Santo Domingo, RD.-Las tres juezas que conocieron el caso Super Tucanos y cuyos imputados salieron libres, durante la presentación de la sentencia integra de su fallo, dijeron la razón por la que declararon no culpables a los acusados de sobornos admitidos por la empresa Embraer para la venta de los aviones, Pedro Rafael Pena Antonio, ex ministro de Defensa y Carlos Piccini Núnez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), cuyo expediente carecía de pruebas de las supuestas coimas.Nacionales
Se repite la misma deficiencia del Ministerio Público en caso Super Tucanos, según juezas que conocieron el proceso.
Santo Domingo, RD.-Las tres juezas que conocieron el caso Super Tucanos y cuyos imputados salieron libres, durante la presentación de la sentencia integra de su fallo, dijeron la razón por la que declararon no culpables a los acusados de sobornos admitidos por la empresa Embraer para la venta de los aviones, Pedro Rafael Pena Antonio, ex ministro de Defensa y Carlos Piccini Núnez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), cuyo expediente carecía de pruebas de las supuestas coimas.Estas motivaciones fueron expresadas al entender que el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes contra los involucrados.
Uno de los argumentos presentados fue que el compromiso de Peña Antonio y Carlos Piccini, aparentemente fue preparar el proyecto y presentarlo a Embraer como compañía idónea para la compra de los Super Tucano y de esta forma convencer a la autoridad pertinente de que esa era la empresa idónea.
Dicen que la persona a convencer era al presidente de la República (Leonel Fernández) para la firma del contrato; sin embargo, “quien tenía la facultad legal de presentar el proyecto al presidente, si lo entendía pertinente; no era Peña Antonio como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, si no que jerárquicamente hablando le correspondía al Secretario de las Fuerzas Armadas de entonces”.
Asimismo, establecen que conforme a la Constitución, luego de que el presidente manifestará interés en la compra, Peña Antonio como autor del delito, necesitaba la voluntad del Congreso para que aprobara la decisión del presidente de comprar los aviones Super Tucano.
Establecen que la posición que ocupaba Peña Antonio para el 2007, cuando se firma el contrato, era la de menor jerarquía en la línea de atribución; “no se ha presentado prueba de si a pesar de esto, Peña Antonio tenía contactos de influencia en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, que llevara al tribunal a determinar que Peña Antonio tuviera el poder de incidir en la toma de decisión del presidente y de los legisladores, para así agenciarse la confianza de Embraer en entregarle 3.5 millones de dólares.
“Cuando el ministerio público no presenta un esquema triangular para la realización del soborno; esto es, que haya sido desarrollado entre Fuerzas castrenses, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo; por el contrario, el Ministerio Público presentado al tribunal un esquema individual para la realización del delito de Peña Antonio asistiéndose de Carlos Piccini, para su propio beneficio; siendo así, resulta ilógico pensar que el dinero que se movió, a partir del 2009, haya sido para cumplir con lo realizado por Peña Antonio en 2007”, establece la sentencia integra.
En el caso de Carlos Piccini, establecieron que si bien se presentaron ciertos indicios, la prueba resultó insuficiente para aquilatarlos, con fuerza suficiente para convertirla en prueba plena que pueda enervar su presunción de inocencia, ya que no se pudo demostrar su intermediación como Business Group, S.A. y Magycorp, S.A.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.