría fáctica y probatoria presentada, los acusados en Panthera 7 cometieron violaciones a los artículos 56, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, referentes a la “asociación de malhechores”.
En tanto que Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, también incurrieron en cuestiones relacionadas con la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, además de lavado de activos
Procesos de apelación en la recamara
El curso de este expediente continuará con los recursos de apelación de los acusados, como ya lo tiene considerado el abogado Carlos Santana Jiménez, quien en representación de Nelson Neftalí acudirá a la corte.
NOVENO IMPUTADO AÚN BAJO CUSTODIA
Las imputaciones contra Yoel Jesús Jaques, un inspector de la terminal portuaria que resulta en el noveno vinculado, se conocen de manera unilateral. Su audiencia de medida cautelar fue aplazada para el jueves 6 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana, de acuerdo con los abogados Salvador Reyes y Amaury Mateo Matos.
La expectativa es que su caso termine siendo fusionado con la acusación general una vez en la etapa de juicio preliminar.
«No se ha conocido la medida de coerción de ese ciudadano, por lo que me voy a limitar a cualquier declaración de la prensa», añadió en su intervención Milcíades Guzmán.
Santo Domingo, RD. –La socialización que realiza la Junta Central Electoral (JCE) con el proyecto de la nueva cedula de identidad personal y electoral continuó este miércoles con los delegados de los partidos políticos los aspectos que impactará este proceso de renovación.
Durante el encuentro, dirigido por la comisión técnica del proyecto, se trataron cinco temas clave relacionados con la modernización y actualización del documento de identidad:
Demarcación electoral y recintos: Se discutieron cambios en la base de datos para sincronizar la residencia de los electores con su recinto electoral correspondiente.
Voto dominicano en el exterior: Se habló sobre la actualización del empadronamiento, la nueva base de datos de zonas postales y la elevación de oficinas satélites en el extranjero.
Registro civil: Se detallaron los avances en la validación proactiva de nacimientos, así como los procesos de depuración y auditoría del registro civil.
Afiliación a partidos políticos: Se presentó el proyecto de reglamento sobre el registro de afiliados y desafiliados.
Licitación de la nueva cédula: Se informó sobre el estatus del proceso para la emisión del nuevo documento de identidad.
Participación de los partidos políticos
Los delegados de las organizaciones políticas presentes recibieron un documento titulado “Propuesta de documentos que serán reconocidos institucionalmente para cambios de dirección”, con el objetivo de analizarlo y presentar sus observaciones ante la Secretaría de la JCE.
Entre los partidos representados en la reunión estuvieron:
Fuerza del Pueblo (FP)
Partido Demócrata Institucional (PDI)
Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC)
Unión Demócrata Cristiano (UDC)
Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD)
Partido Unidad Nacional (PUN)
Alianza País (AL PAÍS)
Partido Humanista Dominicano (PHD)
Partido Cívico Renovador (PCR)
También el Partido Revolucionario Independiente (PRI)
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Partido Democrático Alternativo (MODA)
Avances en el proceso de renovación
La JCE mantiene su compromiso con la transparencia y el consenso en este proceso, asegurando que la nueva cédula cumpla con los estándares de seguridad y actualización de datos. Se espera que las opiniones y recomendaciones de los partidos sean analizadas para fortalecer el proyecto y garantizar una implementación efectiva.
Santo Domingo, R.D.-Los hechos que envuelven la desaparición del niño de tres años en Manabao fueron reconstruidos por las autoridades que llevan a cabo la tarde de este miércoles la búsqueda del infante.
El operativo incluyó la participación de peritos forenses, investigadores de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.
Durante la reconstrucción, los investigadores entrevistaron nuevamente a testigos y analizaron el entorno, incluyendo el río que atraviesa la zona.
Elizabeth Jiménez, procuradora de la Corte de Niño, Niñas y Adolescentes en la provincia La Vega, explicó que con el levantamiento buscan ayudar a esclarecer la desaparición del infante.
«Desde la Procuraduría General de la República y los organismos investigativos están haciendo hasta lo imposible para la localización del niño«, aseguró la magistrada Jiménez.
El menor de edad se extravió en circunstancias desconocidas mientras jugaba con dos niñas en el patio de una casa del referido lugar, donde se encontraba de visita junto a sus padres.
Interrogatorios
Previo a ese operativo, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional interrogaron por varias horas a los padres del niño.
De acuerdo con lo explicado por Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, la entrevista a Carolina Vargas Ureña y Efraín Nicolás Calderón forma parte del proceso investigativo.
Santo Domingo, R.D.-Héctor Aníbal Santillán, sindicado como estratega legal de la red criminal desmantelada por el El Ministerio Público en junio del 2024 a través de la Operación Gaviota, permaneció prófugo mediante la estrategia de espera de la presentación formal de la acusación y el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal.
Así lo establece Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña, en la instancia de solicitud de medida de coerción depositada en el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que consta de 377 páginas.
De acuerdo con los fiscales dado el comportamiento evasivo y la clara intención de sustraerse al proceso penal demostrada por el imputado Santillán Faulkner, resulta imprescindible imponer la prisión preventiva como medida de coerción.
Señalan que el imputado ha demostrado su capacidad de eludir la justicia en múltiples ocasiones, huyendo del lugar de los allanamientos, ocultándose de sus domicilios habituales y manteniéndose en paradero desconocido durante un tiempo prolongado.
Además, afirmaron que el imputado, ha realizado maniobras jurídicas para aparentar legitimidad en operaciones ilícitas, lo que refleja su intención de evadir las consecuencias penales de sus actos.
“La prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia del imputado en el juicio, ya que su libertad representa un alto riesgo de fuga, considerando los antecedentes de ocultamiento y la gravedad de los hechos imputados. Asimismo, esta medida es proporcional y razonable para asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y la protección de los derechos de las víctimas”, aduce la instancia.