Santo Domingo, RD.-Las tres juezas que conocieron el caso Super Tucanos y cuyos imputados salieron libres, durante la presentación de la sentencia integra de su fallo, dijeron la razón por la que declararon no culpables a los acusados de sobornos admitidos por la empresa Embraer para la venta de los aviones, Pedro Rafael Pena Antonio, ex ministro de Defensa y Carlos Piccini Núnez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), cuyo expediente carecía de pruebas de las supuestas coimas.Nacionales
Se repite la misma deficiencia del Ministerio Público en caso Super Tucanos, según juezas que conocieron el proceso.
Santo Domingo, RD.-Las tres juezas que conocieron el caso Super Tucanos y cuyos imputados salieron libres, durante la presentación de la sentencia integra de su fallo, dijeron la razón por la que declararon no culpables a los acusados de sobornos admitidos por la empresa Embraer para la venta de los aviones, Pedro Rafael Pena Antonio, ex ministro de Defensa y Carlos Piccini Núnez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), cuyo expediente carecía de pruebas de las supuestas coimas.Estas motivaciones fueron expresadas al entender que el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes contra los involucrados.
Uno de los argumentos presentados fue que el compromiso de Peña Antonio y Carlos Piccini, aparentemente fue preparar el proyecto y presentarlo a Embraer como compañía idónea para la compra de los Super Tucano y de esta forma convencer a la autoridad pertinente de que esa era la empresa idónea.
Dicen que la persona a convencer era al presidente de la República (Leonel Fernández) para la firma del contrato; sin embargo, “quien tenía la facultad legal de presentar el proyecto al presidente, si lo entendía pertinente; no era Peña Antonio como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, si no que jerárquicamente hablando le correspondía al Secretario de las Fuerzas Armadas de entonces”.
Asimismo, establecen que conforme a la Constitución, luego de que el presidente manifestará interés en la compra, Peña Antonio como autor del delito, necesitaba la voluntad del Congreso para que aprobara la decisión del presidente de comprar los aviones Super Tucano.
Establecen que la posición que ocupaba Peña Antonio para el 2007, cuando se firma el contrato, era la de menor jerarquía en la línea de atribución; “no se ha presentado prueba de si a pesar de esto, Peña Antonio tenía contactos de influencia en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, que llevara al tribunal a determinar que Peña Antonio tuviera el poder de incidir en la toma de decisión del presidente y de los legisladores, para así agenciarse la confianza de Embraer en entregarle 3.5 millones de dólares.
“Cuando el ministerio público no presenta un esquema triangular para la realización del soborno; esto es, que haya sido desarrollado entre Fuerzas castrenses, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo; por el contrario, el Ministerio Público presentado al tribunal un esquema individual para la realización del delito de Peña Antonio asistiéndose de Carlos Piccini, para su propio beneficio; siendo así, resulta ilógico pensar que el dinero que se movió, a partir del 2009, haya sido para cumplir con lo realizado por Peña Antonio en 2007”, establece la sentencia integra.
En el caso de Carlos Piccini, establecieron que si bien se presentaron ciertos indicios, la prueba resultó insuficiente para aquilatarlos, con fuerza suficiente para convertirla en prueba plena que pueda enervar su presunción de inocencia, ya que no se pudo demostrar su intermediación como Business Group, S.A. y Magycorp, S.A.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Nacionales
MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
A través de un comunicado firmado por el ministro Sigmund Freund, el MAP aseguró que no habrá desvinculaciones inmediatas o masivas; ya que cada una de las instituciones que forman parte de este plan de mejora de la administración pública, iniciarán un proceso riguroso de evaluación interna para determinar los próximos pasos en materia de procesos y recursos humanos.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.