Latinoamericanas
Jueza ratifica acuerdo de Perú con Odebrecht y entrega de dinero a la empresa
Agencia Efe
LIMA, Perú.- La decisión de una jueza peruana de autorizar la devolución de unos 158 millones de dólares a Odebrecht por la venta de una hidroeléctrica dejó la vía libre para la continuidad del acuerdo de colaboración suscrito entre la Fiscalía de Perú y la empresa brasileña.
El coordinador del equipo especial de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato en el país, Rafael Vela, confirmó este martes la orden judicial y dijo que se emitió como parte “de la ejecución del acuerdo” de colaboración suscrito en febrero pasado con Odebrecht, que incluye el pago de unos 366 millones de dólares en reparación civil e intereses al Estado peruano.
El exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata había señalado en septiembre pasado que la empresa no podía acceder a toda su información encriptada por estar afrontando problemas económicos y se quejó por el “incumplimiento” del Estado peruano en entregar el dinero reclamado por la venta de la hidroeléctrica.
EL RECLAMO DE ODEBRECHT
La empresa brasileña concretó en abril pasado la venta, por unos 1.400 millones de dólares, de la hidroeléctrica de Chaglla al consorcio China Three Gorges, un monto que en parte quedó retenido por el Estado como garantía para el pago de reparaciones civiles que en el futuro pudieran afectar a la empresa.
Odebrecht pidió recuperar ese dinero, una operación que generó gran polémica en la que incluso el presidente Martín Vizcarra manifestó su oposición a devolución por el “daño moral y ético” que Odebrecht causó a su país como agente corruptor que implicó a exgobernantes, políticos, empresarios y hasta juristas.
Sin embargo, tanto Rafael Vela como el fiscal José Domingo Pérez abogaron por el cumplimiento estricto del acuerdo con Odebrecht, que recogía el derecho de la empresa a recibir ese dinero, y dejaron constancia de que la empresa ha reconocido su culpabilidad en actos de corrupción cometidos en otros casos no contemplados inicialmente.
Esa posición fue respaldada por la procuraduría del Estado, que consideró que la entrega del dinero le permitiría a Odebrecht contar con recursos para continuar colaborando con la Justicia peruana.
LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
Aunque la jueza María de los Ángeles Álvarez emitió una resolución sobre la controversia el pasado 28 de octubre, esta solo se conoció este martes, cuando fue publicada por el diario El Comercio.
En su sentencia, la jueza determinó que el acuerdo con Odebrecht se debe ejecutar en los términos que fueron homologados en junio pasado por la Justicia peruana y con los beneficios que se dispuso para la empresa brasileña.
En ese sentido, Álvarez declaró improcedente una solicitud que presentó Odebrecht para que se pronuncie sobre el cumplimiento del acuerdo, ya que consideró que no existe controversia y este se mantiene vigente.
La jueza recordó que el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato, la Procuraduría del Estado y la empresa han mostrado consenso en que se debe entregar el saldo de la venta de Chaglla.
Señaló, además, que el mecanismo de colaboración “viene operando de modo eficiente”, al punto que ha permitido a la Fiscalía celebrar acuerdos preliminares con Odebrecht “por un total de cinco hechos nuevos donde la persona jurídica ha reconocido responsabilidad, encontrándose en la fase de corroboración”.
LAS CIFRAS DE LA VENTA
Vela precisó, por su parte, que aunque el monto a entregar fue estimado inicialmente en 524 millones de soles (unos 158 millones de dólares), se le deberá restar el porcentaje por reparación civil y los tributos pendientes con el Estado peruano.
“Nosotros no tenemos un cálculo preciso porque el fideicomiso legal está aún vigente, siempre van a existir retenciones de cualquier disposición patrimonial que tenga la empresa Odebrecht para asegurar los futuros pagos de las reparaciones civiles”, dijo en la emisora RPP Noticias.
El fiscal recordó, sin embargo, que tras la venta de la hidroeléctrica Odebrecht ya hizo “un pago muy importante” por obligaciones tributarias en Perú, cercano a los 450 millones de soles (unos 136 millones de dólares).
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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